Es de recordar que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el 2 de noviembre de 2026 iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de comprobar que su Índice de Solvencia había descendido por debajo del 50% del mínimo requerido. La decisión adoptada, conforme a la Ley N.º 2334/03, contempla mecanismos para preservar activos, proteger a los depositantes y facilitar una salida ordenada de la entidad. El episodio adquirió una dimensión política mayor con la destitución de Santiago Peña, el 6 de noviembre, y la posterior asunción de Pedro Alliana, en un contexto de cuestionamientos sobre la supervisión bancaria y la colocación de recursos públicos.
Uno de los principales focos de preocupación corresponde a la exposición de fondos estatales. Las estimaciones disponibles señalan que aproximadamente US$ 850 millones, pertenecientes a entidades públicas, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), estarían comprometidos en Ueno Bank. A esto se suman interrogantes sobre la calidad de la cartera crediticia y las operaciones con empresas vinculadas, aspectos determinantes para establecer el valor recuperable de los activos y las eventuales pérdidas patrimoniales.
La exposición financiera, sin embargo, no equivale necesariamente a una pérdida definitiva. La recuperación dependerá del valor económico de los créditos, las inversiones y otros activos, además de los mecanismos que adopten las autoridades para atender las obligaciones pendientes. Esta distinción resulta fundamental para evaluar adecuadamente las consecuencias sobre las finanzas públicas y los fondos previsionales.
Desde una perspectiva económica, el problema central no se limita al tamaño de los recursos comprometidos. También importa la confianza que los agentes económicos depositan en las instituciones encargadas de supervisar y garantizar el funcionamiento del sistema financiero. La incertidumbre sobre la situación de una entidad puede modificar las decisiones de ahorro, inversión y financiamiento, especialmente cuando existen dudas sobre la transparencia de la información y la calidad de los controles.
En este contexto, la reputación financiera de Paraguay adquiere especial relevancia. El país logró avances importantes en su posicionamiento internacional, respaldados por la estabilidad macroeconómica, el manejo de las finanzas públicas y la obtención del Grado de Inversión. Moody’s Ratings ratificó, en julio de 2026, la calificación Baa3 con perspectiva estable, mientras que S&P Global Ratings había otorgado BBB- en diciembre de 2025. Ambas calificaciones representan un reconocimiento de la capacidad crediticia del país y favorecen su acceso a los mercados internacionales de capitales.
La buena imagen país constituye un activo económico porque influye directamente sobre el costo del financiamiento, la llegada de inversión extranjera y las condiciones de acceso al crédito. Un entorno institucional previsible y transparente puede reducir las primas de riesgo exigidas por los inversionistas. En cambio, una percepción de debilidad regulatoria o inestabilidad política puede elevar los rendimientos requeridos para adquirir deuda soberana y encarecer las operaciones financieras del sector público y privado.
Las primeras señales de cautela ya aparecieron en los mercados. Durante los últimos días de octubre y comienzos de noviembre, el dólar registró una apreciación significativa frente al guaraní, mientras que algunos bonos soberanos paraguayos experimentaron reducciones de precios. Aunque estos movimientos no pueden atribuirse exclusivamente al caso Ueno Bank, evidencian una mayor sensibilidad de los agentes económicos frente a los acontecimientos internos y al contexto financiero internacional.
En este escenario, Moody’s Ratings emitió el 6 de noviembre una evaluación que aporta elementos de tranquilidad. La calificadora no prevé un impacto inmediato sobre el perfil crediticio soberano de Paraguay, respaldado por sus fundamentos macroeconómicos y una Deuda Pública cercana al 38% del Producto Interno Bruto. No obstante, advirtió que los acontecimientos evidencian desafíos institucionales y de gobernanza que podrían afectar la confianza si la incertidumbre política y financiera se prolonga.
Esta evaluación permite distinguir entre la estabilidad de los indicadores macroeconómicos y los riesgos asociados al funcionamiento institucional. Un país puede mantener niveles relativamente sólidos de crecimiento, inflación y endeudamiento y, al mismo tiempo, enfrentar cuestionamientos sobre la calidad de sus mecanismos de supervisión y control. Ambos componentes influyen en la valoración que realizan los inversionistas internacionales.
Las consecuencias también pueden extenderse a la actividad económica interna. La inmovilización temporal de depósitos puede afectar la liquidez de empresas, proveedores y trabajadores independientes que dependen de esos recursos para cumplir sus obligaciones. Asimismo, un escenario prolongado de incertidumbre podría retrasar proyectos de inversión, modificar decisiones de consumo y aumentar la preferencia por activos considerados más seguros.
