Una investigación periodística publicada este lunes denuncia, con documentos y declaraciones de testigos, la existencia de un esquema irregular por el cual una legisladora del Congreso Nacional supuestamente cobra grandes montos de dinero – en algunos casos de hasta 100 millones de guaraníes – para otorgar puestos permanentes de empleo en el Parlamento, y además presuntamente exige pagos frecuentes a sus funcionarios para mantenerlos en sus cargos.
La investigación publicada hoy por Radio Monumental se basa en declaraciones de funcionarios del Congreso – cuyas identidades no son reveladas – que afirman tener conocimiento directo de ese supuesto mecanismo de corrupción y recaudación irregular de dinero, sobre el cual ya habían surgido denuncias en septiembre de 2025.
Los funcionarios que realizaron la denuncia ante los medios de comunicación dicen haber trabajado en el despacho de la senadora Zenaida Delgado, quien ingresó al Congreso en 2023 con el partido opositor Cruzada Nacional, pero rápidamente migró al movimiento oficialista Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado).
Esquema de recaudación
Según la denuncia, entre 15 y 20 funcionarios del Congreso están afectados por este esquema, por el cual – según dijo una de las denunciantes – deben entregar las bonificaciones que cobran directamente a la senadora Delgado por medio de transferencias bancarias o por medio de dinero en efectivo que la legisladora supuestamente cobra a través de terceras personas.
“Cada persona con cargo tiene una bonificación y esa bonificación es para la senadora”, manifestó una de las denunciantes.
Aquellos que no realicen los pagos requeridos se enfrentan a la posibilidad de ser desvinculados, dijo la testigo.
Pagos de hasta G. 100 millones por cargos permanentes
La denunciante afirmó que los montos mensuales que supuestamente exige la senadora varían de acuerdo con el cargo del funcionario en cuestión, y que se calcula en base al salario de este, pudiendo llegar a hasta 2.500.000 guaraníes.
Estos pagos mensuales supuestamente afectan principalmente a funcionarios contratados que no han alcanzado los dos años de antigüedad para obtener estabilidad laboral.
Una vez que los funcionarios contratados alcanzan las condiciones para ser nombrados, añade la denuncia, la senadora Delgado les comunica el pedido de un pago de entre 20 y 100 millones de guaraníes para otorgarles el cargo permanente.
Una de las denunciantes afirmó que, para acceder a los grandes montos que la legisladora supuestamente pide para otorgar cargos, los funcionarios deben acceder a cargos por medio del Banco Nacional de Fomento o el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Congreso Nacional, donde la senadora tendría – según la denunciante – “contactos que facilitan” esos créditos.
Además, otra denunciante, quien dijo haber sido desvinculada por la senadora Delgado tras resistirse a un pago de 100 millones de guaraníes, afirmó que recibió una intimación extrajudicial de parte de Fátima Agüero – exfuncionaria del Congreso cercana a la legisladora, procesada en 2024 por un supuesto esquema de venta de cargos en el Instituto de Previsión Social – advirtiéndole de consecuencias judiciales para disuadirle de divulgar información.
Una investigación periodística publicada este lunes denuncia, con documentos y declaraciones de testigos, la existencia de un esquema irregular por el cual una legisladora del Congreso Nacional supuestamente cobra grandes montos de dinero – en algunos casos de hasta 100 millones de guaraníes – para otorgar puestos permanentes de empleo en el Parlamento, y además presuntamente exige pagos frecuentes a sus funcionarios para mantenerlos en sus cargos.La investigación publicada hoy por Radio Monumental se basa en declaraciones de funcionarios del Congreso – cuyas identidades no son reveladas – que afirman tener conocimiento directo de ese supuesto mecanismo de corrupción y recaudación irregular de dinero, sobre el cual ya habían surgido denuncias en septiembre de 2025.Los funcionarios que realizaron la denuncia ante los medios de comunicación dicen haber trabajado en el despacho de la senadora Zenaida Delgado, quien ingresó al Congreso en 2023 con el partido opositor Cruzada Nacional, pero rápidamente migró al movimiento oficialista Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado).Esquema de recaudaciónSegún la denuncia, entre 15 y 20 funcionarios del Congreso están afectados por este esquema, por el cual – según dijo una de las denunciantes – deben entregar las bonificaciones que cobran directamente a la senadora Delgado por medio de transferencias bancarias o por medio de dinero en efectivo que la legisladora supuestamente cobra a través de terceras personas.Lea más: Bachi defiende aumentazos para sus operadores y dice que no investigará a Zenaida por denuncia de “peaje a funcionarios”“Cada persona con cargo tiene una bonificación y esa bonificación es para la senadora”, manifestó una de las denunciantes.Aquellos que no realicen los pagos requeridos se enfrentan a la posibilidad de ser desvinculados, dijo la testigo.Pagos de hasta G. 100 millones por cargos permanentesLa denunciante afirmó que los montos mensuales que supuestamente exige la senadora varían de acuerdo con el cargo del funcionario en cuestión, y que se calcula en base al salario de este, pudiendo llegar a hasta 2.500.000 guaraníes.Estos pagos mensuales supuestamente afectan principalmente a funcionarios contratados que no han alcanzado los dos años de antigüedad para obtener estabilidad laboral.Lea más: Cartistas dejan impune a Zenaida en el caso “peaje salarial” y la premian como titular ante el ParlasurUna vez que los funcionarios contratados alcanzan las condiciones para ser nombrados, añade la denuncia, la senadora Delgado les comunica el pedido de un pago de entre 20 y 100 millones de guaraníes para otorgarles el cargo permanente.Una de las denunciantes afirmó que, para acceder a los grandes montos que la legisladora supuestamente pide para otorgar cargos, los funcionarios deben acceder a cargos por medio del Banco Nacional de Fomento o el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Congreso Nacional, donde la senadora tendría – según la denunciante – “contactos que facilitan” esos créditos.Además, otra denunciante, quien dijo haber sido desvinculada por la senadora Delgado tras resistirse a un pago de 100 millones de guaraníes, afirmó que recibió una intimación extrajudicial de parte de Fátima Agüero – exfuncionaria del Congreso cercana a la legisladora, procesada en 2024 por un supuesto esquema de venta de cargos en el Instituto de Previsión Social – advirtiéndole de consecuencias judiciales para disuadirle de divulgar información.
