La docente del departamento Central, Carmen Molas, expuso ante la Comisión Especial del Senado que investiga la trama delictiva denominada “mafia de los pagarés” uno de los casos que, según el órgano legislativo, presidido por el senador Rafael Filizzola (PDP), refleja el funcionamiento de un presunto esquema de endeudamiento que afectó principalmente a docentes, enfermeras y funcionarios públicos mediante descuentos compulsivos sobre sus salarios.
Su testimonio apunta contra Nueva Visión S.A., empresa que figura entre las más mencionadas por las víctimas que denunciaron operaciones de venta de electrodomésticos y créditos cuyos montos finales terminaron siendo muy superiores a los originalmente ofrecidos.
Molas relató que vendedores de la empresa recorrían escuelas ofreciendo pequeños préstamos en efectivo junto con la venta de electrodomésticos.
En su caso, aceptó adquirir una placa de inducción. Según explicó, el vendedor le aseguró que el costo total sería de G. 2.880.000.
Sin embargo, años después, al revisar la documentación en la Comisión Especial del Senado, descubrió que figuraban cinco autorizaciones de descuentos y cinco boletas por G. 2.880.000 cada una, como si hubiese comprado cinco placas de inducción el mismo día.
«Terminé pagando G. 14.400.000 por una sola placa de inducción“, denunció la educadora.
La docente sostuvo además que la empresa le entregó un termo como obsequio, pero posteriormente encontró que en la documentación figuraba un juego de termos incluido dentro de la operación comercial.
“Al final era un termo de oro prácticamente”, expresó al relatar cómo el costo de los productos terminó multiplicándose.
“Ya pagué G. 50 millones y todavía dicen que debo G. 21 millones”
La docente afirmó que, a lo largo de varios años, fue adquiriendo distintos electrodomésticos de bajo valor, entre ellos jarras eléctricas, hornos eléctricos, ventiladores de techo y placas de inducción. Todos los pagos se realizaron mediante descuentos directos de su salario.
Según su denuncia, hasta la fecha ya abonó aproximadamente G. 50 millones, pero la empresa sostiene que aún mantiene una deuda superior a G. 21 millones. “Mis descuentos nunca terminaban y quería saber por qué seguían descontándome compulsivamente”, manifestó.
Molas señaló que cuando consultó a representantes de la empresa por las inconsistencias detectadas, éstos negaron que existiera alguna irregularidad.
Llamado de alerta a otros docentes
Durante su declaración, la educadora pidió que otros trabajadores revisen cuidadosamente toda la documentación antes de firmar contratos. “Que uno haya firmado documentos no significa que haya existido información clara ni consentimiento informado”, sostuvo.
También recomendó solicitar siempre copias de los formularios, autorizaciones de descuentos y pagarés, advirtiendo que muchas personas firman documentos sin conocer posteriormente el alcance de las obligaciones que están asumiendo.
Patrón investigado por la Comisión
De acuerdo con los antecedentes analizados por la Comisión Especial del Senado, el caso de Carmen Molas no sería aislado.
Los investigadores sostienen que en numerosas operaciones se observa un patrón repetitivo consistente en:
- fraccionamiento de autorizaciones de descuento salarial;
- utilización de pagarés firmados en blanco;
- emisión de múltiples documentos sobre una misma operación comercial;
- posteriores ejecuciones judiciales de los pagarés.
Según el informe, estas prácticas habrían derivado en deudas que crecieron muy por encima del valor real de los bienes efectivamente entregados.
Otro caso con el mismo esquema
La Comisión Especial del Senado también analizó la situación de la docente Diana Paniagua, del departamento de San Pedro, cuyo caso presenta características similares al denunciado por Carmen Molas.
De acuerdo con la documentación examinada, Paniagua adquirió un ventilador de techo, un juego de termos y un bono por una deuda total de G. 1.800.000. Sin embargo, esa única operación habría sido multiplicada mediante cinco autorizaciones de descuento, incrementando las obligaciones derivadas de la compra.
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores es que las boletas de descuento presentan una numeración prácticamente consecutiva: 0198221, 0198222, 0198223, 0198224 y 0198351, todas emitidas en la misma fecha. Para la Comisión, esta secuencia constituye un indicio que podría evidenciar un patrón de duplicación o multiplicación de descuentos, aspecto que consideran merece una investigación exhaustiva para determinar si se trata de una práctica sistemática.
