Un pedido de informe orientado a fortalecer la transparencia, trazabilidad y eficiencia del gasto público fue aprobado por unanimidad en la Junta Departamental de Ñeembucú, a instancias del concejal departamental Edgar Morel (PLRA). Mediante el documento, el órgano deliberativo solicita al ejecutivo, Víctor Hugo Fornerón (ANR-HC), datos pormenorizados sobre la ejecución del programa de alimentación escolar “Hambre Cero”.
Mayoría colorada frena acceso a la información pública en Ñeembucú
La solicitud apunta a auditar la gestión administrativa y financiera del programa, que concentra el 43% del presupuesto institucional de la Gobernación para el ejercicio fiscal 2026, equivalente a aproximadamente G. 46.000 millones, sobre un total superior a G. 106.000 millones.
El edil explicó que el objetivo es acceder a información desagregada sobre la estructura de costos, procesos de contratación, nómina de proveedores adjudicados, volúmenes de facturación y mecanismos de control aplicados en la provisión del servicio alimentario escolar.
“Se busca garantizar la correcta asignación de recursos públicos, así como verificar que el impacto económico del programa beneficie efectivamente al entramado productivo local”, sostuvo Morel.
Participación de MiPyMES
En ese contexto, recordó que el Decreto N° 5601 establece la obligatoriedad de destinar al menos el 10% del volumen total de adquisiciones a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) y a productores de la agricultura familiar, lo que, en términos financieros, podría representar una inyección superior a G. 4.600 millones en la economía regional.
Otro de los ejes del requerimiento se centra en la trazabilidad, inocuidad y calidad nutricional de los alimentos distribuidos a la población escolar.
El concejal citó como referencia la producción apícola local con certificación orgánica e internacional, subrayando la necesidad de priorizar proveedores del departamento que cumplan con estándares técnicos y sanitarios.
Asimismo, enfatizó que el programa no solo debe garantizar la seguridad alimentaria de los estudiantes, sino también constituirse en una herramienta de dinamización económica mediante políticas de compras públicas inclusivas.
Empresas adjudicadas
En Ñeembucú, la distribución del programa de alimentación escolar está a cargo de la empresa Distrisur SA, de Daniel Núñez, en toda la zona sur del departamento, mientras que en la zona norte opera la empresa Charlot, vinculada a Néstor López, con sede en Coronel Oviedo.
Un pedido de informe orientado a fortalecer la transparencia, trazabilidad y eficiencia del gasto público fue aprobado por unanimidad en la Junta Departamental de Ñeembucú, a instancias del concejal departamental Edgar Morel (PLRA). Mediante el documento, el órgano deliberativo solicita al ejecutivo, Víctor Hugo Fornerón (ANR-HC), datos pormenorizados sobre la ejecución del programa de alimentación escolar “Hambre Cero”.Mayoría colorada frena acceso a la información pública en ÑeembucúLa solicitud apunta a auditar la gestión administrativa y financiera del programa, que concentra el 43% del presupuesto institucional de la Gobernación para el ejercicio fiscal 2026, equivalente a aproximadamente G. 46.000 millones, sobre un total superior a G. 106.000 millones.El edil explicó que el objetivo es acceder a información desagregada sobre la estructura de costos, procesos de contratación, nómina de proveedores adjudicados, volúmenes de facturación y mecanismos de control aplicados en la provisión del servicio alimentario escolar.“Se busca garantizar la correcta asignación de recursos públicos, así como verificar que el impacto económico del programa beneficie efectivamente al entramado productivo local”, sostuvo Morel.Participación de MiPyMESEn ese contexto, recordó que el Decreto N° 5601 establece la obligatoriedad de destinar al menos el 10% del volumen total de adquisiciones a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) y a productores de la agricultura familiar, lo que, en términos financieros, podría representar una inyección superior a G. 4.600 millones en la economía regional.Cuestionan al gobernador de Ñeembucú por presunto uso irregular de recursos, evadiendo a Contrataciones PúblicasOtro de los ejes del requerimiento se centra en la trazabilidad, inocuidad y calidad nutricional de los alimentos distribuidos a la población escolar.El concejal citó como referencia la producción apícola local con certificación orgánica e internacional, subrayando la necesidad de priorizar proveedores del departamento que cumplan con estándares técnicos y sanitarios.Asimismo, enfatizó que el programa no solo debe garantizar la seguridad alimentaria de los estudiantes, sino también constituirse en una herramienta de dinamización económica mediante políticas de compras públicas inclusivas.Empresas adjudicadasEn Ñeembucú, la distribución del programa de alimentación escolar está a cargo de la empresa Distrisur SA, de Daniel Núñez, en toda la zona sur del departamento, mientras que en la zona norte opera la empresa Charlot, vinculada a Néstor López, con sede en Coronel Oviedo.
13 de abril de 2026 – 16:39
PILAR. El 43% del presupuesto departamental 2026 está comprometido al programa de alimentación escolar Hambre Cero. La Junta Departamental solicita un informe detallado sobre el uso de recursos, proveedores y el cumplimiento de normativas de compras públicas.
Un pedido de informe orientado a fortalecer la transparencia, trazabilidad y eficiencia del gasto público fue aprobado por unanimidad en la Junta Departamental de Ñeembucú, a instancias del concejal departamental Edgar Morel (PLRA). Mediante el documento, el órgano deliberativo solicita al ejecutivo, Víctor Hugo Fornerón (ANR-HC), datos pormenorizados sobre la ejecución del programa de alimentación escolar “Hambre Cero”.
Lea más: Mayoría colorada frena acceso a la información pública en Ñeembucú
La solicitud apunta a auditar la gestión administrativa y financiera del programa, que concentra el 43% del presupuesto institucional de la Gobernación para el ejercicio fiscal2026, equivalente a aproximadamente G. 46.000 millones, sobre un total superior a G. 106.000 millones.
El edil explicó que el objetivo es acceder a información desagregada sobre la estructura de costos, procesos de contratación, nómina de proveedores adjudicados, volúmenes de facturación y mecanismos de control aplicados en la provisión del servicio alimentario escolar.
“Se busca garantizar la correcta asignación de recursos públicos, así como verificar que el impacto económico del programa beneficie efectivamente al entramado productivo local”, sostuvo Morel.
Participación de MiPyMES
En ese contexto, recordó que el Decreto N° 5601 establece la obligatoriedad de destinar al menos el 10% del volumen total de adquisiciones a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES) y a productores de la agricultura familiar, lo que, en términos financieros, podría representar una inyección superior a G. 4.600 millones en la economía regional.
Otro de los ejes del requerimiento se centra en la trazabilidad, inocuidad y calidad nutricional de los alimentos distribuidos a la población escolar.
El concejal citó como referencia la producción apícola local con certificación orgánica e internacional, subrayando la necesidad de priorizar proveedores del departamento que cumplan con estándares técnicos y sanitarios.
Asimismo, enfatizó que el programa no solo debe garantizar la seguridad alimentaria de los estudiantes, sino también constituirse en una herramienta de dinamización económica mediante políticas de compras públicas inclusivas.
Empresas adjudicadas
En Ñeembucú, la distribución del programa de alimentación escolar está a cargo de la empresa Distrisur SA, de Daniel Núñez, en toda la zona sur del departamento, mientras que en la zona norte opera la empresa Charlot, vinculada a Néstor López, con sede en Coronel Oviedo.
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