El juez Penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú fijó para los días 29 y 30 de abril, a las 08:30, la nueva fecha para la audiencia preliminar de la intendente de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC), junto con otras 13 personas acusadas por los hechos punibles de administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal.
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De acuerdo con la investigación fiscal, entre los años 2017 y 2018, el diputado Esteban Samaniego (ANR-HC) y su esposa, Patricia Corvalán, intendenta de Quyquyhó, habrían desviado G. 1.108.599.918 provenientes de fondos municipales, que supuestamente fueron destinados a la adquisición de bienes raíces y a la construcción de una vivienda de dos plantas, de 306 m², ubicada sobre las calles Padre Casanello y Pampa Grande en el barrio San Vicente de Asunción.
La acusación fiscal agrega que el inmueble fue construido dentro de la propiedad de Blanca Álvarez viuda de Samaniego, madre del legislador y suegra de la intendenta, quien también está procesada en la causa.
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¿Irá o volverá a chicanear?
La gran incógnita es si Patricia Corvalán y los trece acusados se presentarán a la preliminar o volverán a chicanear para evitar asistir al requerimiento de juez Otazú y así seguir dilatando la causa y no subir al “banquillo de los acusados”.
Esto teniendo en cuenta que la imputación fiscal fue presentada el 10 de diciembre del año 2023, y la acusación data del 11 de diciembre de 2024. Es decir, la dilación ya lleva dos años y tres meses.
En la causa están acusadas Patricia Corvalán, Blanca Gloria Alvarez (madre del parlamentario), Andrés Alfredo Arrua Brítez, Damián Dejesus Galarza y Carlos Aurelio Bareiro Bogarín.
Además están vinculados en la causa; Oscar Samuel Fanego Otazu, Guido Ramon Vargas Gaete, Pedro Osvaldo Etienne Villanueva, Ruth Mercedes Medina Yegros, Benigno Villasboa Cáceres y Enrique Javier Lovera Lezcano.
El diputado está imputado pero no puede ser sometido al proceso debido a sus fueros parlamentarios y sus colegas cartistas traban los pedidos del Juzgado.
El juez Penal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú fijó para los días 29 y 30 de abril, a las 08:30, la nueva fecha para la audiencia preliminar de la intendente de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC), junto con otras 13 personas acusadas por los hechos punibles de administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal.Lea más: Peña se abraza con intendenta cartista procesada por supuesto desfalcoDe acuerdo con la investigación fiscal, entre los años 2017 y 2018, el diputado Esteban Samaniego (ANR-HC) y su esposa, Patricia Corvalán, intendenta de Quyquyhó, habrían desviado G. 1.108.599.918 provenientes de fondos municipales, que supuestamente fueron destinados a la adquisición de bienes raíces y a la construcción de una vivienda de dos plantas, de 306 m², ubicada sobre las calles Padre Casanello y Pampa Grande en el barrio San Vicente de Asunción.La acusación fiscal agrega que el inmueble fue construido dentro de la propiedad de Blanca Álvarez viuda de Samaniego, madre del legislador y suegra de la intendenta, quien también está procesada en la causa.Lea más: Sepa cuánto gastarán en proselitismo los “averiados” que buscan el rekutú¿Irá o volverá a chicanear?La gran incógnita es si Patricia Corvalán y los trece acusados se presentarán a la preliminar o volverán a chicanear para evitar asistir al requerimiento de juez Otazú y así seguir dilatando la causa y no subir al “banquillo de los acusados”.Esto teniendo en cuenta que la imputación fiscal fue presentada el 10 de diciembre del año 2023, y la acusación data del 11 de diciembre de 2024. Es decir, la dilación ya lleva dos años y tres meses. En la causa están acusadas Patricia Corvalán, Blanca Gloria Alvarez (madre del parlamentario), Andrés Alfredo Arrua Brítez, Damián Dejesus Galarza y Carlos Aurelio Bareiro Bogarín.Además están vinculados en la causa; Oscar Samuel Fanego Otazu, Guido Ramon Vargas Gaete, Pedro Osvaldo Etienne Villanueva, Ruth Mercedes Medina Yegros, Benigno Villasboa Cáceres y Enrique Javier Lovera Lezcano.El diputado está imputado pero no puede ser sometido al proceso debido a sus fueros parlamentarios y sus colegas cartistas traban los pedidos del Juzgado.
15 de abril de 2026 – 11:27
Fijan nueva fecha para la audiencia preliminar para la intendenta de Quyquyhó Patricia Corvalán (ANR-HC), esposa del cuestionado diputado Esteban Samaniego. También otras 13 personas deben comparecer al juzgado entre las cuales está Blanca Álvarez, madre del parlamentario.
El juezPenal de Garantías de Delitos Económicos Humberto Otazú fijó para los días 29 y 30 de abril, a las 08:30, la nueva fecha para la audiencia preliminar de la intendente de Quyquyhó, Patricia Corvalán (ANR-HC), junto con otras 13 personas acusadas por los hechos punibles de administración en provecho propio, lavado de dinero y asociación criminal.
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De acuerdo con la investigación fiscal, entre los años 2017 y 2018, el diputado Esteban Samaniego (ANR-HC)y su esposa, Patricia Corvalán, intendenta de Quyquyhó, habrían desviado G. 1.108.599.918 provenientes de fondos municipales, que supuestamente fueron destinados a la adquisición de bienes raíces y a la construcción de una vivienda de dos plantas, de 306 m², ubicada sobre las calles Padre Casanello y Pampa Grande en el barrio San Vicente de Asunción.
La acusación fiscal agrega que el inmueble fue construido dentro de la propiedad de Blanca Álvarez viuda de Samaniego, madre del legislador y suegra de la intendenta, quien también está procesada en la causa.
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¿Irá o volverá a chicanear?
La gran incógnita es si Patricia Corvalán y los trece acusados se presentarán a la preliminar o volverán a chicanear para evitar asistir al requerimiento de juez Otazú y así seguir dilatando la causa y no subir al “banquillo de los acusados”.
Esto teniendo en cuenta que la imputación fiscal fue presentada el 10 de diciembre del año 2023, y la acusación data del 11 de diciembre de 2024. Es decir, la dilación ya lleva dos años y tres meses.
En la causa están acusadas Patricia Corvalán, Blanca Gloria Alvarez (madre del parlamentario), Andrés Alfredo Arrua Brítez, Damián Dejesus Galarza y Carlos Aurelio Bareiro Bogarín.
Además están vinculados en la causa; Oscar Samuel Fanego Otazu, Guido Ramon Vargas Gaete, Pedro Osvaldo Etienne Villanueva, Ruth Mercedes Medina Yegros, Benigno Villasboa Cáceres y Enrique Javier Lovera Lezcano.
El diputado está imputado pero no puede ser sometido al proceso debido a sus fueros parlamentarios y sus colegas cartistas traban los pedidos del Juzgado.
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