Este nuevo antecedente fortalece la hipótesis de que el mecanismo denunciado por Carmen Molas no sería un hecho aislado, sino que podría formar parte de un esquema aplicado a otros docentes afectados por operaciones similares.
Los mismos propietarios aparecen en tres empresas del mismo rubro
La investigación también pone el foco sobre la estructura empresarial detrás de estas operaciones.
De acuerdo con registros de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas del Ministerio de Economía y Finanzas, Edgar Andrés Otazo Gómez y Julia del Rosario López de Otazo figuran como propietarios de Nueva Visión S.A., pero también aparecen como accioni
stas y directivos de NDL S.A. y Fast Credit S.A.
Las tres sociedades presentan una composición accionaria prácticamente idéntica, comparten la misma actividad comercial y mantienen una estructura administrativa vinculada.
Lea más: “Mafia de los pagarés”: Defensa Pública lanza jornadas de atención gratuita a afectados
Según mencionan asesores de la comisión especial del Senado, coordinado por Diana Vargas, esta conformación revela una estructura empresarial interconectada que opera dentro del mismo segmento de negocios bajo una dirección común.
Además, la Comisión señala que varias ejecuciones judiciales de pagarés vinculadas a estas empresas habrían sido promovidas por un mismo particular, situación que forma parte de las líneas abiertas de investigación para determinar la dimensión del esquema denunciado.
La docente del departamento Central, Carmen Molas, expuso ante la Comisión Especial del Senado que investiga la trama delictiva denominada “mafia de los pagarés” uno de los casos que, según el órgano legislativo, presidido por el senador Rafael Filizzola (PDP), refleja el funcionamiento de un presunto esquema de endeudamiento que afectó principalmente a docentes, enfermeras y funcionarios públicos mediante descuentos compulsivos sobre sus salarios.Su testimonio apunta contra Nueva Visión S.A., empresa que figura entre las más mencionadas por las víctimas que denunciaron operaciones de venta de electrodomésticos y créditos cuyos montos finales terminaron siendo muy superiores a los originalmente ofrecidos.Molas relató que vendedores de la empresa recorrían escuelas ofreciendo pequeños préstamos en efectivo junto con la venta de electrodomésticos.En su caso, aceptó adquirir una placa de inducción. Según explicó, el vendedor le aseguró que el costo total sería de G. 2.880.000.Sin embargo, años después, al revisar la documentación en la Comisión Especial del Senado, descubrió que figuraban cinco autorizaciones de descuentos y cinco boletas por G. 2.880.000 cada una, como si hubiese comprado cinco placas de inducción el mismo día.»Terminé pagando G. 14.400.000 por una sola placa de inducción“, denunció la educadora.La docente sostuvo además que la empresa le entregó un termo como obsequio, pero posteriormente encontró que en la documentación figuraba un juego de termos incluido dentro de la operación comercial.“Al final era un termo de oro prácticamente”, expresó al relatar cómo el costo de los productos terminó multiplicándose.“Ya pagué G. 50 millones y todavía dicen que debo G. 21 millones”La docente afirmó que, a lo largo de varios años, fue adquiriendo distintos electrodomésticos de bajo valor, entre ellos jarras eléctricas, hornos eléctricos, ventiladores de techo y placas de inducción. Todos los pagos se realizaron mediante descuentos directos de su salario.Lea más: Mafia de pagarés: coordinadora advierte que el esquema ahora despoja tierras y viviendas de campesinosSegún su denuncia, hasta la fecha ya abonó aproximadamente G. 50 millones, pero la empresa sostiene que aún mantiene una deuda superior a G. 21 millones. “Mis descuentos nunca terminaban y quería saber por qué seguían descontándome compulsivamente”, manifestó.Molas señaló que cuando consultó a representantes de la empresa por las inconsistencias detectadas, éstos negaron que existiera alguna irregularidad.Llamado de alerta a otros docentesDurante su declaración, la educadora pidió que otros trabajadores revisen cuidadosamente toda la documentación antes de firmar contratos. “Que uno haya firmado documentos no significa que haya existido información clara ni consentimiento informado”, sostuvo.También recomendó solicitar siempre copias de los formularios, autorizaciones de descuentos y pagarés, advirtiendo que muchas personas firman documentos sin conocer posteriormente el alcance de las obligaciones que están asumiendo.Patrón investigado por la ComisiónDe acuerdo con los antecedentes