Los ciudadanos orientales habían sido rescatados el miércoles pasado, en el marco del operativo denominado “Dragón de Jade”, encabezado por personal del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional y la agente fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada de Lucha contra la Trata de Personas.
Los extranjeros estaban hacinados en un edificio con fachada de hotel, denominado Betel, ubicado en el Área 4 de Ciudad del Este. Allí habría sido montado un centro de operaciones informáticas, donde presuntamente eran obligados a trabajar.
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Este fin de semana, la fiscala Coronel solicitó al Juzgado Penal de Garantías de Atención Permanente de Ciudad del Este la realización de un anticipo jurisdiccional de prueba, a fin de tomar declaración testifical a los 62 ciudadanos orientales rescatados durante un procedimiento contra la presunta trata de personas con fines de explotación laboral.
La investigación se inició tras un allanamiento en el que los intervinientes detectaron indicios de una posible estructura dedicada a la explotación laboral. Según las sospechas, en el inmueble intervenido se utilizarían computadoras para producir material pornográfico y los ciudadanos extranjeros habrían sido obligados a operar estos equipos. Estas circunstancias son objeto de investigación por parte del Ministerio Público.
Tras el procedimiento, los ciudadanos fueron trasladados al predio de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) de Ciudad del Este, donde quedaron bajo resguardo. Hasta ese lugar acudió el juez de turno para recibir sus declaraciones en el marco del anticipo jurisdiccional de prueba.
Recurrieron a intérpretes
Los testimonios fueron recogidos con la intervención de intérpretes y la asistencia de representantes del Consulado General de la República de China (Taiwán) en Ciudad del Este. También acompañaron la diligencia integrantes de la Fundación Los Ángeles, de la Asociación China y agentes de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional.
Posteriormente, los extranjeros fueron trasladados hasta el puesto del Migramóvil de la Dirección Nacional de Migraciones, donde se realizaron los trámites correspondientes para regularizar su situación migratoria. Una vez concluidas las diligencias, la representante del Ministerio Público les restituyó sus documentos personales.
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La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que se habría producido la presunta explotación laboral, identificar a los responsables y determinar las posibles conexiones de la estructura investigada.
Durante el procedimiento también fueron incautados diversos elementos de interés para la investigación, entre ellos teléfonos celulares, computadoras de escritorio, notebooks, dispositivos y unidades de almacenamiento de datos, además de varios documentos.
Los ciudadanos orientales habían sido rescatados el miércoles pasado, en el marco del operativo denominado “Dragón de Jade”, encabezado por personal del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional y la agente fiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada de Lucha contra la Trata de Personas.Los extranjeros estaban hacinados en un edificio con fachada de hotel, denominado Betel, ubicado en el Área 4 de Ciudad del Este. Allí habría sido montado un centro de operaciones informáticas, donde presuntamente eran obligados a trabajar.Lea más: Rescatan a 64 ciudadanos chinos que habrían sido sometidos a explotación laboral Este fin de semana, la fiscala Coronel solicitó al Juzgado Penal de Garantías de Atención Permanente de Ciudad del Este la realización de un anticipo jurisdiccional de prueba, a fin de tomar declaración testifical a los 62 ciudadanos orientales rescatados durante un procedimiento contra la presunta trata de personas con fines de explotación laboral.La investigación se inició tras un allanamiento en el que los intervinientes detectaron indicios de una posible estructura dedicada a la explotación laboral. Según las sospechas, en el inmueble intervenido se utilizarían computadoras para producir material pornográfico y los ciudadanos extranjeros habrían sido obligados a operar estos equipos. Estas circunstancias son objeto de investigación por parte del Ministerio Público.Tras el procedimiento, los ciudadanos fueron trasladados al predio de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) de Ciudad del Este, donde quedaron bajo resguardo. Hasta ese lugar acudió el juez de turno para recibir sus declaraciones en el marco del anticipo jurisdiccional de prueba.Recurrieron a intérpretesLos testimonios fueron recogidos con la intervención de intérpretes y la asistencia de representantes del Consulado General de la República de China (Taiwán) en Ciudad del Este. También acompañaron la diligencia integrantes de la Fundación Los Ángeles, de la Asociación China y agentes de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional.Posteriormente, los extranjeros fueron trasladados hasta el puesto del Migramóvil de la Dirección Nacional de Migraciones, donde se realizaron los trámites correspondientes para regularizar su situación migratoria. Una vez concluidas las diligencias, la representante del Ministerio Público les restituyó sus documentos personales.Lea más: Localizan en Bolivia a paraguaya tras denuncia por posible trata de personasLa Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que se habría producido la presunta explotación laboral, identificar a los responsables y determinar las posibles conexiones de la estructura investigada.Durante el procedimiento también fueron incautados diversos elementos de interés para la investigación, entre ellos teléfonos celulares, computadoras de escritorio, notebooks, dispositivos y unidades de almacenamiento de datos, además de varios documentos.
