Fredy Guzmán Martínez Báez, proveedor vinculado a la empresa SERVMAQ y uno de los procesados en la causa que investiga un supuesto perjuicio patrimonial de G. 757.166.276 durante la administración del exintendente Miguel Prieto, reconoció los hechos que le atribuye el Ministerio Público y colaboró con la investigación.
La Fiscalía solicitó para Guzmán Martínez Báez y Sonia Raquel Barrios Ramírez la abreviación del plazo de investigación y la suspensión condicional del procedimiento, luego de valorar la colaboración efectiva prestada por ambos dentro de la causa por supuesta lesión de confianza.
El caso vuelve a golpear políticamente a Miguel Prieto, actual precandidato a la Presidencia de la República, debido a que los hechos investigados corresponden directamente al periodo en que administraba la Municipalidad de Ciudad del Este.
Según la imputación fiscal, Fredy Guzmán Martínez Báez actuaba como proveedor del Consejo Local de Salud y su empresa SERVMAQ habría recibido recursos municipales para la realización de obras en el Hospital Regional de Ciudad del Este.
La investigación sostiene que existió una importante diferencia entre los montos pagados por el Consejo Local de Salud y el valor real de las obras que finalmente fueron ejecutadas por las firmas SERVMAQ y M&M. La diferencia detectada por los investigadores asciende exactamente a G. 757.166.276, monto señalado como supuesto perjuicio patrimonial causado a las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Las obras investigadas fueron desarrolladas entre diciembre de 2019 y agosto de 2022, durante la administración de Prieto, y forman parte de una de las causas judiciales que actualmente pesan sobre su antigua gestión municipal.
En el caso de Sonia Raquel Barrios Ramírez, entonces directora de Desarrollo Social de la Municipalidad, la Fiscalía sostiene que entre el 28 y el 30 de diciembre de 2021 habría solicitado transferencias municipales a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional.
Con Guzmán y Barrios ya suman seis de los once imputados que accedieron o fueron propuestos para salidas alternativas después de colaborar con el Ministerio Público. Anteriormente también fueron beneficiados o accedieron a medidas similares Salem Esgaib Zugaib, extesorero del Consejo Local de Salud; Hugo Benítez Vázquez, entonces vicepresidente del organismo; y Lucía Elizabeth Lisboa de Torales, quien se desempeñaba como secretaria.
El reconocimiento de los hechos por parte de personas directamente vinculadas a la ejecución y administración de los recursos investigados agrega un nuevo elemento de peso a una causa que continúa comprometiendo la gestión de Miguel Prieto y que adquiere todavía mayor relevancia ante sus aspiraciones presidenciales.
Fredy Guzmán Martínez Báez, proveedor vinculado a la empresa SERVMAQ y uno de los procesados en la causa que investiga un supuesto perjuicio patrimonial de G. 757.166.276 durante la administración del exintendente Miguel Prieto, reconoció los hechos que le atribuye el Ministerio Público y colaboró con la investigación. La Fiscalía solicitó para Guzmán Martínez Báez
Fredy Guzmán Martínez Báez, proveedor vinculado a la empresa SERVMAQ y uno de los procesados en la causa que investiga un supuesto perjuicio patrimonial de G. 757.166.276 durante la administración del exintendente Miguel Prieto, reconoció los hechos que le atribuye el Ministerio Público y colaboró con la investigación.
La Fiscalía solicitó para Guzmán Martínez Báez y Sonia Raquel Barrios Ramírez la abreviación del plazo de investigación y la suspensión condicional del procedimiento, luego de valorar la colaboración efectiva prestada por ambos dentro de la causa por supuesta lesión de confianza.
El caso vuelve a golpear políticamente a Miguel Prieto, actual precandidato a la Presidencia de la República, debido a que los hechos investigados corresponden directamente al periodo en que administraba la Municipalidad de Ciudad del Este.
Según la imputación fiscal, Fredy Guzmán Martínez Báez actuaba como proveedor del Consejo Local de Salud y su empresa SERVMAQ habría recibido recursos municipales para la realización de obras en el Hospital Regional de Ciudad del Este.
La investigación sostiene que existió una importante diferencia entre los montos pagados por el Consejo Local de Salud y el valor real de las obras que finalmente fueron ejecutadas por las firmas SERVMAQ y M&M. La diferencia detectada por los investigadores asciende exactamente a G. 757.166.276, monto señalado como supuesto perjuicio patrimonial causado a las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este.
Las obras investigadas fueron desarrolladas entre diciembre de 2019 y agosto de 2022, durante la administración de Prieto, y forman parte de una de las causas judiciales que actualmente pesan sobre su antigua gestión municipal.
En el caso de Sonia Raquel Barrios Ramírez, entonces directora de Desarrollo Social de la Municipalidad, la Fiscalía sostiene que entre el 28 y el 30 de diciembre de 2021 habría solicitado transferencias municipales a favor del Consejo Local de Salud del Hospital Regional.
Con Guzmán y Barrios ya suman seis de los once imputados que accedieron o fueron propuestos para salidas alternativas después de colaborar con el Ministerio Público. Anteriormente también fueron beneficiados o accedieron a medidas similares Salem Esgaib Zugaib, extesorero del Consejo Local de Salud; Hugo Benítez Vázquez, entonces vicepresidente del organismo; y Lucía Elizabeth Lisboa de Torales, quien se desempeñaba como secretaria.
El reconocimiento de los hechos por parte de personas directamente vinculadas a la ejecución y administración de los recursos investigados agrega un nuevo elemento de peso a una causa que continúa comprometiendo la gestión de Miguel Prieto y que adquiere todavía mayor relevancia ante sus aspiraciones presidenciales.
Recomendados
Política – Diario TNPRESS