analizados por la Comisión Especial del Senado, el caso de Carmen Molas no sería aislado.Los investigadores sostienen que en numerosas operaciones se observa un patrón repetitivo consistente en:fraccionamiento de autorizaciones de descuento salarial; utilización de pagarés firmados en blanco; emisión de múltiples documentos sobre una misma operación comercial; posteriores ejecuciones judiciales de los pagarés. Según el informe, estas prácticas habrían derivado en deudas que crecieron muy por encima del valor real de los bienes efectivamente entregados.Otro caso con el mismo esquemaLa Comisión Especial del Senado también analizó la situación de la docente Diana Paniagua, del departamento de San Pedro, cuyo caso presenta características similares al denunciado por Carmen Molas.De acuerdo con la documentación examinada, Paniagua adquirió un ventilador de techo, un juego de termos y un bono por una deuda total de G. 1.800.000. Sin embargo, esa única operación habría sido multiplicada mediante cinco autorizaciones de descuento, incrementando las obligaciones derivadas de la compra.Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores es que las boletas de descuento presentan una numeración prácticamente consecutiva: 0198221, 0198222, 0198223, 0198224 y 0198351, todas emitidas en la misma fecha. Para la Comisión, esta secuencia constituye un indicio que podría evidenciar un patrón de duplicación o multiplicación de descuentos, aspecto que consideran merece una investigación exhaustiva para determinar si se trata de una práctica sistemática.Este nuevo antecedente fortalece la hipótesis de que el mecanismo denunciado por Carmen Molas no sería un hecho aislado, sino que podría formar parte de un esquema aplicado a otros docentes afectados por operaciones similares.Los mismos propietarios aparecen en tres empresas del mismo rubroLa investigación también pone el foco sobre la estructura empresarial detrás de estas operaciones.De acuerdo con registros de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas del Ministerio de Economía y Finanzas, Edgar Andrés Otazo Gómez y Julia del Rosario López de Otazo figuran como propietarios de Nueva Visión S.A., pero también aparecen como accionistas y directivos de NDL S.A. y Fast Credit S.A.Las tres sociedades presentan una composición accionaria prácticamente idéntica, comparten la misma actividad comercial y mantienen una estructura administrativa vinculada.Lea más: “Mafia de los pagarés”: Defensa Pública lanza jornadas de atención gratuita a afectadosSegún mencionan asesores de la comisión especial del Senado, coordinado por Diana Vargas, esta conformación revela una estructura empresarial interconectada que opera dentro del mismo segmento de negocios bajo una dirección común.Además, la Comisión señala que varias ejecuciones judiciales de pagarés vinculadas a estas empresas habrían sido promovidas por un mismo particular, situación que forma parte de las líneas abiertas de investigación para determinar la dimensión del esquema denunciado.
La docente del departamento Central, Carmen Molas, expuso ante la Comisión Especial del Senado que investiga la trama delictiva denominada “mafia de los pagarés” uno de los casos que, según el órgano legislativo, presidido por el senador Rafael Filizzola (PDP), refleja el funcionamiento de un presunto esquema de endeudamiento que afectó principalmente a docentes, enfermeras y funcionarios públicos mediante descuentos compulsivos sobre sus salarios.
Su testimonio apunta contra Nueva Visión S.A., empresa que figura entre las más mencionadas por las víctimas que denunciaron operaciones de venta de electrodomésticos y créditos cuyos montos finales terminaron siendo muy superiores a los originalmente ofrecidos.
Molas relató que vendedores de la empresa recorrían escuelas ofreciendo pequeños préstamos en efectivo junto con la venta de electrodomésticos.
En su caso, aceptó adquirir una placa de inducción. Según explicó, el vendedor le aseguró que el costo total sería de G. 2.880.000.
Sin embargo, años después, al revisar la documentación en la Comisión Especial del Senado, descubrió que figuraban cinco autorizaciones de descuentos y cinco boletas por G. 2.880.000 cada una, como si hubiese comprado cinco placas de inducción el mismo día.
«Terminé pagando G. 14.400.000 por una sola placa de inducción“, denunció la educadora.
La docente sostuvo además que la empresa le entregó un termo como obsequio, pero posteriormente encontró que en la documentación figuraba un juego de termos incluido dentro de la operación comercial.
