En reiteradas ocasiones, el ahora expresidente de la República Santiago Peña Palacios fue consultado sobre sus vínculos con Ueno Bank y el conglomerado empresarial beneficiado negligentemente con millones de dólares provenientes de las arcas del Estado Paraguayo.
Sin embargo, la respuesta constante fue el ataque contra la prensa libre y, particularmente, contra el diario ABC Color.
Las defensas del Presidente
El acta de imputación presentada ayer por el Ministerio Público contra Peña y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo describe a un mandatario que “habría continuado respaldando públicamente” a la entidad bancaria ahora intervenida “pese a la existencia de informes técnicos que advertían sobre irregularidades”.
El 21 de octubre de 2024, consultado sobre la compra de bonos de Ueno por el Instituto de Previsión Social (IPS), Peña calificó las preguntas de “campaña mediática mezquina, mentirosa” para “defender los intereses económicos de un grupo, que se llama el grupo Zuccolillo”.
El 8 de abril de 2025, al ser consultado sobre su participación en Ueno Holding Saeca, denunció “una operación colosal de la manipulación de la información”.
La Fiscalía, en el acta de imputación de la causa 92/2026 sobre lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, registra tres de sus intervenciones como respaldo a Ueno.
Además de la de 2024, el 9 de octubre de 2026 lamentó que “un documento interno y secreto” apareciera “en la tapa de un medio de comunicación” y redujo el sumario a “un tema eminentemente técnico”.
El 27 de octubre, seis días antes de la resolución del banco según el acta, pidió “la calma, la prudencia” y afirmó que el BCP tenía “todas las herramientas legales” para supervisar.
El acta va más allá de las palabras y sostiene que Peña “habría mantenido reuniones” en su despacho con el entonces presidente del IPS, Jorge Brítez, el 22 y el 27 de agosto de 2024, y que 48 horas después de la segunda, el Consejo de Administración “habría aprobado” comprar bonos de Ueno por G. 250.000 millones a siete años.
Para los fiscales, Peña habría actuado “presuntamente incidiendo sobre autoridades” que debían proteger esos fondos.
El nexo directo con IPS
El 30 de julio de 2024, el director jurídico del instituto de Previsión Social (IPS), José “José’i” González Maldonado, dejó asentado en el acta del Consejo de Administración.
“En conversación con el Presidente de la República, compartí el dictamen con el Sr. Juan José Galeano, cubriendo así los aspectos políticos y jurídicos en caso de que se apruebe, dada la relevancia de la familia involucrada”, refiriéndose a un acuerdo “con quita” con el Consorcio Hotelero Sudamericano. El caso, aún ajeno a Ueno Bank, muestra el nexo directo del presidente con la gestión cotidiana de la entidad.
Según informes oficiales, los fondos estatales en la entidad financiera habrían alcanzado G. 3,6 billones y US$ 233,4 millones. La Fiscalía atribuye a Peña “reiteradas directivas e intervenciones públicas de respaldo institucional hacia Ueno Bank en pleno conocimiento de su insolvencia”, por lo cuál promovió la imputación y pidió su prisión preventiva.
Legisladores actuaban como “defensores”
Mientras los técnicos del BCP acumulaban alertas sobre Ueno Bank, legisladores oficialistas y aliados salieron a negar la crisis que afectaba a la entidad bancaria, a desacreditar a quienes advertían el riesgo y hasta a proponer castigos para los críticos.
“Yo no quiero ser culpable de una especie de terrorismo financiero siendo que no existe”, decía el 8 de octubre, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez y justificó no abrir el informe del BCP.
Ese mismo día, la senadora Lilian Samaniego aseguró que “el sistema financiero de Paraguay es fuerte y sólido” y que “hoy están poniendo en riesgo la imagen país con una disputa política”.
Al día siguiente, el diputado Rodrigo Gamarra pidió “debatir incluso penas más severas para quienes deliberadamente difunden falsedades capaces de provocar pánico financiero”, y en la misma línea, su colega Alejandro Aguilera anunció que iba a “reflotar el tratamiento de una ley contra el terrorismo financiero”.
Aguilera salió a hablar al menos cinco veces en un mes. El 27 de octubre, en plena sesión, insistió: “Quieren instalar una supuesta crisis que no existe” y “ni un solo banco en el Paraguay está al borde de la quiebra”. El 29 habló de “una narrativa muy fuerte que quiere crear el problema”.
