El exministro de Hacienda Germán Rojas sostuvo en conversación con ABC que el aumento del déficit fiscal no debe analizarse solo como un efecto del reconocimiento de deudas acumuladas, sino como el reflejo de un desequilibrio estructural de las finanzas públicas.
Afirmó que el sinceramiento de las cuentas mejora la transparencia del Estado, pero advirtió que la sostenibilidad dependerá de la capacidad del Gobierno para aumentar ingresos y contener la presión del gasto. El economista plantea reformas tributarias, previsionales y una revisión de la regla fiscal.
La entrevista fue concedida por el economista Rojas ya que este martes, el MEF informó que ajustó su hoja de ruta fiscal y reconoció que el déficit aumentará en los dos años venideros.
– El MEF sostiene que el aumento del déficit responde al reconocimiento de deudas acumuladas y no a un incremento del gasto corriente. ¿Esa explicación cambia la evaluación de la situación fiscal?
– La explicación importa porque ordena la conversación, pero desde la perspectiva de la sostenibilidad de las finanzas públicas el resultado termina siendo el mismo. Reconocer una deuda contraída en ejercicios anteriores no la crea; simplemente la coloca en el registro donde siempre debió estar. Habiendo pasado por el Ministerio, sé que reconocer deudas heredadas nunca es una decisión cómoda, y valoro que se haga. Pero también sé que los mercados y las calificadoras no evalúan la fotografía del punto cero: evalúan la película.
Y la película es una brecha estructural que se viene reproduciendo ejercicio tras ejercicio. Un dato que la sintetiza: el ratio interés/ingresos que Moody’s ubicó en 13,1% para Paraguay en 2025, contra una mediana de 11,8% en la categoría Baa3. Ese diferencial no lo cierra el sinceramiento contable; lo cierra la capacidad futura de generar ingresos consistentes con la trayectoria del gasto. Por eso mi lectura es que el sinceramiento es necesario pero no es la solución: es la puerta de entrada al trabajo que viene.
Deudas del Estado podrían revelar un problema fiscal estructural, advierte exministro
– El Gobierno prevé emitir más deuda y asegura que el endeudamiento permanecerá por debajo del 40% del PIB. ¿Es todavía prudente?
– El nivel de deuda, tomado en frío, sigue siendo prudente. Paraguay se ubica en torno al 42% del PIB —Moody’s lo confirmó en julio— muy por debajo de la mediana Baa3 de 59%. Ese margen es real y hay que aprovecharlo con responsabilidad. También hay que reconocer algo que se pierde en el debate: el aumento asociado a la deuda flotante corresponde en buena parte a compromisos de inversión pública y salud —proveedores farmacéuticos, obras, contratos ejecutados— y no a gasto corriente estructural nuevo. Endeudarse para cerrar obras o mantener la cadena de suministro de medicamentos es distinto a endeudarse para pagar salarios sin contrapartida.
Dicho eso, lo que debe preocupar es la mecánica que genera este incremento. Estamos frente al resultado de una brecha permanente y estructural entre la demanda de bienes públicos y una recaudación que no acompaña. Mientras esa brecha no se cierre, el nivel de deuda va a seguir presionando al alza y la velocidad de acumulación se convierte en el problema real, mucho más que el nivel del stock. El nivel es prudente hoy; la trayectoria no lo es.
– Si el déficit aumentará hasta 3,9% del PIB en 2027, ¿qué tan creíble es volver al 1,5% en 2028?
Con la información pública disponible, la meta de 1,5% en un solo ejercicio es muy exigente. Y voy a ser directo: no veo motivo técnico para que la convergencia deba darse exactamente en 2028. Apurar la convergencia a un año calendario específico genera un estrés innecesario, obliga a decisiones subóptimas de recorte y termina generando compromisos que después no se pueden sostener. Pasé por esa disyuntiva más de una vez cuando era ministro. La convergencia va a ocurrir cuando exista un plan que ajuste la mayor demanda de bienes públicos a una nueva trayectoria de ingresos fiscales sostenible.
Ese plan requiere al menos tres piezas concretas: una reforma tributaria integral que amplíe la base de ingresos, una reforma del gasto rígido —empezando por el previsional, donde la Ley 7633/2026 apenas resuelve la mitad del problema de la Caja Fiscal—, y una regla fiscal actualizada con cláusulas de escape explícitas y horizonte plurianual, no anual. Si esas tres piezas están, el compromiso es creíble aunque la fecha sea 2029 o 2030 en vez de 2028. Si no están, la meta 2028 se posterga como ya se han postergado metas anteriores.