26 de octubre de 2026 – 06:55
Funcionarios del Congreso Nacional que afirman haber trabajado para la senadora cartista Zenaida Delgado denunciaron que la legisladora exige que los trabajadores a su cargo le transfieran los montos de las bonificaciones que cobran y además denuncian que la parlamentaria pide pagos de hasta 100 millones de guaraníes a cambio de otorgar nombramientos permanentes.
Una investigación periodística publicada este lunes denuncia, con documentos y declaraciones de testigos, la existencia de un esquema irregular por el cual una legisladora del Congreso Nacional supuestamente cobra grandes montos de dinero – en algunos casos de hasta 100 millones de guaraníes – para otorgar puestos permanentes de empleo en el Parlamento, y además presuntamente exige pagos frecuentes a sus funcionarios para mantenerlos en sus cargos.
La investigación publicada hoy por Radio Monumental se basa en declaraciones de funcionarios del Congreso – cuyas identidades no son reveladas – que afirman tener conocimiento directo de ese supuesto mecanismo de corrupción y recaudación irregular de dinero, sobre el cual ya habían surgido denuncias en septiembre de 2025.
Los funcionarios que realizaron la denuncia ante los medios de comunicación dicen haber trabajado en el despacho de la senadora Zenaida Delgado, quien ingresó al Congreso en 2023 con el partido opositor Cruzada Nacional, pero rápidamente migró al movimiento oficialista Honor Colorado de la Asociación Nacional Republicana (ANR, Partido Colorado).
Esquema de recaudación
Según la denuncia, entre 15 y 20 funcionarios del Congreso están afectados por este esquema, por el cual – según dijo una de las denunciantes – deben entregar las bonificaciones que cobran directamente a la senadora Delgado por medio de transferencias bancarias o por medio de dinero en efectivo que la legisladora supuestamente cobra a través de terceras personas.
“Cada persona con cargo tiene una bonificación y esa bonificación es para la senadora”, manifestó una de las denunciantes.
Aquellos que no realicen los pagos requeridos se enfrentan a la posibilidad de ser desvinculados, dijo la testigo.
Pagos de hasta G. 100 millones por cargos permanentes
La denunciante afirmó que los montos mensuales que supuestamente exige la senadora varían de acuerdo con el cargo del funcionario en cuestión, y que se calcula en base al salario de este, pudiendo llegar a hasta 2.500.000 guaraníes.
Estos pagos mensuales supuestamente afectan principalmente a funcionarios contratados que no han alcanzado los dos años de antigüedad para obtener estabilidad laboral.
Una vez que los funcionarios contratados alcanzan las condiciones para ser nombrados, añade la denuncia, la senadora Delgado les comunica el pedido de un pago de entre 20 y 100 millones de guaraníes para otorgarles el cargo permanente.
Una de las denunciantes afirmó que, para acceder a los grandes montos que la legisladora supuestamente pide para otorgar cargos, los funcionarios deben acceder a cargos por medio del Banco Nacional de Fomento o el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Congreso Nacional, donde la senadora tendría – según la denunciante – “contactos que facilitan” esos créditos.
Además, otra denunciante, quien dijo haber sido desvinculada por la senadora Delgado tras resistirse a un pago de 100 millones de guaraníes, afirmó que recibió una intimación extrajudicial de parte de Fátima Agüero – exfuncionaria del Congreso cercana a la legisladora, procesada en 2024 por un supuesto esquema de venta de cargos en el Instituto de Previsión Social – advirtiéndole de consecuencias judiciales para disuadirle de divulgar información.
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