Los elogios habían llegado antes. El 14 de julio, el senador Dionisio Amarilla dijo de Miguel Vázquez: “Yo hubiera querido tener la edad de Vázquez y estar en este momento, con la astucia, sapiencia y formación que tiene ese chico”. El cartista Javier Zacarías Irún sostuvo que “el crecimiento no es pecado ni tampoco es delito”. Y el liberal Eduardo Nakayama pidió el 9 de setiembre: “No podemos generar una crisis donde no existe”.
Ni la resolución del banco frenó a todos. El 5 de noviembre, el diputado Yamil Esgaib dijo de los ahorristas que protestaban que eran “gente un poco manejada por políticos”, porque “todos van a recuperar su dinero, todos, el 100%. Estoy segurísimo”.
De los premios a la imputación
Hace menos de un mes, el entonces titular del BCP, Carlos Carvallo Spalding, presidía en Bangkok la Junta de Gobernadores de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial y coleccionaba distinciones de la prensa financiera internacional.
El 16 de octubre, la revista Global Finance le asignó una nota “A” en su evaluación anual de banqueros centrales y describió a Paraguay como “un favorito de los inversores internacionales”, con un banco central que “funciona sin problemas”.
La noche del viernes 6 de noviembre se presentó con su abogado en el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, en Asunción, y quedó detenido por orden de la Fiscalía.
En reiteradas ocasiones, el ahora expresidente de la República Santiago Peña Palacios fue consultado sobre sus vínculos con Ueno Bank y el conglomerado empresarial beneficiado negligentemente con millones de dólares provenientes de las arcas del Estado Paraguayo. Sin embargo, la respuesta constante fue el ataque contra la prensa libre y, particularmente, contra el diario ABC Color. Las defensas del Presidente El acta de imputación presentada ayer por el Ministerio Público contra Peña y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo describe a un mandatario que “habría continuado respaldando públicamente” a la entidad bancaria ahora intervenida “pese a la existencia de informes técnicos que advertían sobre irregularidades”. El 21 de octubre de 2024, consultado sobre la compra de bonos de Ueno por el Instituto de Previsión Social (IPS), Peña calificó las preguntas de “campaña mediática mezquina, mentirosa” para “defender los intereses económicos de un grupo, que se llama el grupo Zuccolillo”. El 8 de abril de 2025, al ser consultado sobre su participación en Ueno Holding Saeca, denunció “una operación colosal de la manipulación de la información”. La Fiscalía, en el acta de imputación de la causa 92/2026 sobre lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, registra tres de sus intervenciones como respaldo a Ueno. Además de la de 2024, el 9 de octubre de 2026 lamentó que “un documento interno y secreto” apareciera “en la tapa de un medio de comunicación” y redujo el sumario a “un tema eminentemente técnico”. El 27 de octubre, seis días antes de la resolución del banco según el acta, pidió “la calma, la prudencia” y afirmó que el BCP tenía “todas las herramientas legales” para supervisar. El acta va más allá de las palabras y sostiene que Peña “habría mantenido reuniones” en su despacho con el entonces presidente del IPS, Jorge Brítez, el 22 y el 27 de agosto de 2024, y que 48 horas después de la segunda, el Consejo de Administración “habría aprobado” comprar bonos de Ueno por G. 250.000 millones a siete años. Para los fiscales, Peña habría actuado “presuntamente incidiendo sobre autoridades” que debían proteger esos fondos. El nexo directo con IPS El 30 de julio de 2024, el director jurídico del instituto de Previsión Social (IPS), José “José’i” González Maldonado, dejó asentado en el acta del Consejo de Administración. “En conversación con el Presidente de la República, compartí el dictamen con el Sr. Juan José Galeano, cubriendo así los aspectos políticos y jurídicos en caso de que se apruebe, dada la relevancia de la familia involucrada”, refiriéndose a un acuerdo “con quita” con el Consorcio Hotelero Sudamericano. El caso, aún ajeno a Ueno Bank, muestra el nexo directo del presidente con la gestión cotidiana de la entidad. Según informes oficiales, los fondos estatales en la entidad financiera habrían alcanzado G. 3,6 billones y US$ 233,4 millones. La Fiscalía atribuye a Peña “reiteradas directivas e intervenciones públicas de