Desde Ciudad del Este, el funcionario público Jaime Eleuterio Bolla Barreto se ha consolidado como una figura central en supuestos esquemas paralelos de recaudación. Según denuncias reiteradas y sistemáticas, este jefe de Resguardo ha sido señalado múltiples veces por liderar millonarias redes de coimas en la Gerencia General de Aduanas (GGA).
Ingresó a la institución hacia mediados de los años noventa y, de acuerdo con datos que se atribuyen a la Secretaría de la Función Pública (SFP), percibe un sueldo de G. 16.289.200. Con ese ingreso oficial de un simple funcionario público, sin embargo, ha sido descrito como un “mago de las finanzas”: alguien que amasó un patrimonio familiar y un “imperio” imposible de explicar solo con el salario. Artículos de la época lo acusan de haber ocupado cargos como jefe de Visturía y subadministrador, siempre “por detrás” pero acumulando mucho más que sus superiores aparentes.
Bolla es sindicado como supuesto recaudador en la zona fronteriza para políticos esteños. En particular, se lo vincula de manera estrecha con Elio Cabral, exdiputado y exadministrador de Aduanas, a quien varios reportes presentan como su “protector” o “padrino”. Ambos habrían sido investigados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Además es señalado como pieza del esquema político del clan Zacarías y otros dirigentes colorados de Alto Paraná, con protección que le habría permitido mantenerse en el cargo pese a las denuncias.
El patrón descrito es recurrente: coimas diarias o semanales a paseros y contrabandistas, y un flujo de dinero que alimentaría tanto bolsillos personales como estructuras políticas. Mientras el Estado paraguayo pierde recaudación legítima, este funcionario de carrera —además de seccionalero colorado— habría convertido su puesto en una máquina de acumulación. La impunidad es el otro rasgo destacado en las publicaciones: a pesar de las señalamientos, no hubo remoción efectiva ni esclarecimiento público contundente en los años de las denuncias.
El caso de Bolla ilustra una dinámica conocida en la Triple Frontera: un funcionario de rango intermedio que, protegido por el poder de turno, transforma el control aduanero en fuente de fortuna personal y capital político. Las acusaciones de corrupción aduanera y de recaudación paralela siguen sin una respuesta institucional definitiva que las desmienta o las procese hasta sus últimas consecuencias. Mientras tanto, el “mago de las finanzas” de la frontera esteña continúa siendo, según esos reportes, un símbolo de cómo un sueldo público puede convertirse en el punto de partida de un patrimonio opaco.
Desde Ciudad del Este, el funcionario público Jaime Eleuterio Bolla Barreto se ha consolidado como una figura central en supuestos esquemas paralelos de recaudación. Según denuncias reiteradas y sistemáticas, este jefe de Resguardo ha sido señalado múltiples veces por liderar millonarias redes de coimas en la Gerencia General de Aduanas (GGA). Ingresó a la institución
Desde Ciudad del Este, el funcionario público Jaime Eleuterio Bolla Barreto se ha consolidado como una figura central en supuestos esquemas paralelos de recaudación. Según denuncias reiteradas y sistemáticas, este jefe de Resguardo ha sido señalado múltiples veces por liderar millonarias redes de coimas en la Gerencia General de Aduanas (GGA).
Ingresó a la institución hacia mediados de los años noventa y, de acuerdo con datos que se atribuyen a la Secretaría de la Función Pública (SFP), percibe un sueldo de G. 16.289.200. Con ese ingreso oficial de un simple funcionario público, sin embargo, ha sido descrito como un “mago de las finanzas”: alguien que amasó un patrimonio familiar y un “imperio” imposible de explicar solo con el salario. Artículos de la época lo acusan de haber ocupado cargos como jefe de Visturía y subadministrador, siempre “por detrás” pero acumulando mucho más que sus superiores aparentes.
Bolla es sindicado como supuesto recaudador en la zona fronteriza para políticos esteños. En particular, se lo vincula de manera estrecha con Elio Cabral, exdiputado y exadministrador de Aduanas, a quien varios reportes presentan como su “protector” o “padrino”. Ambos habrían sido investigados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Además es señalado como pieza del esquema político del clan Zacarías y otros dirigentes colorados de Alto Paraná, con protección que le habría permitido mantenerse en el cargo pese a las denuncias.
El patrón descrito es recurrente: coimas diarias o semanales a paseros y contrabandistas, y un flujo de dinero que alimentaría tanto bolsillos personales como estructuras políticas. Mientras el Estado paraguayo pierde recaudación legítima, este funcionario de carrera —además de seccionalero colorado— habría convertido su puesto en una máquina de acumulación. La impunidad es el otro rasgo destacado en las publicaciones: a pesar de las señalamientos, no hubo remoción efectiva ni esclarecimiento público contundente en los años de las denuncias.
El caso de Bolla ilustra una dinámica conocida en la Triple Frontera: un funcionario de rango intermedio que, protegido por el poder de turno, transforma el control aduanero en fuente de fortuna personal y capital político. Las acusaciones de corrupción aduanera y de recaudación paralela siguen sin una respuesta institucional definitiva que las desmienta o las procese hasta sus últimas consecuencias. Mientras tanto, el “mago de las finanzas” de la frontera esteña continúa siendo, según esos reportes, un símbolo de cómo un sueldo público puede convertirse en el punto de partida de un patrimonio opaco.
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Política – Diario TNPRESS
