La deuda del Estado con las empresas constructoras comenzó a reducirse, luego de un inicio de año marcado por las dificultades financieras y la insuficiencia presupuestaria para cubrir tanto las obligaciones pendientes de 2025 como las obras en ejecución.
Así lo afirmó Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), quien destacó que los compromisos asumidos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para regularizar los pagos se vienen cumpliendo.
Según el representante del sector, al cierre de 2025 se arrastraba una deuda superior a US$ 250 millones, a la que se sumaban unos US$ 100 millones en intereses. La situación se agravó por la falta de recursos suficientes en el presupuesto de 2026 para atender las obligaciones acumuladas y financiar las obras en curso.
Sarubbi señaló que, tras la asunción del ministro de Economía, Óscar Lovera, se estableció un esquema de pagos que contempla la cancelación de los certificados mensuales de obras ejecutadas y el aprovechamiento de los periodos de mayor disponibilidad de ingresos del Estado para reducir el saldo pendiente.
“Esa deuda de más de US$ 250 millones hoy está entre US$ 130 millones y US$ 150 millones”, explicó a ABC Sarubbi.
El titular de Cavialpa sostuvo que el cumplimiento de esos compromisos permitió avanzar en la reducción de las obligaciones con las constructoras, aunque reconoció que las empresas todavía atraviesan una situación delicada por los atrasos acumulados.
Pago de intereses a constructoras: ¿Qué habilita la ley sancionada por Diputados?
Deuda con constructoras: intereses pendientes
Además de la deuda por los certificados de obras, el sector busca una salida para el pago de los intereses generados por las demoras del Estado. Sarubbi indicó que se aprobó una ley para habilitar el pago de esos compromisos y que también se realizaron ajustes presupuestarios para atender los trabajos ejecutados durante el año.
Dicha ley había sido promulgada por el Ejecutivo en agosto último y estaba pendiente el decreto reglamentario para su implementación.
El dirigente gremial consideró que estos avances son importantes para encaminar la normalización de las obligaciones, aunque todavía resta resolver el saldo pendiente y garantizar que los recursos asignados sean suficientes para sostener el ritmo de ejecución de las obras públicas.
Capaco: deuda millonaria con constructoras se reduciría recién hacia finales de 2026
Presupuesto para 2027
Sarubbi también valoró que el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 contemple recursos más acordes con las necesidades de las obras que están actualmente en ejecución y de las licitaciones en marcha.
El presupuesto previsto para el MOPC ronda los US$ 1.000 millones, según lo señalado durante la entrevista. No obstante, el titular de Cavialpa advirtió que el monto continúa siendo insuficiente frente a las necesidades de infraestructura del país.
A su criterio, el aspecto positivo es que la previsión presupuestaria se acerca más a los compromisos que ya asumió la cartera, lo que permitiría reducir el riesgo de volver a acumular atrasos en los pagos.
Previsibilidad para las empresas
Aunque todavía queda una deuda estimada de hasta US$ 150 millones, más los intereses, Sarubbi manifestó que, si se mantiene el esquema de pagos actual, el sector podría llegar a fin de año con un saldo más manejable.
Deuda con constructoras: el MOPC paga, pero los atrasos siguen pasando factura
Más allá de la reducción de las obligaciones, destacó que las constructoras necesitan certezas sobre los montos y los plazos de cobro para organizar sus operaciones y evitar que los atrasos se trasladen a otros eslabones de la cadena.
“Lo que sí es bueno es que haya previsibilidad, que nosotros sepamos cuánto vamos a cobrar y en qué plazo, y que también nosotros podamos darnos vuelta y poder cumplir con todos nuestros proveedores”, expresó.
El representante de Cavialpa recordó que detrás de las empresas constructoras existe una amplia red de proveedores de servicios y materiales que también resultó afectada por los atrasos del Estado. Por ello, sostuvo que conocer de antemano cuándo recibirán los pagos permite a las empresas planificar sus compromisos y avanzar en la regularización de sus propias obligaciones.
“Esperamos que haya previsibilidad, que nosotros sepamos cuánto vamos a cobrar y en qué plazo, y que también nosotros podamos de esa manera cumplir con todos nuestros proveedores, porque tenemos una enorme cadena de proveedores de servicios, de materiales atrás nuestro, que son empresas que también fueron muy afectadas por toda esta situación”, expresó.