– El ministro descartó nuevos impuestos y planteó revisar exoneraciones. ¿Alcanza o el Gobierno enfrentará presión para una reforma más amplia?
– Con todo respeto por el planteo del ministro, mi convicción es que no alcanza. Tenemos que ser realistas sobre la magnitud del problema. Paraguay tiene una presión tributaria en torno al 14,3% del PIB —Moody’s lo confirma— muy por debajo de la mediana regional. Chile está en 21%, Uruguay en 25%, Argentina por encima de 30%. Esa comparación desmiente uno de los argumentos que más se escucha: que subir impuestos nos haría perder competitividad. Estamos tan por debajo del resto de la región que hay muchísimo espacio para aumentar la recaudación y seguir siendo atractivos para el inversor local e internacional.
Revisar exoneraciones es técnicamente correcto y lo apoyo: el paquete de septiembre de 2025 —las Leyes 7.548, 7.547 y 7.546— tiene que ser auditado públicamente para saber si la contrapartida en inversión y empleo justifica el costo fiscal. Pero incluso una auditoría exhaustiva no cubre por sí sola las necesidades futuras. Cada punto adicional del PIB equivale a alrededor de US$ 600 millones, y la agenda que tenemos por delante —Caja Fiscal, atrasos, infraestructura, salud, seguridad— requiere mucho más que un punto o dos. Una reforma tributaria amplia y bien diseñada, con contrapartida verificable de bienes públicos, es necesaria. La postergación tiene costos crecientes.
MEF descarta nuevos impuestos y anuncia revisión de exoneraciones para fortalecer la recaudación
– ¿Lo ocurrido revela una falla de administración o debilidades estructurales en el control del gasto público?
– Hay que reconocer las dos cosas. La falla de administración existe —no sirve de nada negarla— y algunas responsabilidades específicas van a estar identificadas cuando termine el trabajo de sinceramiento. Pero mi lectura es que la explicación central es estructural. Cualquier administración que hubiese estado al frente enfrentaría el mismo problema de fondo, quizás con distinta magnitud o distinto momento de expresión. Yo lo viví en primera persona: cada ministro tiene que decidir en meses críticos si posterga pagos, si emite, o si recorta ejecución.
El problema estructural es la brecha entre los ingresos fiscales y la demanda creciente de bienes públicos. Esa brecha ronda el 2% del PIB de manera permanente y se reproduce ejercicio tras ejercicio, porque el gasto crece 8–10% nominal mientras la recaudación tiene un techo condicionado por una informalidad laboral cercana al 60%. Cuando ese desequilibrio se acumula, aparecen los atrasos, la deuda flotante, las obligaciones sin respaldo. Son la manifestación, no la causa. Fortalecer controles ayuda; resolver la brecha estructural es lo que evita que el mismo escenario se repita en el próximo gobierno.
– El Gobierno afirma que está sincerando las cuentas públicas. ¿Fortalece o debilita la credibilidad?
– Refuerza la credibilidad, y quiero ser categórico en este punto porque a veces se lee al revés. Los mercados internacionales y los actores económicos locales valoran mucho más a un gobierno que reconoce errores —los errores pueden ocurrir, es difícil pensar en administraciones donde no existan— que a uno que los esconde. La opacidad se descubre siempre; el costo reputacional de esconder es mayor que el de reconocer. Un dato muy elocuente: Moody’s afirmó el rating Baa3 con perspectiva estable el 17 de julio de 2026, exactamente en el momento en que el gobierno estaba reconociendo el nivel real de atrasos. Si el mercado hubiese leído el sinceramiento como una señal negativa, la reacción de la calificadora habría sido distinta.
Ahora, un matiz importante: el sinceramiento no fortalece por sí solo. Es un paso, una condición necesaria pero no suficiente para consolidar la credibilidad fiscal. Si va acompañado de reformas creíbles —tributaria integral, revisión de la regla fiscal, reforma previsional más profunda— la credibilidad se consolida y el país gana espacio para financiarse en mejores condiciones. Si viene sin plan, se convierte en un ejercicio contable sin continuidad y el mercado va a leer el próximo shock con menos paciencia.
