La Cámara de Diputados incluyó como segundo punto del orden del día para este martes 13 el proyecto de ley del “programa de trabajo penitenciario autogestionado”, a fin de que los internos puedan tener una salida laboral mientras cumplen sus penas, pero siempre de manera voluntaria, es decir, la actividad laboral no puede ser impuesta.
El proyecto de ley de la diputada Alexandra Zena (Cruzada Nacional) plantea un extenso marco normativo para reglar las actividades remuneradas dentro de las penitenciarías, así como ciertos “incentivos” tanto para empleadores como para internos que quieran acogerse al sistema y tener una fuente de ingreso lícito estando en prisión.
En tal sentido, en el artículo 6 se señala la voluntariedad y la no explotación, es decir, obligando a que esté prohibida la imposición de este régimen.
Algunas diferencias con cualquier trabajador del sector privado que está en libertad, radican en el salario mínimo establecido por ley.
El artículo 10 º del proyecto de ley establece que “el salario percibido por los internos no podrá ser inferior al 70% del salario mínimo vigente”, que actualmente asciende a G. 3.044.000, es decir, el salario mínimo de un interno sería de G. 2.130.800.
Igualmente, en la iniciativa legislativa se establecen las siguientes condiciones laborales a favor del interno:
- Jornada laboral máxima de ocho (8) horas diarias y cuarenta (40) horas semanales.
- Respeto a las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
- Pago de una remuneración justa conforme a la actividad realizada.
- Provisión de herramientas e insumos por parte del Estado o de los entes contratantes.
A fin de atraer empresas que quieran emplear a internos, la ley plantea incentivos fiscales (no se establecen montos específicos) y la expedición de Certificados de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que a su vez pueden servir para que estas empresas luego tengan ventaja en licitaciones y contratos estatales.
No obstante, su aprobación está en duda, ya que hasta ahora cuenta con un único dictamen, por el rechazo de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros.
La Cámara de Diputados incluyó como segundo punto del orden del día para este martes 13 el proyecto de ley del “programa de trabajo penitenciario autogestionado”, a fin de que los internos puedan tener una salida laboral mientras cumplen sus penas, pero siempre de manera voluntaria, es decir, la actividad laboral no puede ser impuesta.El proyecto de ley de la diputada Alexandra Zena (Cruzada Nacional) plantea un extenso marco normativo para reglar las actividades remuneradas dentro de las penitenciarías, así como ciertos “incentivos” tanto para empleadores como para internos que quieran acogerse al sistema y tener una fuente de ingreso lícito estando en prisión.En tal sentido, en el artículo 6 se señala la voluntariedad y la no explotación, es decir, obligando a que esté prohibida la imposición de este régimen.Algunas diferencias con cualquier trabajador del sector privado que está en libertad, radican en el salario mínimo establecido por ley. El artículo 10 º del proyecto de ley establece que “el salario percibido por los internos no podrá ser inferior al 70% del salario mínimo vigente”, que actualmente asciende a G. 3.044.000, es decir, el salario mínimo de un interno sería de G. 2.130.800.Igualmente, en la iniciativa legislativa se establecen las siguientes condiciones laborales a favor del interno:Jornada laboral máxima de ocho (8) horas diarias y cuarenta (40) horas semanales. Respeto a las normas de higiene y seguridad en el trabajo. Pago de una remuneración justa conforme a la actividad realizada. Provisión de herramientas e insumos por parte del Estado o de los entes contratantes.A fin de atraer empresas que quieran emplear a internos, la ley plantea incentivos fiscales (no se establecen montos específicos) y la expedición de Certificados de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que a su vez pueden servir para que estas empresas luego tengan ventaja en licitaciones y contratos estatales.No obstante, su aprobación está en duda, ya que hasta ahora cuenta con un único dictamen, por el rechazo de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros.
09 de octubre de 2026 a la – 19:32
Entre los primeros puntos del orden del día de la sesión ordinaria del próximo martes de la Cámara de Diputados figura para su tratamiento un proyecto para regular el trabajo remunerado dentro de las penitenciarías del país.
La Cámara de Diputados incluyó como segundo punto del orden del día para este martes 13 el proyecto de ley del “programa de trabajo penitenciario autogestionado”, a fin de que los internos puedan tener una salida laboral mientras cumplen sus penas, pero siempre de manera voluntaria, es decir, la actividad laboral no puede ser impuesta.
El proyecto de ley de la diputada Alexandra Zena (Cruzada Nacional) plantea un extenso marco normativo para reglar las actividades remuneradas dentro de las penitenciarías, así como ciertos “incentivos” tanto para empleadores como para internos que quieran acogerse al sistema y tener una fuente de ingreso lícito estando en prisión.
En tal sentido, en el artículo 6 se señala la voluntariedad y la no explotación, es decir, obligando a que esté prohibida la imposición de este régimen.
Algunas diferencias con cualquier trabajador del sector privado que está en libertad, radican en el salario mínimo establecido por ley.
El artículo 10 º del proyecto de ley establece que “el salario percibido por los internos no podrá ser inferior al 70% del salario mínimo vigente”, que actualmente asciende a G. 3.044.000, es decir, el salario mínimo de un interno sería de G. 2.130.800.
Igualmente, en la iniciativa legislativa se establecen las siguientes condiciones laborales a favor del interno:
- Jornada laboral máxima de ocho (8) horas diarias y cuarenta (40) horas semanales.
- Respeto a las normas de higiene y seguridad en el trabajo.
- Pago de una remuneración justa conforme a la actividad realizada.
- Provisión de herramientas e insumos por parte del Estado o de los entes contratantes.
A fin de atraer empresas que quieran emplear a internos, la ley plantea incentivos fiscales (no se establecen montos específicos) y la expedición de Certificados de Responsabilidad Social Empresarial (RSE), que a su vez pueden servir para que estas empresas luego tengan ventaja en licitaciones y contratos estatales.
No obstante, su aprobación está en duda, ya que hasta ahora cuenta con un único dictamen, por el rechazo de la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros.
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