El Senado convocó a su sesión ordinaria de este miércoles, a las 9:00, con dos temas de relevancia en su orden del día. Por un lado, vuelve a poner en debate el proyecto de ley que crea juzgados y tribunales especializados en violencia contra las mujeres, mientras que también prevé tratar las iniciativas conocidas como la “ley anti Rivas”, que plantean suspender temporalmente la creación de nuevas universidades e institutos superiores.
Ambos debates llegan en un contexto de fuertes cuestionamientos institucionales. En materia de violencia contra las mujeres, Paraguay registró 130 víctimas de feminicidio entre enero de 2023 y el 9 de octubre de 2026, según datos del Ministerio Público.
En educación superior, la discusión se reaviva tras la condena a ocho años de prisión del exsenador cartista Hernán Rivas por producción y uso de documentos públicos de contenido falso vinculados a su título de abogado.
Juzgados especializados: Senado retoma proyecto contra la violencia hacia las mujeres
El proyecto de ley que plantea crear juzgados y tribunales especializados en violencia contra las mujeres busca establecer una estructura judicial que establezca medidas urgentes de protección hasta los procesos penales por feminicidio, violencia familiar y delitos contra la autonomía sexual.
La propuesta ya había sido tratada por el Congreso, pero terminó vetada por el Poder Ejecutivo en 2025, luego de sufrir modificaciones que alteraron su esencia y comprometían su aplicabilidad.
El proyecto establece una implementación progresiva de órganos judiciales especializados, con una primera estructura en Asunción, Central y Alto Paraná.
Entre sus principales disposiciones figuran:
- Juzgados especializados: tres en Capital, cuatro en Central y uno en Alto Paraná.
- Expansión territorial: creación progresiva de un juzgado especializado en cada cabecera departamental, hasta cubrir todas en un plazo máximo de siete años.
- Tribunales de Sentencia: dos en Capital, dos en Central y uno en Alto Paraná.
- Juzgados de Ejecución: uno en Capital y uno en Central.
- Tribunales de Apelación: uno en Capital y otro en Central.
La propuesta también contempla la expansión progresiva a ciudades como Villarrica, Encarnación, Concepción, Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este y Coronel Oviedo.
El proyecto prevé que los juzgados especializados cuenten, como mínimo, con un profesional de Psicología y otro de Trabajo Social. Además, exige que los aspirantes a integrar estos órganos tengan al menos 120 horas de formación en Derechos Humanos, con énfasis en la prevención de la violencia contra las mujeres.
Ley anti Rivas: Senado vuelve a tratar proyectos para frenar la creación de universidades
El otro asunto que vuelve al orden del día es la discusión sobre la creación de nuevas universidades e institutos superiores. Los senadores incluyeron dos iniciativas que plantean establecer moratorias temporales para frenar la expansión de la oferta académica.
El debate se produce después de que el exsenador cartista Hernán Rivas fuera condenado a ocho años de prisión por producción y uso de documentos públicos de contenido falso relacionados con su título de abogado.
El caso expuso cuestionamientos sobre los mecanismos de verificación de antecedentes académicos y los controles aplicados a las instituciones de educación superior.
Las propuestas tienen diferencias importantes en cuanto a su alcance y duración.
¿Qué proponen los proyectos de la ley anti Rivas?
La primera iniciativa fue presentada por los senadores Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Ignacio Iramain y Lucía Mendoza. Plantea una moratoria de dos años para la creación de nuevas universidades e institutos superiores privados.
El objetivo es utilizar ese periodo para revisar los mecanismos de control, fortalecer la evaluación académica y priorizar la calidad de la enseñanza antes de autorizar nuevas instituciones.
Lea más: ¿Títulos falsos? Aneaes formalizó ante la Fiscalía la entrega de 138.000 diplomas bajo sospecha
El segundo proyecto fue presentado por ocho senadores del Bloque Democrático: Celeste Amarilla, Esperanza Martínez, Rafael Filizzola, Rubén Velázquez, Líder Amarilla, Éver Villalba, Ignacio Iramain y Eduardo Nakayama.
