Las declaraciones surgen tras la publicación de nuestro diario, en la que se informa que IPS paga hasta G. 9,5 millones mensuales por cada personal de limpieza contratado mediante tercerización. Al respecto, Cáceres manifestó que este sistema constituye una forma encubierta de perjudicar económicamente a la previsional, mediante contratos que favorecen a empresas privadas.
Ayolas: Hospital Integrado enfrenta falta de medicamentos para enfermedades respiratorias
“Es evidente que los directivos de la previsional podrían estar involucrados en el tema, porque no puede ser que cantidad de millones, incluso de dólares, se gasten en contrataciones de empresas de limpieza y seguridad; este es el negocio más grande que se tiene dentro del IPS y de otras instituciones con los servicios de limpieza”, expresó.
Proceso judicial
Al mismo tiempo, mencionó que lleva adelante un caso judicial contra una de las empresas que estaría vinculada al IPS. Según explicó, la firma hace firmar a sus trabajadores documentos en que figura el cobro de salarios superiores al mínimo legal vigente (G. 2.899.048); sin embargo, al momento de la transferencia, solamente se les desembolsa G. 1.200.000, monto muy inferior al salario mínimo.
“Como representante legal de cuatro trabajadoras del IPS Ayolas presenté una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral, el cual no hizo lugar a la demanda, por lo que se apeló la sentencia definitiva y actualmente la definición se encuentra en la Cámara de Apelaciónes”, indicó.
Cáceres anunció además que, en caso de que la Cámara de Apelaciones rechace el recurso presentado, impulsará una denuncia ante el Ministerio Público. Indicó que se trata de una situación que debe ser investigada para identificar a los responsables de un esquema que, según denunció, permite adjudicar licitaciones a empresas presuntamente vinculadas al entorno del consejo de IPS para posteriormente concretar millonarios negociados.
Ayolas: la ruta PY20 presenta un estado critico y urge intervención del MOPC
Las declaraciones surgen tras la publicación de nuestro diario, en la que se informa que IPS paga hasta G. 9,5 millones mensuales por cada personal de limpieza contratado mediante tercerización. Al respecto, Cáceres manifestó que este sistema constituye una forma encubierta de perjudicar económicamente a la previsional, mediante contratos que favorecen a empresas privadas.Ayolas: Hospital Integrado enfrenta falta de medicamentos para enfermedades respiratorias “Es evidente que los directivos de la previsional podrían estar involucrados en el tema, porque no puede ser que cantidad de millones, incluso de dólares, se gasten en contrataciones de empresas de limpieza y seguridad; este es el negocio más grande que se tiene dentro del IPS y de otras instituciones con los servicios de limpieza”, expresó.Proceso judicialAl mismo tiempo, mencionó que lleva adelante un caso judicial contra una de las empresas que estaría vinculada al IPS. Según explicó, la firma hace firmar a sus trabajadores documentos en que figura el cobro de salarios superiores al mínimo legal vigente (G. 2.899.048); sin embargo, al momento de la transferencia, solamente se les desembolsa G. 1.200.000, monto muy inferior al salario mínimo.“Como representante legal de cuatro trabajadoras del IPS Ayolas presenté una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral, el cual no hizo lugar a la demanda, por lo que se apeló la sentencia definitiva y actualmente la definición se encuentra en la Cámara de Apelaciónes”, indicó.Cáceres anunció además que, en caso de que la Cámara de Apelaciones rechace el recurso presentado, impulsará una denuncia ante el Ministerio Público. Indicó que se trata de una situación que debe ser investigada para identificar a los responsables de un esquema que, según denunció, permite adjudicar licitaciones a empresas presuntamente vinculadas al entorno del consejo de IPS para posteriormente concretar millonarios negociados.Ayolas: la ruta PY20 presenta un estado critico y urge intervención del MOPC
17 de junio de 2026 a la – 11:40
AYOLAS. El dirigente social y abogado Vidal Cáceres afirmó que las empresas tercerizadas que prestan servicios al Instituto de Previsión Social (IPS) representan “un cáncer” para la previsional. En ese contexto, sostuvo que una de las formas más lacerantes de corrupción se da a través de las adjudicaciones a empresas tercerizadas de limpieza.
Las declaraciones surgen tras la publicación de nuestro diario, en la que se informa que IPS paga hasta G. 9,5 millones mensuales por cada personal de limpieza contratado mediante tercerización. Al respecto, Cáceres manifestó que este sistema constituye una forma encubierta de perjudicar económicamente a la previsional, mediante contratos que favorecen a empresas privadas.
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“Es evidente que los directivos de la previsional podrían estar involucrados en el tema, porque no puede ser que cantidad de millones, incluso de dólares, se gasten en contrataciones de empresas de limpieza y seguridad; este es el negocio más grande que se tiene dentro del IPS y de otras instituciones con los servicios de limpieza”, expresó.
Proceso judicial
Al mismo tiempo, mencionó que lleva adelante un caso judicial contra una de las empresas que estaría vinculada al IPS. Según explicó, la firma hace firmar a sus trabajadores documentos en que figura el cobro de salarios superiores al mínimo legal vigente (G. 2.899.048); sin embargo, al momento de la transferencia, solamente se les desembolsa G. 1.200.000, monto muy inferior al salario mínimo.
“Como representante legal de cuatro trabajadoras del IPS Ayolas presenté una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral, el cual no hizo lugar a la demanda, por lo que se apeló la sentencia definitiva y actualmente la definición se encuentra en la Cámara de Apelaciónes”, indicó.
Cáceres anunció además que, en caso de que la Cámara de Apelaciones rechace el recurso presentado, impulsará una denuncia ante el Ministerio Público. Indicó que se trata de una situación que debe ser investigada para identificar a los responsables de un esquema que, según denunció, permite adjudicar licitaciones a empresas presuntamente vinculadas al entorno del consejo de IPS para posteriormente concretar millonarios negociados.
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