A nivel político, la transición presidencial agrega un componente adicional de atención. Si bien los mecanismos constitucionales permiten garantizar la continuidad institucional, la estabilidad de las políticas económicas, la independencia de los organismos de control y la transparencia de las investigaciones serán determinantes para recuperar la confianza.
Por tanto, el principal desafío para Paraguay consiste en evitar que una crisis bancaria particular y sus repercusiones políticas deriven en un deterioro persistente de las expectativas económicas. La recuperación de los recursos públicos y privados, la determinación de responsabilidades y la aplicación rigurosa de los mecanismos legales constituirán factores esenciales para reducir los costos de este episodio.
La experiencia también plantea la necesidad de fortalecer la supervisión financiera, la gestión de riesgos y los criterios de colocación de fondos públicos. La protección del ahorro y de los recursos previsionales requiere instituciones sólidas, información confiable y mecanismos de control capaces de identificar oportunamente situaciones de vulnerabilidad.
En definitiva, Paraguay enfrenta una prueba para su credibilidad económica e institucional. Los avances alcanzados en materia de estabilidad macroeconómica y calificación soberana constituyen una base importante, pero su sostenibilidad también depende de la calidad de las instituciones. Una resolución bancaria transparente, acompañada de una transición política ordenada y medidas que fortalezcan la supervisión, puede contribuir a preservar la imagen país y mantener la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales.
*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones
Es de recordar que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el 2 de noviembre de 2026 iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de comprobar que su Índice de Solvencia había descendido por debajo del 50% del mínimo requerido. La decisión adoptada, conforme a la Ley N.º 2334/03, contempla mecanismos para preservar activos, proteger a los depositantes y facilitar una salida ordenada de la entidad. El episodio adquirió una dimensión política mayor con la destitución de Santiago Peña, el 6 de noviembre, y la posterior asunción de Pedro Alliana, en un contexto de cuestionamientos sobre la supervisión bancaria y la colocación de recursos públicos. Uno de los principales focos de preocupación corresponde a la exposición de fondos estatales. Las estimaciones disponibles señalan que aproximadamente US$ 850 millones, pertenecientes a entidades públicas, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), estarían comprometidos en Ueno Bank. A esto se suman interrogantes sobre la calidad de la cartera crediticia y las operaciones con empresas vinculadas, aspectos determinantes para establecer el valor recuperable de los activos y las eventuales pérdidas patrimoniales. La exposición financiera, sin embargo, no equivale necesariamente a una pérdida definitiva. La recuperación dependerá del valor económico de los créditos, las inversiones y otros activos, además de los mecanismos que adopten las autoridades para atender las obligaciones pendientes. Esta distinción resulta fundamental para evaluar adecuadamente las consecuencias sobre las finanzas públicas y los fondos previsionales. Desde una perspectiva económica, el problema central no se limita al tamaño de los recursos comprometidos. También importa la confianza que los agentes económicos depositan en las instituciones encargadas de supervisar y garantizar el funcionamiento del sistema financiero. La incertidumbre sobre la situación de una entidad puede modificar las decisiones de ahorro, inversión y financiamiento, especialmente cuando existen dudas sobre la transparencia de la información y la calidad de los controles. En este contexto, la reputación financiera de Paraguay adquiere especial relevancia. El país logró avances importantes en su posicionamiento internacional, respaldados por la estabilidad macroeconómica, el manejo de las finanzas públicas y la obtención del Grado de Inversión. Moody’s Ratings ratificó, en julio de 2026, la calificación Baa3 con perspectiva estable, mientras que S&P Global Ratings había otorgado BBB- en diciembre de 2025. Ambas calificaciones representan un reconocimiento de la capacidad crediticia del país y favorecen su acceso a los mercados internacionales de capitales. La buena imagen país constituye un activo económico porque influye directamente sobre el costo del financiamiento, la llegada de inversión extranjera y las condiciones de acceso al crédito. Un entorno institucional previsible y transparente puede reducir las primas de riesgo exigidas por los inversionistas. En cambio, una percepción de debilidad regulatoria o inestabilidad política puede elevar los rendimientos requeridos para adquirir deuda soberana y encarecer las operaciones financieras del sector público y privado. Las primeras señales de cautela ya aparecieron en los mercados. Durante los últimos días de octubre y comienzos de noviembre, el dólar registró