Esta propuesta establece una moratoria de cinco años para la creación de universidades públicas y privadas. También plantea suspender durante ese periodo la habilitación de nuevas carreras, facultades, filiales, sedes, subsedes y extensiones de Derecho y Medicina.
La Comisión de Educación y Cultura, presidida por la senadora liberal Hermelinda Alvarenga de Ortega, recomienda al pleno aprobar ambos proyectos con modificaciones.
¿Se cerrarán las universidades que ya funcionan?
Las iniciativas buscan frenar temporalmente la creación de nuevas instituciones, pero no plantean el cierre automático de las universidades existentes ni la eliminación de los títulos ya expedidos.
La propuesta de dos años apunta a consolidar la oferta privada actual y fortalecer los mecanismos de evaluación y acreditación. En cambio, el proyecto de cinco años incorpora restricciones específicas para la expansión de las carreras de Derecho y Medicina.
Según la exposición de motivos de este último proyecto, Paraguay cuenta con 58 universidades fundadas por ley: 10 públicas y 48 privadas.
En el área de Derecho, datos de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), citados en la iniciativa, señalaban que en abril de 2026 existían 191 titulaciones autorizadas y solo 33 acreditadas.
El Senado convocó a su sesión ordinaria de este miércoles, a las 9:00, con dos temas de relevancia en su orden del día. Por un lado, vuelve a poner en debate el proyecto de ley que crea juzgados y tribunales especializados en violencia contra las mujeres, mientras que también prevé tratar las iniciativas conocidas como la “ley anti Rivas”, que plantean suspender temporalmente la creación de nuevas universidades e institutos superiores.Ambos debates llegan en un contexto de fuertes cuestionamientos institucionales. En materia de violencia contra las mujeres, Paraguay registró 130 víctimas de feminicidio entre enero de 2023 y el 9 de octubre de 2026, según datos del Ministerio Público. En educación superior, la discusión se reaviva tras la condena a ocho años de prisión del exsenador cartista Hernán Rivas por producción y uso de documentos públicos de contenido falso vinculados a su título de abogado.Juzgados especializados: Senado retoma proyecto contra la violencia hacia las mujeresEl proyecto de ley que plantea crear juzgados y tribunales especializados en violencia contra las mujeres busca establecer una estructura judicial que establezca medidas urgentes de protección hasta los procesos penales por feminicidio, violencia familiar y delitos contra la autonomía sexual.Lea más: Títulos falsos: la insólita defensa de las universidades privadas ante el escándalo de carreras no acreditadasLa propuesta ya había sido tratada por el Congreso, pero terminó vetada por el Poder Ejecutivo en 2025, luego de sufrir modificaciones que alteraron su esencia y comprometían su aplicabilidad.El proyecto establece una implementación progresiva de órganos judiciales especializados, con una primera estructura en Asunción, Central y Alto Paraná.Entre sus principales disposiciones figuran:Juzgados especializados: tres en Capital, cuatro en Central y uno en Alto Paraná.Expansión territorial: creación progresiva de un juzgado especializado en cada cabecera departamental, hasta cubrir todas en un plazo máximo de siete años.Tribunales de Sentencia: dos en Capital, dos en Central y uno en Alto Paraná.Juzgados de Ejecución: uno en Capital y uno en Central.Tribunales de Apelación: uno en Capital y otro en Central.La propuesta también contempla la expansión progresiva a ciudades como Villarrica, Encarnación, Concepción, Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este y Coronel Oviedo.El proyecto prevé que los juzgados especializados cuenten, como mínimo, con un profesional de Psicología y otro de Trabajo Social. Además, exige que los aspirantes a integrar estos órganos tengan al menos 120 horas de formación en Derechos Humanos, con énfasis en la prevención de la violencia contra las mujeres.Ley anti Rivas: Senado vuelve a tratar proyectos para frenar la creación de universidadesEl otro asunto que vuelve al orden del día es la discusión sobre la creación de nuevas universidades e institutos superiores. Los senadores incluyeron dos iniciativas que plantean establecer moratorias temporales para frenar la expansión de la oferta académica.El debate se produce después de que el exsenador cartista Hernán Rivas fuera condenado a ocho años de prisión por producción y uso de documentos públicos de contenido falso relacionados con su título de abogado.El caso expuso cuestionamientos sobre los mecanismos de verificación de antecedentes académicos y los controles aplicados a las instituciones de educación superior.Las propuestas tienen diferencias importantes en cuanto a su alcance y duración.