– Si usted fuera hoy ministro, ¿mantendría la decisión de elevar el déficit para pagar deudas o priorizaría la regla fiscal aunque implique postergar pagos?
– Es una pregunta que me toca directamente porque pasé por decisiones muy parecidas cuando fui ministro. Voy a ser franco: siempre es importante pagar las deudas y siempre es importante tener un horizonte de convergencia creíble. Pero la disyuntiva pagar-versus-regla es en buena medida una falsa disyuntiva. Pagar las deudas no implica automáticamente incumplir la regla fiscal, y cumplir la regla al costo de postergar pagos legítimos a proveedores termina generando problemas mayores en la cadena productiva y en la confianza institucional. Yo mantendría la decisión de pagar las deudas con emisión ordenada y calendarizada, mientras avanzo en paralelo con una reforma tributaria integral y una revisión de la regla fiscal.
MEF apunta al 2028 para volver al déficit fiscal 1,5%
Sobre la regla, quiero ser preciso: es un instrumento que ha aportado disciplina desde su vigencia y que hay que preservar como diseño básico. Pero necesariamente debe revisarse para incorporar mejores prácticas de política fiscal. Concretamente propondría tres ajustes: cláusulas de escape explícitas para shocks severos, un balance estructural cíclicamente ajustado en lugar del promedio anual, y un fondo de estabilización de rentas para los años positivos. Con esas piezas el país puede pagar sus deudas, cumplir una regla mejor calibrada y ganar credibilidad al mismo tiempo.
El exministro de Hacienda Germán Rojas sostuvo en conversación con ABC que el aumento del déficit fiscal no debe analizarse solo como un efecto del reconocimiento de deudas acumuladas, sino como el reflejo de un desequilibrio estructural de las finanzas públicas. Afirmó que el sinceramiento de las cuentas mejora la transparencia del Estado, pero advirtió que la sostenibilidad dependerá de la capacidad del Gobierno para aumentar ingresos y contener la presión del gasto. El economista plantea reformas tributarias, previsionales y una revisión de la regla fiscal.La entrevista fue concedida por el economista Rojas ya que este martes, el MEF informó que ajustó su hoja de ruta fiscal y reconoció que el déficit aumentará en los dos años venideros.- El MEF sostiene que el aumento del déficit responde al reconocimiento de deudas acumuladas y no a un incremento del gasto corriente. ¿Esa explicación cambia la evaluación de la situación fiscal?- La explicación importa porque ordena la conversación, pero desde la perspectiva de la sostenibilidad de las finanzas públicas el resultado termina siendo el mismo. Reconocer una deuda contraída en ejercicios anteriores no la crea; simplemente la coloca en el registro donde siempre debió estar. Habiendo pasado por el Ministerio, sé que reconocer deudas heredadas nunca es una decisión cómoda, y valoro que se haga. Pero también sé que los mercados y las calificadoras no evalúan la fotografía del punto cero: evalúan la película.Y la película es una brecha estructural que se viene reproduciendo ejercicio tras ejercicio. Un dato que la sintetiza: el ratio interés/ingresos que Moody’s ubicó en 13,1% para Paraguay en 2025, contra una mediana de 11,8% en la categoría Baa3. Ese diferencial no lo cierra el sinceramiento contable; lo cierra la capacidad futura de generar ingresos consistentes con la trayectoria del gasto. Por eso mi lectura es que el sinceramiento es necesario pero no es la solución: es la puerta de entrada al trabajo que viene.Deudas del Estado podrían revelar un problema fiscal estructural, advierte exministro – El Gobierno prevé emitir más deuda y asegura que el endeudamiento permanecerá por debajo del 40% del PIB. ¿Es todavía prudente?- El nivel de deuda, tomado en frío, sigue siendo prudente. Paraguay se ubica en torno al 42% del PIB —Moody’s lo confirmó en julio— muy por debajo de la mediana Baa3 de 59%. Ese margen es real y hay que aprovecharlo con responsabilidad. También hay que reconocer algo que se pierde en el debate: el aumento asociado a la deuda flotante corresponde en buena parte a compromisos de inversión pública y salud —proveedores farmacéuticos, obras, contratos ejecutados— y no a gasto corriente estructural nuevo. Endeudarse para cerrar obras o mantener la cadena de suministro de medicamentos es distinto a endeudarse para pagar salarios sin contrapartida.Dicho eso, lo que debe preocupar es la mecánica que genera este incremento. Estamos frente al resultado de una brecha permanente y estructural entre la demanda de bienes públicos y una recaudación que no acompaña. Mientras esa brecha no se cierre, el nivel de deuda va a seguir presionando al alza y la velocidad de acumulación se convierte en el problema real, mucho más que el nivel del stock. El nivel es prudente hoy; la trayectoria no lo es.