respaldo institucional hacia Ueno Bank en pleno conocimiento de su insolvencia”, por lo cuál promovió la imputación y pidió su prisión preventiva.Legisladores actuaban como “defensores” Mientras los técnicos del BCP acumulaban alertas sobre Ueno Bank, legisladores oficialistas y aliados salieron a negar la crisis que afectaba a la entidad bancaria, a desacreditar a quienes advertían el riesgo y hasta a proponer castigos para los críticos. “Yo no quiero ser culpable de una especie de terrorismo financiero siendo que no existe”, decía el 8 de octubre, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez y justificó no abrir el informe del BCP. Ese mismo día, la senadora Lilian Samaniego aseguró que “el sistema financiero de Paraguay es fuerte y sólido” y que “hoy están poniendo en riesgo la imagen país con una disputa política”. Al día siguiente, el diputado Rodrigo Gamarra pidió “debatir incluso penas más severas para quienes deliberadamente difunden falsedades capaces de provocar pánico financiero”, y en la misma línea, su colega Alejandro Aguilera anunció que iba a “reflotar el tratamiento de una ley contra el terrorismo financiero”. Aguilera salió a hablar al menos cinco veces en un mes. El 27 de octubre, en plena sesión, insistió: “Quieren instalar una supuesta crisis que no existe” y “ni un solo banco en el Paraguay está al borde de la quiebra”. El 29 habló de “una narrativa muy fuerte que quiere crear el problema”. Los elogios habían llegado antes. El 14 de julio, el senador Dionisio Amarilla dijo de Miguel Vázquez: “Yo hubiera querido tener la edad de Vázquez y estar en este momento, con la astucia, sapiencia y formación que tiene ese chico”. El cartista Javier Zacarías Irún sostuvo que “el crecimiento no es pecado ni tampoco es delito”. Y el liberal Eduardo Nakayama pidió el 9 de setiembre: “No podemos generar una crisis donde no existe”. Ni la resolución del banco frenó a todos. El 5 de noviembre, el diputado Yamil Esgaib dijo de los ahorristas que protestaban que eran “gente un poco manejada por políticos”, porque “todos van a recuperar su dinero, todos, el 100%. Estoy segurísimo”.De los premios a la imputación Hace menos de un mes, el entonces titular del BCP, Carlos Carvallo Spalding, presidía en Bangkok la Junta de Gobernadores de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial y coleccionaba distinciones de la prensa financiera internacional. El 16 de octubre, la revista Global Finance le asignó una nota “A” en su evaluación anual de banqueros centrales y describió a Paraguay como “un favorito de los inversores internacionales”, con un banco central que “funciona sin problemas”.La noche del viernes 6 de noviembre se presentó con su abogado en el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, en Asunción, y quedó detenido por orden de la Fiscalía.
En reiteradas ocasiones, el ahora expresidente de la República Santiago Peña Palacios fue consultado sobre sus vínculos con Ueno Bank y el conglomerado empresarial beneficiado negligentemente con millones de dólares provenientes de las arcas del Estado Paraguayo.
Sin embargo, la respuesta constante fue el ataque contra la prensa libre y, particularmente, contra el diario ABC Color.
Las defensas del Presidente
El acta de imputación presentada ayer por el Ministerio Público contra Peña y el expresidente del Banco Central del Paraguay (BCP) Carlos Carvallo describe a un mandatario que “habría continuado respaldando públicamente” a la entidad bancaria ahora intervenida “pese a la existencia de informes técnicos que advertían sobre irregularidades”.
El 21 de octubre de 2024, consultado sobre la compra de bonos de Ueno por el Instituto de Previsión Social (IPS), Peña calificó las preguntas de “campaña mediática mezquina, mentirosa” para “defender los intereses económicos de un grupo, que se llama el grupo Zuccolillo”.
El 8 de abril de 2025, al ser consultado sobre su participación en Ueno Holding Saeca, denunció “una operación colosal de la manipulación de la información”.
La Fiscalía, en el acta de imputación de la causa 92/2026 sobre lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, registra tres de sus intervenciones como respaldo a Ueno.
Además de la de 2024, el 9 de octubre de 2026 lamentó que “un documento interno y secreto” apareciera “en la tapa de un medio de comunicación” y redujo el sumario a “un tema eminentemente técnico”.