¿Qué proponen los proyectos de la ley anti Rivas?La primera iniciativa fue presentada por los senadores Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Ignacio Iramain y Lucía Mendoza. Plantea una moratoria de dos años para la creación de nuevas universidades e institutos superiores privados.El objetivo es utilizar ese periodo para revisar los mecanismos de control, fortalecer la evaluación académica y priorizar la calidad de la enseñanza antes de autorizar nuevas instituciones.Lea más: ¿Títulos falsos? Aneaes formalizó ante la Fiscalía la entrega de 138.000 diplomas bajo sospechaEl segundo proyecto fue presentado por ocho senadores del Bloque Democrático: Celeste Amarilla, Esperanza Martínez, Rafael Filizzola, Rubén Velázquez, Líder Amarilla, Éver Villalba, Ignacio Iramain y Eduardo Nakayama.Esta propuesta establece una moratoria de cinco años para la creación de universidades públicas y privadas. También plantea suspender durante ese periodo la habilitación de nuevas carreras, facultades, filiales, sedes, subsedes y extensiones de Derecho y Medicina.La Comisión de Educación y Cultura, presidida por la senadora liberal Hermelinda Alvarenga de Ortega, recomienda al pleno aprobar ambos proyectos con modificaciones.¿Se cerrarán las universidades que ya funcionan?Las iniciativas buscan frenar temporalmente la creación de nuevas instituciones, pero no plantean el cierre automático de las universidades existentes ni la eliminación de los títulos ya expedidos.La propuesta de dos años apunta a consolidar la oferta privada actual y fortalecer los mecanismos de evaluación y acreditación. En cambio, el proyecto de cinco años incorpora restricciones específicas para la expansión de las carreras de Derecho y Medicina.Según la exposición de motivos de este último proyecto, Paraguay cuenta con 58 universidades fundadas por ley: 10 públicas y 48 privadas.En el área de Derecho, datos de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), citados en la iniciativa, señalaban que en abril de 2026 existían 191 titulaciones autorizadas y solo 33 acreditadas.
El Senado convocó a su sesión ordinaria de este miércoles, a las 9:00, con dos temas de relevancia en su orden del día. Por un lado, vuelve a poner en debate el proyecto de ley que crea juzgados y tribunales especializados en violencia contra las mujeres, mientras que también prevé tratar las iniciativas conocidas como la “ley anti Rivas”, que plantean suspender temporalmente la creación de nuevas universidades e institutos superiores.
Ambos debates llegan en un contexto de fuertes cuestionamientos institucionales. En materia de violencia contra las mujeres, Paraguay registró 130 víctimas de feminicidio entre enero de 2023 y el 9 de octubre de 2026, según datos del Ministerio Público.
En educación superior, la discusión se reaviva tras la condena a ocho años de prisión del exsenador cartista Hernán Rivas por producción y uso de documentos públicos de contenido falso vinculados a su título de abogado.
Juzgados especializados: Senado retoma proyecto contra la violencia hacia las mujeres
El proyecto de ley que plantea crear juzgados y tribunales especializados en violencia contra las mujeres busca establecer una estructura judicial que establezca medidas urgentes de protección hasta los procesos penales por feminicidio, violencia familiar y delitos contra la autonomía sexual.
La propuesta ya había sido tratada por el Congreso, pero terminó vetada por el Poder Ejecutivo en 2025, luego de sufrir modificaciones que alteraron su esencia y comprometían su aplicabilidad.