La deuda del Estado con las empresas constructoras comenzó a reducirse, luego de un inicio de año marcado por las dificultades financieras y la insuficiencia presupuestaria para cubrir tanto las obligaciones pendientes de 2025 como las obras en ejecución. Así lo afirmó Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), quien destacó que los compromisos asumidos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para regularizar los pagos se vienen cumpliendo.Según el representante del sector, al cierre de 2025 se arrastraba una deuda superior a US$ 250 millones, a la que se sumaban unos US$ 100 millones en intereses. La situación se agravó por la falta de recursos suficientes en el presupuesto de 2026 para atender las obligaciones acumuladas y financiar las obras en curso.Sarubbi señaló que, tras la asunción del ministro de Economía, Óscar Lovera, se estableció un esquema de pagos que contempla la cancelación de los certificados mensuales de obras ejecutadas y el aprovechamiento de los periodos de mayor disponibilidad de ingresos del Estado para reducir el saldo pendiente.“Esa deuda de más de US$ 250 millones hoy está entre US$ 130 millones y US$ 150 millones”, explicó a ABC Sarubbi.El titular de Cavialpa sostuvo que el cumplimiento de esos compromisos permitió avanzar en la reducción de las obligaciones con las constructoras, aunque reconoció que las empresas todavía atraviesan una situación delicada por los atrasos acumulados.Pago de intereses a constructoras: ¿Qué habilita la ley sancionada por Diputados?Deuda con constructoras: intereses pendientesAdemás de la deuda por los certificados de obras, el sector busca una salida para el pago de los intereses generados por las demoras del Estado. Sarubbi indicó que se aprobó una ley para habilitar el pago de esos compromisos y que también se realizaron ajustes presupuestarios para atender los trabajos ejecutados durante el año. Dicha ley había sido promulgada por el Ejecutivo en agosto último y estaba pendiente el decreto reglamentario para su implementación. El dirigente gremial consideró que estos avances son importantes para encaminar la normalización de las obligaciones, aunque todavía resta resolver el saldo pendiente y garantizar que los recursos asignados sean suficientes para sostener el ritmo de ejecución de las obras públicas.Capaco: deuda millonaria con constructoras se reduciría recién hacia finales de 2026Presupuesto para 2027Sarubbi también valoró que el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 contemple recursos más acordes con las necesidades de las obras que están actualmente en ejecución y de las licitaciones en marcha.El presupuesto previsto para el MOPC ronda los US$ 1.000 millones, según lo señalado durante la entrevista. No obstante, el titular de Cavialpa advirtió que el monto continúa siendo insuficiente frente a las necesidades de infraestructura del país.A su criterio, el aspecto positivo es que la previsión presupuestaria se acerca más a los compromisos que ya asumió la cartera, lo que permitiría reducir el riesgo de volver a acumular atrasos en los pagos.Previsibilidad para las empresasAunque todavía queda una deuda estimada de hasta US$ 150 millones, más los intereses, Sarubbi manifestó que, si se mantiene el esquema de pagos actual, el sector podría llegar a fin de año con un saldo más manejable.Deuda con constructoras: el MOPC paga, pero los atrasos siguen pasando facturaMás allá de la reducción de las obligaciones, destacó que las constructoras necesitan certezas sobre los montos y los plazos de cobro para organizar sus operaciones y evitar que los atrasos se trasladen a otros eslabones de la cadena.“Lo que sí es bueno es que haya previsibilidad, que nosotros sepamos cuánto vamos a cobrar y en qué plazo, y que también nosotros podamos darnos vuelta y poder cumplir con todos nuestros proveedores”, expresó.El representante de Cavialpa recordó que detrás de las empresas constructoras existe una amplia red de proveedores de servicios y materiales que también resultó afectada por los atrasos del Estado. Por ello, sostuvo que conocer de antemano cuándo recibirán los pagos permite a las empresas planificar sus compromisos y avanzar en la regularización de sus propias obligaciones.“Esperamos que haya previsibilidad, que nosotros sepamos cuánto vamos a cobrar y en qué plazo, y que también nosotros podamos de esa manera cumplir con todos nuestros proveedores, porque tenemos una enorme cadena de proveedores de servicios, de materiales atrás nuestro, que son empresas que también fueron muy afectadas por toda esta situación”, expresó.
