Según lo expuesto en el documento oficial, la administración de la telefónica estatal habría efectuado pagos bajo la modalidad de “terminación de contrato por mutuo consentimiento” a favor de funcionarios que ya se encontraban en proceso de jubilación o que contaban con todos los requisitos para acceder a ella a través del Instituto de Previsión Social (IPS).
Postergan plan de “canilla libre” para reubicar a funcionarios de Copaco
Esta práctica contravendría la propia reglamentación interna de COPACO S.A., la cual limita este beneficio a trabajadores de entre 54 y 59 años de edad con un mínimo de 20 años de antigüedad.
Por ende, en la presentación, realizada por el gremio de trabajadores bajo el patrocinio del abogado Fabián Delvalle Ríos, se solicita la apertura inmediata de una investigación penal para esclarecer una serie de desembolsos irregulares dentro de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.
Diputados prevé tratar proyecto que plantea reubicar sin concurso a funcionarios de Copaco
Casos señalados y perjuicio patrimonial
Entre las irregularidades detalladas figura el caso de Jorge Manuel Aveiro Verlangeri, quien tramitó su jubilación ordinaria ante el IPS el 19 de junio de 2026 y, pocos días después, el 23 de junio del mismo año, percibió la suma de G. 91.648.480 en concepto de retiro voluntario.
La denuncia también menciona otros cobros bajo el mismo esquema por parte de personal en edad de jubilarse:
- Sonia Esperanza Núñez de Leguizamón (60 años de edad, 40 años de antigüedad): percibió G. 74.528.000.
- Yolanda Tank Ocampos (67 años de edad, 21 años de antigüedad): percibió G. 24.352.003.
- Mirian Fidelina Miranda (60 años de edad, 38 años de antigüedad): percibió G. 72.473.600.
Desde el gremio enfatizan que otorgar compensaciones económicas por desvinculación a quienes ya tienen derecho a la jubilación ordinaria representa un contrasentido y ocasiona una pérdida económica injustificada para la entidad pública.
Daño a los trabajadores y pedido de investigación
La acción penal destaca la gravedad de estos hechos en un contexto financiero crítico para la compañía. SINTRACO señala que la patronal arrastra una mora continua de dos meses en el pago de salarios al personal desde hace aproximadamente dos años, evidenciando una falta de liquidez que contrasta con los multimillonarios desembolsos otorgados de manera selectiva.
Finalmente, la representación sindical requirió al Agente Fiscal interviniente que ordene los informes correspondientes tanto al IPS como a COPACO S.A. para determinar la responsabilidad del Directorio de la empresa —estamento que debió aprobar las resoluciones y actas de sesión para dichos pagos— y aplicar las sanciones contempladas en la legislación penal.
La denuncia fue recepcionada oficialmente en la sede fiscal por la asistente Elena Astorga Verza el 18 de agosto de 2026 a las 10:40 horas.
Según lo expuesto en el documento oficial, la administración de la telefónica estatal habría efectuado pagos bajo la modalidad de “terminación de contrato por mutuo consentimiento” a favor de funcionarios que ya se encontraban en proceso de jubilación o que contaban con todos los requisitos para acceder a ella a través del Instituto de Previsión Social (IPS).Postergan plan de “canilla libre” para reubicar a funcionarios de CopacoEsta práctica contravendría la propia reglamentación interna de COPACO S.A., la cual limita este beneficio a trabajadores de entre 54 y 59 años de edad con un mínimo de 20 años de antigüedad.Por ende, en la presentación, realizada por el gremio de trabajadores bajo el patrocinio del abogado Fabián Delvalle Ríos, se solicita la apertura inmediata de una investigación penal para esclarecer una serie de desembolsos irregulares dentro de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.Diputados prevé tratar proyecto que plantea reubicar sin concurso a funcionarios de CopacoCasos señalados y perjuicio patrimonialEntre las irregularidades detalladas figura el caso de Jorge Manuel Aveiro Verlangeri, quien tramitó su jubilación ordinaria ante el IPS el 19 de junio de 2026 y, pocos días después, el 23 de junio del mismo año, percibió la suma de G. 91.648.480 en concepto de retiro voluntario.La denuncia también menciona otros cobros bajo el mismo esquema por parte de personal en edad de jubilarse:Sonia Esperanza Núñez de Leguizamón (60 años de edad, 40 años de antigüedad): percibió G. 74.528.000.Yolanda Tank Ocampos (67 años de edad, 21 años de antigüedad): percibió G. 24.352.003.Mirian Fidelina Miranda (60 años de edad, 38 años de antigüedad): percibió G. 72.473.600.Desde el gremio enfatizan que otorgar compensaciones económicas por desvinculación a quienes ya tienen derecho a la jubilación ordinaria representa un contrasentido y ocasiona una pérdida económica injustificada para la entidad pública.Daño a los trabajadores y pedido de investigaciónLa acción penal destaca la gravedad de estos hechos en un contexto financiero crítico para la compañía. SINTRACO señala que la patronal arrastra una mora continua de dos meses en el pago de salarios al personal desde hace aproximadamente dos años, evidenciando una falta de liquidez que contrasta con los multimillonarios desembolsos otorgados de manera selectiva.Finalmente, la representación sindical requirió al Agente Fiscal interviniente que ordene los informes correspondientes tanto al IPS como a COPACO S.A. para determinar la responsabilidad del Directorio de la empresa —estamento que debió aprobar las resoluciones y actas de sesión para dichos pagos— y aplicar las sanciones contempladas en la legislación penal.La denuncia fue recepcionada oficialmente en la sede fiscal por la asistente Elena Astorga Verza el 18 de agosto de 2026 a las 10:40 horas.