- Si el déficit aumentará hasta 3,9% del PIB en 2027, ¿qué tan creíble es volver al 1,5% en 2028?Con la información pública disponible, la meta de 1,5% en un solo ejercicio es muy exigente. Y voy a ser directo: no veo motivo técnico para que la convergencia deba darse exactamente en 2028. Apurar la convergencia a un año calendario específico genera un estrés innecesario, obliga a decisiones subóptimas de recorte y termina generando compromisos que después no se pueden sostener. Pasé por esa disyuntiva más de una vez cuando era ministro. La convergencia va a ocurrir cuando exista un plan que ajuste la mayor demanda de bienes públicos a una nueva trayectoria de ingresos fiscales sostenible.Ese plan requiere al menos tres piezas concretas: una reforma tributaria integral que amplíe la base de ingresos, una reforma del gasto rígido —empezando por el previsional, donde la Ley 7633/2026 apenas resuelve la mitad del problema de la Caja Fiscal—, y una regla fiscal actualizada con cláusulas de escape explícitas y horizonte plurianual, no anual. Si esas tres piezas están, el compromiso es creíble aunque la fecha sea 2029 o 2030 en vez de 2028. Si no están, la meta 2028 se posterga como ya se han postergado metas anteriores.- El ministro descartó nuevos impuestos y planteó revisar exoneraciones. ¿Alcanza o el Gobierno enfrentará presión para una reforma más amplia?- Con todo respeto por el planteo del ministro, mi convicción es que no alcanza. Tenemos que ser realistas sobre la magnitud del problema. Paraguay tiene una presión tributaria en torno al 14,3% del PIB —Moody’s lo confirma— muy por debajo de la mediana regional. Chile está en 21%, Uruguay en 25%, Argentina por encima de 30%. Esa comparación desmiente uno de los argumentos que más se escucha: que subir impuestos nos haría perder competitividad. Estamos tan por debajo del resto de la región que hay muchísimo espacio para aumentar la recaudación y seguir siendo atractivos para el inversor local e internacional.Revisar exoneraciones es técnicamente correcto y lo apoyo: el paquete de septiembre de 2025 —las Leyes 7.548, 7.547 y 7.546— tiene que ser auditado públicamente para saber si la contrapartida en inversión y empleo justifica el costo fiscal. Pero incluso una auditoría exhaustiva no cubre por sí sola las necesidades futuras. Cada punto adicional del PIB equivale a alrededor de US$ 600 millones, y la agenda que tenemos por delante —Caja Fiscal, atrasos, infraestructura, salud, seguridad— requiere mucho más que un punto o dos. Una reforma tributaria amplia y bien diseñada, con contrapartida verificable de bienes públicos, es necesaria. La postergación tiene costos crecientes.MEF descarta nuevos impuestos y anuncia revisión de exoneraciones para fortalecer la recaudación- ¿Lo ocurrido revela una falla de administración o debilidades estructurales en el control del gasto público?- Hay que reconocer las dos cosas. La falla de administración existe —no sirve de nada negarla— y algunas responsabilidades específicas van a estar identificadas cuando termine el trabajo de sinceramiento. Pero mi lectura es que la explicación central es estructural. Cualquier administración que hubiese estado al frente enfrentaría el mismo problema de fondo, quizás con distinta magnitud o distinto momento de expresión. Yo lo viví en primera persona: cada ministro tiene que decidir en meses críticos si posterga pagos, si emite, o si recorta ejecución.El problema estructural es la brecha entre los ingresos fiscales y la demanda creciente de bienes públicos. Esa brecha ronda el 2% del PIB de manera permanente y se reproduce ejercicio tras ejercicio, porque el gasto crece 8–10% nominal mientras la recaudación tiene un techo condicionado por una informalidad laboral cercana al 60%. Cuando ese desequilibrio se acumula, aparecen los atrasos, la deuda flotante, las obligaciones sin respaldo. Son la manifestación, no la causa. Fortalecer controles ayuda; resolver la brecha estructural es lo que evita que el mismo escenario se repita en el próximo gobierno.