Ladeuda del Estado con las empresas constructoras comenzó a reducirse, luego de un inicio de año marcado por las dificultades financieras y la insuficiencia presupuestaria para cubrir tanto las obligaciones pendientes de 2025 como las obras en ejecución.
Así lo afirmó Paul Sarubbi, presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), quien destacó que los compromisos asumidos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) para regularizar los pagos se vienen cumpliendo.
Según el representante del sector, al cierre de 2025 se arrastraba una deuda superior a US$ 250 millones, a la que se sumaban unos US$ 100 millones en intereses. La situación se agravó por la falta de recursos suficientes en el presupuesto de 2026 para atender las obligaciones acumuladas y financiar las obras en curso.
Sarubbi señaló que, tras la asunción del ministro de Economía, Óscar Lovera, se estableció un esquema de pagos que contempla la cancelación de los certificados mensuales de obras ejecutadas y el aprovechamiento de los periodos de mayor disponibilidad de ingresos del Estado para reducir el saldo pendiente.
“Esa deuda de más de US$ 250 millones hoy está entre US$ 130 millones y US$ 150 millones”, explicó a ABC Sarubbi.
El titular de Cavialpa sostuvo que el cumplimiento de esos compromisos permitió avanzar en la reducción de las obligaciones con las constructoras, aunque reconoció que las empresas todavía atraviesan una situación delicada por los atrasos acumulados.
Lea más: Pago de intereses a constructoras: ¿Qué habilita la ley sancionada por Diputados?
Deuda con constructoras: intereses pendientes
Además de la deuda por los certificados de obras, el sector busca una salida para el pago de los intereses generados por las demoras del Estado. Sarubbi indicó que se aprobó una ley para habilitar el pago de esos compromisos y que también se realizaron ajustes presupuestarios para atender los trabajos ejecutados durante el año.
Dicha ley había sido promulgada por el Ejecutivo en agosto último y estaba pendiente el decreto reglamentario para su implementación.
El dirigente gremial consideró que estos avances son importantes para encaminar la normalización de las obligaciones, aunque todavía resta resolver el saldo pendiente y garantizar que los recursos asignados sean suficientes para sostener el ritmo de ejecución de las obras públicas.
Lea más: Capaco: deuda millonaria con constructoras se reduciría recién hacia finales de 2026
Presupuesto para 2027
Sarubbi también valoró que el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 contemple recursos más acordes con las necesidades de las obras que están actualmente en ejecución y de las licitaciones en marcha.
El presupuesto previsto para el MOPC ronda los US$ 1.000 millones, según lo señalado durante la entrevista. No obstante, el titular de Cavialpa advirtió que el monto continúa siendo insuficiente frente a las necesidades de infraestructura del país.
A su criterio, el aspecto positivo es que la previsión presupuestaria se acerca más a los compromisos que ya asumió la cartera, lo que permitiría reducir el riesgo de volver a acumular atrasos en los pagos.
Previsibilidad para las empresas
Aunque todavía queda una deuda estimada de hasta US$ 150 millones, más los intereses, Sarubbi manifestó que, si se mantiene el esquema de pagos actual, el sector podría llegar a fin de año con un saldo más manejable.
Lea más: Deuda con constructoras: el MOPC paga, pero los atrasos siguen pasando factura
Más allá de la reducción de las obligaciones, destacó que las constructoras necesitan certezas sobre los montos y los plazos de cobro para organizar sus operaciones y evitar que los atrasos se trasladen a otros eslabones de la cadena.
“Lo que sí es bueno es que haya previsibilidad, que nosotros sepamos cuánto vamos a cobrar y en qué plazo, y que también nosotros podamos darnos vuelta y poder cumplir con todos nuestros proveedores”, expresó.
El representante de Cavialpa recordó que detrás de las empresas constructoras existe una amplia red de proveedores de servicios y materiales que también resultó afectada por los atrasos del Estado. Por ello, sostuvo que conocer de antemano cuándo recibirán los pagos permite a las empresas planificar sus compromisos y avanzar en la regularización de sus propias obligaciones.
“Esperamos que haya previsibilidad, que nosotros sepamos cuánto vamos a cobrar y en qué plazo, y que también nosotros podamos de esa manera cumplir con todos nuestros proveedores, porque tenemos una enorme cadena de proveedores de servicios, de materiales atrás nuestro, que son empresas que también fueron muy afectadas por toda esta situación”, expresó.
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