18 de agosto de 2026 a la – 18:56
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (SINTRACO) presentó una denuncia penal ante el Ministerio Público contra personas innominadas por la supuesta comisión de los delitos de lesión de confianza y otros hechos punibles.
Según lo expuesto en el documento oficial, la administración de la telefónica estatal habría efectuado pagos bajo la modalidad de “terminación de contrato por mutuo consentimiento” a favor de funcionarios que ya se encontraban en proceso de jubilación o que contaban con todos los requisitos para acceder a ella a través del Instituto de Previsión Social (IPS).
Lea más: Postergan plan de “canilla libre” para reubicar a funcionarios de Copaco
Esta práctica contravendría la propia reglamentación interna de COPACO S.A., la cual limita este beneficio a trabajadores de entre 54 y 59 años de edad con un mínimo de 20 años de antigüedad.
Por ende, en la presentación, realizada por el gremio de trabajadores bajo el patrocinio del abogado Fabián Delvalle Ríos, se solicita la apertura inmediata de una investigación penal para esclarecer una serie de desembolsos irregulares dentro de la Compañía Paraguaya de Comunicaciones S.A.
Lea más: Diputados prevé tratar proyecto que plantea reubicar sin concurso a funcionarios de Copaco
Casos señalados y perjuicio patrimonial
Entre las irregularidades detalladas figura el caso de Jorge Manuel Aveiro Verlangeri, quien tramitó su jubilación ordinaria ante el IPS el 19 de junio de 2026 y, pocos días después, el 23 de junio del mismo año, percibió la suma de G. 91.648.480 en concepto de retiro voluntario.
La denuncia también menciona otros cobros bajo el mismo esquema por parte de personal en edad de jubilarse:
- Sonia Esperanza Núñez de Leguizamón (60 años de edad, 40 años de antigüedad): percibió G. 74.528.000.
- Yolanda Tank Ocampos (67 años de edad, 21 años de antigüedad): percibió G. 24.352.003.
- Mirian Fidelina Miranda (60 años de edad, 38 años de antigüedad): percibió G. 72.473.600.
Desde el gremio enfatizan que otorgar compensaciones económicas por desvinculación a quienes ya tienen derecho a la jubilación ordinaria representa un contrasentido y ocasiona una pérdida económica injustificada para la entidad pública.
Daño a los trabajadores y pedido de investigación
La acción penal destaca la gravedad de estos hechos en un contexto financiero crítico para la compañía. SINTRACO señala que la patronal arrastra una mora continua de dos meses en el pago de salarios al personal desde hace aproximadamente dos años, evidenciando una falta de liquidez que contrasta con los multimillonarios desembolsos otorgados de manera selectiva.
Finalmente, la representación sindical requirió al Agente Fiscal interviniente que ordene los informes correspondientes tanto al IPS como a COPACO S.A. para determinar la responsabilidad del Directorio de la empresa —estamento que debió aprobar las resoluciones y actas de sesión para dichos pagos— y aplicar las sanciones contempladas en la legislación penal.
La denuncia fue recepcionada oficialmente en la sede fiscal por la asistente Elena Astorga Verza el 18 de agosto de 2026 a las 10:40 horas.
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