“Al final era un termo de oro prácticamente”, expresó al relatar cómo el costo de los productos terminó multiplicándose.
“Ya pagué G. 50 millones y todavía dicen que debo G. 21 millones”
La docente afirmó que, a lo largo de varios años, fue adquiriendo distintos electrodomésticos de bajo valor, entre ellos jarras eléctricas, hornos eléctricos, ventiladores de techo y placas de inducción. Todos los pagos se realizaron mediante descuentos directos de su salario.
Según su denuncia, hasta la fecha ya abonó aproximadamente G. 50 millones, pero la empresa sostiene que aún mantiene una deuda superior a G. 21 millones. “Mis descuentos nunca terminaban y quería saber por qué seguían descontándome compulsivamente”, manifestó.
Molas señaló que cuando consultó a representantes de la empresa por las inconsistencias detectadas, éstos negaron que existiera alguna irregularidad.
Llamado de alerta a otros docentes
Durante su declaración, la educadora pidió que otros trabajadores revisen cuidadosamente toda la documentación antes de firmar contratos. “Que uno haya firmado documentos no significa que haya existido información clara ni consentimiento informado”, sostuvo.
También recomendó solicitar siempre copias de los formularios, autorizaciones de descuentos y pagarés, advirtiendo que muchas personas firman documentos sin conocer posteriormente el alcance de las obligaciones que están asumiendo.
Patrón investigado por la Comisión
De acuerdo con los antecedentes analizados por la Comisión Especial del Senado, el caso de Carmen Molas no sería aislado.
Los investigadores sostienen que en numerosas operaciones se observa un patrón repetitivo consistente en:
- fraccionamiento de autorizaciones de descuento salarial;
- utilización de pagarés firmados en blanco;
- emisión de múltiples documentos sobre una misma operación comercial;
- posteriores ejecuciones judiciales de los pagarés.
Según el informe, estas prácticas habrían derivado en deudas que crecieron muy por encima del valor real de los bienes efectivamente entregados.
Otro caso con el mismo esquema
La Comisión Especial del Senado también analizó la situación de la docente Diana Paniagua, del departamento de San Pedro, cuyo caso presenta características similares al denunciado por Carmen Molas.
De acuerdo con la documentación examinada, Paniagua adquirió un ventilador de techo, un juego de termos y un bono por una deuda total de G. 1.800.000. Sin embargo, esa única operación habría sido multiplicada mediante cinco autorizaciones de descuento, incrementando las obligaciones derivadas de la compra.
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores es que las boletas de descuento presentan una numeración prácticamente consecutiva: 0198221, 0198222, 0198223, 0198224 y 0198351, todas emitidas en la misma fecha. Para la Comisión, esta secuencia constituye un indicio que podría evidenciar un patrón de duplicación o multiplicación de descuentos, aspecto que consideran merece una investigación exhaustiva para determinar si se trata de una práctica sistemática.
Este nuevo antecedente fortalece la hipótesis de que el mecanismo denunciado por Carmen Molas no sería un hecho aislado, sino que podría formar parte de un esquema aplicado a otros docentes afectados por operaciones similares.
Los mismos propietarios aparecen en tres empresas del mismo rubro
La investigación también pone el foco sobre la estructura empresarial detrás de estas operaciones.
De acuerdo con registros de la Dirección General de Personas y Estructuras Jurídicas del Ministerio de Economía y Finanzas, Edgar Andrés Otazo Gómez y Julia del Rosario López de Otazo figuran como propietarios de Nueva Visión S.A., pero también aparecen como accioni
stas y directivos de NDL S.A. y Fast Credit S.A.
Las tres sociedades presentan una composición accionaria prácticamente idéntica, comparten la misma actividad comercial y mantienen una estructura administrativa vinculada.
Lea más: “Mafia de los pagarés”: Defensa Pública lanza jornadas de atención gratuita a afectados
Según mencionan asesores de la comisión especial del Senado, coordinado por Diana Vargas, esta conformación revela una estructura empresarial interconectada que opera dentro del mismo segmento de negocios bajo una dirección común.
Además, la Comisión señala que varias ejecuciones judiciales de pagarés vinculadas a estas empresas habrían sido promovidas por un mismo particular, situación que forma parte de las líneas abiertas de investigación para determinar la dimensión del esquema denunciado.
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