El 27 de octubre, seis días antes de la resolución del banco según el acta, pidió “la calma, la prudencia” y afirmó que el BCP tenía “todas las herramientas legales” para supervisar.
El acta va más allá de las palabras y sostiene que Peña “habría mantenido reuniones” en su despacho con el entonces presidente del IPS, Jorge Brítez, el 22 y el 27 de agosto de 2024, y que 48 horas después de la segunda, el Consejo de Administración “habría aprobado” comprar bonos de Ueno por G. 250.000 millones a siete años.
Para los fiscales, Peña habría actuado “presuntamente incidiendo sobre autoridades” que debían proteger esos fondos.
El nexo directo con IPS
El 30 de julio de 2024, el director jurídico del instituto de Previsión Social (IPS), José “José’i” González Maldonado, dejó asentado en el acta del Consejo de Administración.
“En conversación con el Presidente de la República, compartí el dictamen con el Sr. Juan José Galeano, cubriendo así los aspectos políticos y jurídicos en caso de que se apruebe, dada la relevancia de la familia involucrada”, refiriéndose a un acuerdo “con quita” con el Consorcio Hotelero Sudamericano. El caso, aún ajeno a Ueno Bank, muestra el nexo directo del presidente con la gestión cotidiana de la entidad.
Según informes oficiales, los fondos estatales en la entidad financiera habrían alcanzado G. 3,6 billones y US$ 233,4 millones. La Fiscalía atribuye a Peña “reiteradas directivas e intervenciones públicas de respaldo institucional hacia Ueno Bank en pleno conocimiento de su insolvencia”, por lo cuál promovió la imputación y pidió su prisión preventiva.
Legisladores actuaban como “defensores”
Mientras los técnicos del BCP acumulaban alertas sobre Ueno Bank, legisladores oficialistas y aliados salieron a negar la crisis que afectaba a la entidad bancaria, a desacreditar a quienes advertían el riesgo y hasta a proponer castigos para los críticos.
“Yo no quiero ser culpable de una especie de terrorismo financiero siendo que no existe”, decía el 8 de octubre, el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez y justificó no abrir el informe del BCP.
Ese mismo día, la senadora Lilian Samaniego aseguró que “el sistema financiero de Paraguay es fuerte y sólido” y que “hoy están poniendo en riesgo la imagen país con una disputa política”.
Al día siguiente, el diputado Rodrigo Gamarra pidió “debatir incluso penas más severas para quienes deliberadamente difunden falsedades capaces de provocar pánico financiero”, y en la misma línea, su colega Alejandro Aguilera anunció que iba a “reflotar el tratamiento de una ley contra el terrorismo financiero”.
Aguilera salió a hablar al menos cinco veces en un mes. El 27 de octubre, en plena sesión, insistió: “Quieren instalar una supuesta crisis que no existe” y “ni un solo banco en el Paraguay está al borde de la quiebra”. El 29 habló de “una narrativa muy fuerte que quiere crear el problema”.
Los elogios habían llegado antes. El 14 de julio, el senador Dionisio Amarilla dijo de Miguel Vázquez: “Yo hubiera querido tener la edad de Vázquez y estar en este momento, con la astucia, sapiencia y formación que tiene ese chico”. El cartista Javier Zacarías Irún sostuvo que “el crecimiento no es pecado ni tampoco es delito”. Y el liberal Eduardo Nakayama pidió el 9 de setiembre: “No podemos generar una crisis donde no existe”.
Ni la resolución del banco frenó a todos. El 5 de noviembre, el diputado Yamil Esgaib dijo de los ahorristas que protestaban que eran “gente un poco manejada por políticos”, porque “todos van a recuperar su dinero, todos, el 100%. Estoy segurísimo”.
De los premios a la imputación
Hace menos de un mes, el entonces titular del BCP, Carlos Carvallo Spalding, presidía en Bangkok la Junta de Gobernadores de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial y coleccionaba distinciones de la prensa financiera internacional.
El 16 de octubre, la revista Global Finance le asignó una nota “A” en su evaluación anual de banqueros centrales y describió a Paraguay como “un favorito de los inversores internacionales”, con un banco central que “funciona sin problemas”.
La noche del viernes 6 de noviembre se presentó con su abogado en el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, en Asunción, y quedó detenido por orden de la Fiscalía.
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