una apreciación significativa frente al guaraní, mientras que algunos bonos soberanos paraguayos experimentaron reducciones de precios. Aunque estos movimientos no pueden atribuirse exclusivamente al caso Ueno Bank, evidencian una mayor sensibilidad de los agentes económicos frente a los acontecimientos internos y al contexto financiero internacional.En este escenario, Moody’s Ratings emitió el 6 de noviembre una evaluación que aporta elementos de tranquilidad. La calificadora no prevé un impacto inmediato sobre el perfil crediticio soberano de Paraguay, respaldado por sus fundamentos macroeconómicos y una Deuda Pública cercana al 38% del Producto Interno Bruto. No obstante, advirtió que los acontecimientos evidencian desafíos institucionales y de gobernanza que podrían afectar la confianza si la incertidumbre política y financiera se prolonga.Esta evaluación permite distinguir entre la estabilidad de los indicadores macroeconómicos y los riesgos asociados al funcionamiento institucional. Un país puede mantener niveles relativamente sólidos de crecimiento, inflación y endeudamiento y, al mismo tiempo, enfrentar cuestionamientos sobre la calidad de sus mecanismos de supervisión y control. Ambos componentes influyen en la valoración que realizan los inversionistas internacionales.Las consecuencias también pueden extenderse a la actividad económica interna. La inmovilización temporal de depósitos puede afectar la liquidez de empresas, proveedores y trabajadores independientes que dependen de esos recursos para cumplir sus obligaciones. Asimismo, un escenario prolongado de incertidumbre podría retrasar proyectos de inversión, modificar decisiones de consumo y aumentar la preferencia por activos considerados más seguros.A nivel político, la transición presidencial agrega un componente adicional de atención. Si bien los mecanismos constitucionales permiten garantizar la continuidad institucional, la estabilidad de las políticas económicas, la independencia de los organismos de control y la transparencia de las investigaciones serán determinantes para recuperar la confianza.Por tanto, el principal desafío para Paraguay consiste en evitar que una crisis bancaria particular y sus repercusiones políticas deriven en un deterioro persistente de las expectativas económicas. La recuperación de los recursos públicos y privados, la determinación de responsabilidades y la aplicación rigurosa de los mecanismos legales constituirán factores esenciales para reducir los costos de este episodio.La experiencia también plantea la necesidad de fortalecer la supervisión financiera, la gestión de riesgos y los criterios de colocación de fondos públicos. La protección del ahorro y de los recursos previsionales requiere instituciones sólidas, información confiable y mecanismos de control capaces de identificar oportunamente situaciones de vulnerabilidad.En definitiva, Paraguay enfrenta una prueba para su credibilidad económica e institucional. Los avances alcanzados en materia de estabilidad macroeconómica y calificación soberana constituyen una base importante, pero su sostenibilidad también depende de la calidad de las instituciones. Una resolución bancaria transparente, acompañada de una transición política ordenada y medidas que fortalezcan la supervisión, puede contribuir a preservar la imagen país y mantener la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales.*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones
Es de recordar que el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el 2 de noviembre de 2026 iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, después de comprobar que su Índice de Solvencia había descendido por debajo del 50% del mínimo requerido. La decisión adoptada, conforme a la Ley N.º 2334/03, contempla mecanismos para preservar activos, proteger a los depositantes y facilitar una salida ordenada de la entidad. El episodio adquirió una dimensión política mayor con la destitución de Santiago Peña, el 6 de noviembre, y la posterior asunción de Pedro Alliana, en un contexto de cuestionamientos sobre la supervisión bancaria y la colocación de recursos públicos.
Uno de los principales focos de preocupación corresponde a la exposición de fondos estatales. Las estimaciones disponibles señalan que aproximadamente US$ 850 millones, pertenecientes a entidades públicas, incluidos recursos del Instituto de Previsión Social (IPS), estarían comprometidos en Ueno Bank. A esto se suman interrogantes sobre la calidad de la cartera crediticia y las operaciones con empresas vinculadas, aspectos determinantes para establecer el valor recuperable de los activos y las eventuales pérdidas patrimoniales.
La exposición financiera, sin embargo, no equivale necesariamente a una pérdida definitiva. La recuperación dependerá del valor económico de los créditos, las inversiones y otros activos, además de los mecanismos que adopten las autoridades para atender las obligaciones pendientes. Esta distinción resulta fundamental para evaluar adecuadamente las consecuencias sobre las finanzas públicas y los fondos previsionales.