El proyecto establece una implementación progresiva de órganos judiciales especializados, con una primera estructura en Asunción, Central y Alto Paraná.
Entre sus principales disposiciones figuran:
- Juzgados especializados: tres en Capital, cuatro en Central y uno en Alto Paraná.
- Expansión territorial: creación progresiva de un juzgado especializado en cada cabecera departamental, hasta cubrir todas en un plazo máximo de siete años.
- Tribunales de Sentencia: dos en Capital, dos en Central y uno en Alto Paraná.
- Juzgados de Ejecución: uno en Capital y uno en Central.
- Tribunales de Apelación: uno en Capital y otro en Central.
La propuesta también contempla la expansión progresiva a ciudades como Villarrica, Encarnación, Concepción, Pedro Juan Caballero, Ciudad del Este y Coronel Oviedo.
El proyecto prevé que los juzgados especializados cuenten, como mínimo, con un profesional de Psicología y otro de Trabajo Social. Además, exige que los aspirantes a integrar estos órganos tengan al menos 120 horas de formación en Derechos Humanos, con énfasis en la prevención de la violencia contra las mujeres.
Ley anti Rivas: Senado vuelve a tratar proyectos para frenar la creación de universidades
El otro asunto que vuelve al orden del día es la discusión sobre la creación de nuevas universidades e institutos superiores. Los senadores incluyeron dos iniciativas que plantean establecer moratorias temporales para frenar la expansión de la oferta académica.
El debate se produce después de que el exsenador cartista Hernán Rivas fuera condenado a ocho años de prisión por producción y uso de documentos públicos de contenido falso relacionados con su título de abogado.
El caso expuso cuestionamientos sobre los mecanismos de verificación de antecedentes académicos y los controles aplicados a las instituciones de educación superior.
Las propuestas tienen diferencias importantes en cuanto a su alcance y duración.
¿Qué proponen los proyectos de la ley anti Rivas?
La primera iniciativa fue presentada por los senadores Yolanda Paredes, Rafael Filizzola, Esperanza Martínez, Ignacio Iramain y Lucía Mendoza. Plantea una moratoria de dos años para la creación de nuevas universidades e institutos superiores privados.
El objetivo es utilizar ese periodo para revisar los mecanismos de control, fortalecer la evaluación académica y priorizar la calidad de la enseñanza antes de autorizar nuevas instituciones.
Lea más: ¿Títulos falsos? Aneaes formalizó ante la Fiscalía la entrega de 138.000 diplomas bajo sospecha
El segundo proyecto fue presentado por ocho senadores del Bloque Democrático: Celeste Amarilla, Esperanza Martínez, Rafael Filizzola, Rubén Velázquez, Líder Amarilla, Éver Villalba, Ignacio Iramain y Eduardo Nakayama.
Esta propuesta establece una moratoria de cinco años para la creación de universidades públicas y privadas. También plantea suspender durante ese periodo la habilitación de nuevas carreras, facultades, filiales, sedes, subsedes y extensiones de Derecho y Medicina.
La Comisión de Educación y Cultura, presidida por la senadora liberal Hermelinda Alvarenga de Ortega, recomienda al pleno aprobar ambos proyectos con modificaciones.
¿Se cerrarán las universidades que ya funcionan?
Las iniciativas buscan frenar temporalmente la creación de nuevas instituciones, pero no plantean el cierre automático de las universidades existentes ni la eliminación de los títulos ya expedidos.
La propuesta de dos años apunta a consolidar la oferta privada actual y fortalecer los mecanismos de evaluación y acreditación. En cambio, el proyecto de cinco años incorpora restricciones específicas para la expansión de las carreras de Derecho y Medicina.
Según la exposición de motivos de este último proyecto, Paraguay cuenta con 58 universidades fundadas por ley: 10 públicas y 48 privadas.
En el área de Derecho, datos de la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES), citados en la iniciativa, señalaban que en abril de 2026 existían 191 titulaciones autorizadas y solo 33 acreditadas.
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