08 de noviembre de 2026 – 16:09
Un grupo de 62 ciudadanos orientales declaró en calidad de testigos en una investigación por presunta trata de personas. Los extranjeros estaban hacinados en un edificio ubicado en una zona residencial de Ciudad del Este.
Los ciudadanos orientales habían sido rescatados el miércoles pasado, en el marco del operativo denominado “Dragón de Jade”, encabezado por personal del Departamento de Convenios y Acuerdos de Cooperación Policial Internacional y la agentefiscal Vivian Coronel, de la Unidad Especializada de Lucha contra la Trata de Personas.
Los extranjeros estaban hacinados en un edificio con fachada de hotel, denominado Betel, ubicado en el Área 4 de Ciudad del Este. Allí habría sido montado un centro de operaciones informáticas, donde presuntamente eran obligados a trabajar.
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Este fin de semana, la fiscala Coronel solicitó al Juzgado Penal de Garantías de Atención Permanente de Ciudad del Este la realización de un anticipo jurisdiccional de prueba, a fin de tomar declaración testifical a los 62 ciudadanos orientales rescatados durante un procedimiento contra la presunta trata de personas con fines de explotación laboral.
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La investigación se inició tras un allanamiento en el que los intervinientes detectaron indicios de una posible estructura dedicada a la explotación laboral. Según las sospechas, en el inmueble intervenido se utilizarían computadoras para producir material pornográfico y los ciudadanos extranjeros habrían sido obligados a operar estos equipos. Estas circunstancias son objeto de investigación por parte del Ministerio Público.
Tras el procedimiento, los ciudadanos fueron trasladados al predio de la Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) de Ciudad del Este, donde quedaron bajo resguardo. Hasta ese lugar acudió el juez de turno para recibir sus declaraciones en el marco del anticipo jurisdiccional de prueba.
Recurrieron a intérpretes
Los testimonios fueron recogidos con la intervención de intérpretes y la asistencia de representantes del Consulado General de la República de China (Taiwán) en Ciudad del Este. También acompañaron la diligencia integrantes de la Fundación Los Ángeles, de la Asociación China y agentes de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional.
Posteriormente, los extranjeros fueron trasladados hasta el puesto del Migramóvil de la Dirección Nacional de Migraciones, donde se realizaron los trámites correspondientes para regularizar su situación migratoria. Una vez concluidas las diligencias, la representante del Ministerio Público les restituyó sus documentos personales.
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La Fiscalía continúa con las investigaciones para esclarecer las circunstancias en que se habría producido la presunta explotación laboral, identificar a los responsables y determinar las posibles conexiones de la estructura investigada.
Durante el procedimiento también fueron incautados diversos elementos de interés para la investigación, entre ellos teléfonos celulares, computadoras de escritorio, notebooks, dispositivos y unidades de almacenamiento de datos, además de varios documentos.
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