Desde una perspectiva económica, el problema central no se limita al tamaño de los recursos comprometidos. También importa la confianza que los agentes económicos depositan en las instituciones encargadas de supervisar y garantizar el funcionamiento del sistema financiero. La incertidumbre sobre la situación de una entidad puede modificar las decisiones de ahorro, inversión y financiamiento, especialmente cuando existen dudas sobre la transparencia de la información y la calidad de los controles.
En este contexto, la reputación financiera de Paraguay adquiere especial relevancia. El país logró avances importantes en su posicionamiento internacional, respaldados por la estabilidad macroeconómica, el manejo de las finanzas públicas y la obtención del Grado de Inversión. Moody’s Ratings ratificó, en julio de 2026, la calificación Baa3 con perspectiva estable, mientras que S&P Global Ratings había otorgado BBB- en diciembre de 2025. Ambas calificaciones representan un reconocimiento de la capacidad crediticia del país y favorecen su acceso a los mercados internacionales de capitales.
La buena imagen país constituye un activo económico porque influye directamente sobre el costo del financiamiento, la llegada de inversión extranjera y las condiciones de acceso al crédito. Un entorno institucional previsible y transparente puede reducir las primas de riesgo exigidas por los inversionistas. En cambio, una percepción de debilidad regulatoria o inestabilidad política puede elevar los rendimientos requeridos para adquirir deuda soberana y encarecer las operaciones financieras del sector público y privado.
Las primeras señales de cautela ya aparecieron en los mercados. Durante los últimos días de octubre y comienzos de noviembre, el dólar registró una apreciación significativa frente al guaraní, mientras que algunos bonos soberanos paraguayos experimentaron reducciones de precios. Aunque estos movimientos no pueden atribuirse exclusivamente al caso Ueno Bank, evidencian una mayor sensibilidad de los agentes económicos frente a los acontecimientos internos y al contexto financiero internacional.
En este escenario, Moody’s Ratings emitió el 6 de noviembre una evaluación que aporta elementos de tranquilidad. La calificadora no prevé un impacto inmediato sobre el perfil crediticio soberano de Paraguay, respaldado por sus fundamentos macroeconómicos y una Deuda Pública cercana al 38% del Producto Interno Bruto. No obstante, advirtió que los acontecimientos evidencian desafíos institucionales y de gobernanza que podrían afectar la confianza si la incertidumbre política y financiera se prolonga.
Esta evaluación permite distinguir entre la estabilidad de los indicadores macroeconómicos y los riesgos asociados al funcionamiento institucional. Un país puede mantener niveles relativamente sólidos de crecimiento, inflación y endeudamiento y, al mismo tiempo, enfrentar cuestionamientos sobre la calidad de sus mecanismos de supervisión y control. Ambos componentes influyen en la valoración que realizan los inversionistas internacionales.
Las consecuencias también pueden extenderse a la actividad económica interna. La inmovilización temporal de depósitos puede afectar la liquidez de empresas, proveedores y trabajadores independientes que dependen de esos recursos para cumplir sus obligaciones. Asimismo, un escenario prolongado de incertidumbre podría retrasar proyectos de inversión, modificar decisiones de consumo y aumentar la preferencia por activos considerados más seguros.
A nivel político, la transición presidencial agrega un componente adicional de atención. Si bien los mecanismos constitucionales permiten garantizar la continuidad institucional, la estabilidad de las políticas económicas, la independencia de los organismos de control y la transparencia de las investigaciones serán determinantes para recuperar la confianza.
Por tanto, el principal desafío para Paraguay consiste en evitar que una crisis bancaria particular y sus repercusiones políticas deriven en un deterioro persistente de las expectativas económicas. La recuperación de los recursos públicos y privados, la determinación de responsabilidades y la aplicación rigurosa de los mecanismos legales constituirán factores esenciales para reducir los costos de este episodio.
La experiencia también plantea la necesidad de fortalecer la supervisión financiera, la gestión de riesgos y los criterios de colocación de fondos públicos. La protección del ahorro y de los recursos previsionales requiere instituciones sólidas, información confiable y mecanismos de control capaces de identificar oportunamente situaciones de vulnerabilidad.
En definitiva, Paraguay enfrenta una prueba para su credibilidad económica e institucional. Los avances alcanzados en materia de estabilidad macroeconómica y calificación soberana constituyen una base importante, pero su sostenibilidad también depende de la calidad de las instituciones. Una resolución bancaria transparente, acompañada de una transición política ordenada y medidas que fortalezcan la supervisión, puede contribuir a preservar la imagen país y mantener la confianza de los inversionistas nacionales e internacionales.
*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones
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