- El Gobierno afirma que está sincerando las cuentas públicas. ¿Fortalece o debilita la credibilidad?- Refuerza la credibilidad, y quiero ser categórico en este punto porque a veces se lee al revés. Los mercados internacionales y los actores económicos locales valoran mucho más a un gobierno que reconoce errores —los errores pueden ocurrir, es difícil pensar en administraciones donde no existan— que a uno que los esconde. La opacidad se descubre siempre; el costo reputacional de esconder es mayor que el de reconocer. Un dato muy elocuente: Moody’s afirmó el rating Baa3 con perspectiva estable el 17 de julio de 2026, exactamente en el momento en que el gobierno estaba reconociendo el nivel real de atrasos. Si el mercado hubiese leído el sinceramiento como una señal negativa, la reacción de la calificadora habría sido distinta.Ahora, un matiz importante: el sinceramiento no fortalece por sí solo. Es un paso, una condición necesaria pero no suficiente para consolidar la credibilidad fiscal. Si va acompañado de reformas creíbles —tributaria integral, revisión de la regla fiscal, reforma previsional más profunda— la credibilidad se consolida y el país gana espacio para financiarse en mejores condiciones. Si viene sin plan, se convierte en un ejercicio contable sin continuidad y el mercado va a leer el próximo shock con menos paciencia.MEF prevé nueva deuda para pagar a proveedores y afirma que deuda pública seguirá bajo el 40% del PIB- Si usted fuera hoy ministro, ¿mantendría la decisión de elevar el déficit para pagar deudas o priorizaría la regla fiscal aunque implique postergar pagos?- Es una pregunta que me toca directamente porque pasé por decisiones muy parecidas cuando fui ministro. Voy a ser franco: siempre es importante pagar las deudas y siempre es importante tener un horizonte de convergencia creíble. Pero la disyuntiva pagar-versus-regla es en buena medida una falsa disyuntiva. Pagar las deudas no implica automáticamente incumplir la regla fiscal, y cumplir la regla al costo de postergar pagos legítimos a proveedores termina generando problemas mayores en la cadena productiva y en la confianza institucional. Yo mantendría la decisión de pagar las deudas con emisión ordenada y calendarizada, mientras avanzo en paralelo con una reforma tributaria integral y una revisión de la regla fiscal.MEF apunta al 2028 para volver al déficit fiscal 1,5%Sobre la regla, quiero ser preciso: es un instrumento que ha aportado disciplina desde su vigencia y que hay que preservar como diseño básico. Pero necesariamente debe revisarse para incorporar mejores prácticas de política fiscal. Concretamente propondría tres ajustes: cláusulas de escape explícitas para shocks severos, un balance estructural cíclicamente ajustado en lugar del promedio anual, y un fondo de estabilización de rentas para los años positivos. Con esas piezas el país puede pagar sus deudas, cumplir una regla mejor calibrada y ganar credibilidad al mismo tiempo.
El exministro de Hacienda Germán Rojas sostuvo en conversación con ABC que el aumento del déficit fiscal no debe analizarse solo como un efecto del reconocimiento de deudas acumuladas, sino como el reflejo de un desequilibrio estructural de las finanzas públicas.
Afirmó que el sinceramiento de las cuentas mejora la transparencia del Estado, pero advirtió que la sostenibilidad dependerá de la capacidad del Gobierno para aumentar ingresos y contener la presión del gasto. El economista plantea reformas tributarias, previsionales y una revisión de la regla fiscal.
La entrevista fue concedida por el economista Rojas ya que este martes, el MEF informóque ajustó su hoja de ruta fiscal y reconoció que el déficit aumentará en los dos años venideros.
– El MEF sostiene que el aumento del déficit responde al reconocimiento de deudas acumuladas y no a un incremento del gasto corriente. ¿Esa explicación cambia la evaluación de la situación fiscal?
– La explicación importa porque ordena la conversación, pero desde la perspectiva de la sostenibilidad de las finanzas públicas el resultado termina siendo el mismo. Reconocer una deuda contraída en ejercicios anteriores no la crea; simplemente la coloca en el registro donde siempre debió estar. Habiendo pasado por el Ministerio, sé que reconocer deudas heredadas nunca es una decisión cómoda, y valoro que se haga. Pero también sé que los mercados y las calificadoras no evalúan la fotografía del punto cero: evalúan la película.
Y la película es una brecha estructural que se viene reproduciendo ejercicio tras ejercicio. Un dato que la sintetiza: el ratio interés/ingresos que Moody’s ubicó en 13,1% para Paraguay en 2025, contra una mediana de 11,8% en la categoría Baa3. Ese diferencial no lo cierra el sinceramiento contable; lo cierra la capacidad futura de generar ingresos consistentes con la trayectoria del gasto. Por eso mi lectura es que el sinceramiento es necesario pero no es la solución: es la puerta de entrada al trabajo que viene.
Lea más: Deudas del Estado podrían revelar un problema fiscal estructural, advierte exministro
– El Gobierno prevé emitir más deuda y asegura que el endeudamiento permanecerá por debajo del 40% del PIB. ¿Es todavía prudente?
– El nivel de deuda, tomado en frío, sigue siendo prudente. Paraguay se ubica en torno al 42% del PIB —Moody’s lo confirmó en julio— muy por debajo de la mediana Baa3 de 59%. Ese margen es real y hay que aprovecharlo con responsabilidad. También hay que reconocer algo que se pierde en el debate: el aumento asociado a la deuda flotante corresponde en buena parte a compromisos de inversión pública y salud —proveedores farmacéuticos, obras, contratos ejecutados— y no a gasto corriente estructural nuevo. Endeudarse para cerrar obras o mantener la cadena de suministro de medicamentos es distinto a endeudarse para pagar salarios sin contrapartida.
Dicho eso, lo que debe preocupar es la mecánica que genera este incremento. Estamos frente al resultado de una brecha permanente y estructural entre la demanda de bienes públicos y una recaudación que no acompaña. Mientras esa brecha no se cierre, el nivel de deuda va a seguir presionando al alza y la velocidad de acumulación se convierte en el problema real, mucho más que el nivel del stock. El nivel es prudente hoy; la trayectoria no lo es.
– Si el déficit aumentará hasta 3,9% del PIB en 2027, ¿qué tan creíble es volver al 1,5% en 2028?
Con la información pública disponible, la meta de 1,5% en un solo ejercicio es muy exigente. Y voy a ser directo: no veo motivo técnico para que la convergencia deba darse exactamente en 2028. Apurar la convergencia a un año calendario específico genera un estrés innecesario, obliga a decisiones subóptimas de recorte y termina generando compromisos que después no se pueden sostener. Pasé por esa disyuntiva más de una vez cuando era ministro. La convergencia va a ocurrir cuando exista un plan que ajuste la mayor demanda de bienes públicos a una nueva trayectoria de ingresos fiscales sostenible.
Ese plan requiere al menos tres piezas concretas: una reforma tributaria integral que amplíe la base de ingresos, una reforma del gasto rígido —empezando por el previsional, donde la Ley 7633/2026 apenas resuelve la mitad del problema de la Caja Fiscal—, y una regla fiscal actualizada con cláusulas de escape explícitas y horizonte plurianual, no anual. Si esas tres piezas están, el compromiso es creíble aunque la fecha sea 2029 o 2030 en vez de 2028. Si no están, la meta 2028 se posterga como ya se han postergado metas anteriores.
– El ministro descartó nuevos impuestos y planteó revisar exoneraciones. ¿Alcanza o el Gobierno enfrentará presión para una reforma más amplia?
– Con todo respeto por el planteo del ministro, mi convicción es que no alcanza. Tenemos que ser realistas sobre la magnitud del problema. Paraguay tiene una presión tributaria en torno al 14,3% del PIB —Moody’s lo confirma— muy por debajo de la mediana regional. Chile está en 21%, Uruguay en 25%, Argentina por encima de 30%. Esa comparación desmiente uno de los argumentos que más se escucha: que subir impuestos nos haría perder competitividad. Estamos tan por debajo del resto de la región que hay muchísimo espacio para aumentar la recaudación y seguir siendo atractivos para el inversor local e internacional.
Revisar exoneraciones es técnicamente correcto y lo apoyo: el paquete de septiembre de 2025 —las Leyes 7.548, 7.547 y 7.546— tiene que ser auditado públicamente para saber si la contrapartida en inversión y empleo justifica el costo fiscal. Pero incluso una auditoría exhaustiva no cubre por sí sola las necesidades futuras. Cada punto adicional del PIB equivale a alrededor de US$ 600 millones, y la agenda que tenemos por delante —Caja Fiscal, atrasos, infraestructura, salud, seguridad— requiere mucho más que un punto o dos. Una reforma tributaria amplia y bien diseñada, con contrapartida verificable de bienes públicos, es necesaria. La postergación tiene costos crecientes.
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– ¿Lo ocurrido revela una falla de administración o debilidades estructurales en el control del gasto público?
– Hay que reconocer las dos cosas. La falla de administración existe —no sirve de nada negarla— y algunas responsabilidades específicas van a estar identificadas cuando termine el trabajo de sinceramiento. Pero mi lectura es que la explicación central es estructural. Cualquier administración que hubiese estado al frente enfrentaría el mismo problema de fondo, quizás con distinta magnitud o distinto momento de expresión. Yo lo viví en primera persona: cada ministro tiene que decidir en meses críticos si posterga pagos, si emite, o si recorta ejecución.
El problema estructural es la brecha entre los ingresos fiscales y la demanda creciente de bienes públicos. Esa brecha ronda el 2% del PIB de manera permanente y se reproduce ejercicio tras ejercicio, porque el gasto crece 8–10% nominal mientras la recaudación tiene un techo condicionado por una informalidad laboral cercana al 60%. Cuando ese desequilibrio se acumula, aparecen los atrasos, la deuda flotante, las obligaciones sin respaldo. Son la manifestación, no la causa. Fortalecer controles ayuda; resolver la brecha estructural es lo que evita que el mismo escenario se repita en el próximo gobierno.
– El Gobierno afirma que está sincerando las cuentas públicas. ¿Fortalece o debilita la credibilidad?
– Refuerza la credibilidad, y quiero ser categórico en este punto porque a veces se lee al revés. Los mercados internacionales y los actores económicos locales valoran mucho más a un gobierno que reconoce errores —los errores pueden ocurrir, es difícil pensar en administraciones donde no existan— que a uno que los esconde. La opacidad se descubre siempre; el costo reputacional de esconder es mayor que el de reconocer. Un dato muy elocuente: Moody’s afirmó el rating Baa3 con perspectiva estable el 17 de julio de 2026, exactamente en el momento en que el gobierno estaba reconociendo el nivel real de atrasos. Si el mercado hubiese leído el sinceramiento como una señal negativa, la reacción de la calificadora habría sido distinta.
Ahora, un matiz importante: el sinceramiento no fortalece por sí solo. Es un paso, una condición necesaria pero no suficiente para consolidar la credibilidad fiscal. Si va acompañado de reformas creíbles —tributaria integral, revisión de la regla fiscal, reforma previsional más profunda— la credibilidad se consolida y el país gana espacio para financiarse en mejores condiciones. Si viene sin plan, se convierte en un ejercicio contable sin continuidad y el mercado va a leer el próximo shock con menos paciencia.
– Si usted fuera hoy ministro, ¿mantendría la decisión de elevar el déficit para pagar deudas o priorizaría la regla fiscal aunque implique postergar pagos?
– Es una pregunta que me toca directamente porque pasé por decisiones muy parecidas cuando fui ministro. Voy a ser franco: siempre es importante pagar las deudas y siempre es importante tener un horizonte de convergencia creíble. Pero la disyuntiva pagar-versus-regla es en buena medida una falsa disyuntiva. Pagar las deudas no implica automáticamente incumplir la regla fiscal, y cumplir la regla al costo de postergar pagos legítimos a proveedores termina generando problemas mayores en la cadena productiva y en la confianza institucional. Yo mantendría la decisión de pagar las deudas con emisión ordenada y calendarizada, mientras avanzo en paralelo con una reforma tributaria integral y una revisión de la regla fiscal.
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Sobre la regla, quiero ser preciso: es un instrumento que ha aportado disciplina desde su vigencia y que hay que preservar como diseño básico. Pero necesariamente debe revisarse para incorporar mejores prácticas de política fiscal. Concretamente propondría tres ajustes: cláusulas de escape explícitas para shocks severos, un balance estructural cíclicamente ajustado en lugar del promedio anual, y un fondo de estabilización de rentas para los años positivos. Con esas piezas el país puede pagar sus deudas, cumplir una regla mejor calibrada y ganar credibilidad al mismo tiempo.
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