La comisión “Anti Mafia de Pagarés”, presidida por el senador Rafael Filizzola (PDP) se reunió hoy con representantes de Equifax y otras firmas del rubro.
Mafia de los pagarés: piden suspensión de matrículas de abogados
Técnicos de la comisión expusieron que exigir a las víctimas el “Finiquito” judicial para eliminar registros de deudas inexistentes o ya pagadas, es una trampa. Recalcaron que no existe sustento legal para esta exigencia y que dentro de la “mafia de los pagarés” abundan los casos en que no se localizan o no existen miles de pagarés.
Advirtieron además que existen empresas dedicadas a la extorsión vía buró de crédito y las personas terminan pagando por deudas inexistentes con la promesa de ser excluidas como morosas o de “conseguir el finiquito”.
Mafia de pagarés: piden investigar al BNF por crédito a funcionario con discapacidad
Interrogados al respecto, los enviados de Equifax señalaron que los buró de crédito tienen como sustento legal la ley N° 6534 de protección de datos crediticios, artículo N°19 inciso 6 b. Agregaron que los buró no se hacen responsables de la información que suben las entidades crediticias.
Valoran el trabajo, pero falta
Al término de la reunión, Filizzola valoró el trabajo que realizan los buró de crédito y su apertura a solucionar reclamos ciudadanos “desde hace décadas”.
Sin embargo dijo que ahora, demandas que nunca se registraron, que no tuvieron entrada o no prosperaron se presentan ante estas empresas y las víctimas quedan como morosas.
Equifax muda sede corporativa y de operaciones
“Hace que uno ingrese a una suerte de lista negra, deja de ser sujeto de crédito y muchas personas pueden caer en manos de usureros y situaciones por el estilo, lo cual genera un perjuicio muy importante”, señaló.
Agregó que también hay una falencia del Poder Judicial y de sus sistemas estadísticos, y también de personas que usan a estas empresas para extorsionar o para chantajear.
“Estamos evaluando es si hay que legislar o si no hay que legislar más”, señaló.
La comisión “Anti Mafia de Pagarés”, presidida por el senador Rafael Filizzola (PDP) se reunió hoy con representantes de Equifax y otras firmas del rubro. Mafia de los pagarés: piden suspensión de matrículas de abogadosTécnicos de la comisión expusieron que exigir a las víctimas el “Finiquito” judicial para eliminar registros de deudas inexistentes o ya pagadas, es una trampa. Recalcaron que no existe sustento legal para esta exigencia y que dentro de la “mafia de los pagarés” abundan los casos en que no se localizan o no existen miles de pagarés. Advirtieron además que existen empresas dedicadas a la extorsión vía buró de crédito y las personas terminan pagando por deudas inexistentes con la promesa de ser excluidas como morosas o de “conseguir el finiquito”.Mafia de pagarés: piden investigar al BNF por crédito a funcionario con discapacidadInterrogados al respecto, los enviados de Equifax señalaron que los buró de crédito tienen como sustento legal la ley N° 6534 de protección de datos crediticios, artículo N°19 inciso 6 b. Agregaron que los buró no se hacen responsables de la información que suben las entidades crediticias. Valoran el trabajo, pero falta Al término de la reunión, Filizzola valoró el trabajo que realizan los buró de crédito y su apertura a solucionar reclamos ciudadanos “desde hace décadas”. Sin embargo dijo que ahora, demandas que nunca se registraron, que no tuvieron entrada o no prosperaron se presentan ante estas empresas y las víctimas quedan como morosas.Equifax muda sede corporativa y de operaciones“Hace que uno ingrese a una suerte de lista negra, deja de ser sujeto de crédito y muchas personas pueden caer en manos de usureros y situaciones por el estilo, lo cual genera un perjuicio muy importante”, señaló.Agregó que también hay una falencia del Poder Judicial y de sus sistemas estadísticos, y también de personas que usan a estas empresas para extorsionar o para chantajear. “Estamos evaluando es si hay que legislar o si no hay que legislar más”, señaló.
13 de abril de 2026 – 17:20
La comisión especial del Congreso que investiga el esquema criminal de “La Mafia de los pagaré” urgió a firmas de buró de crédito como Equifax (exInforconf) flexibilizar la exigencia de un finiquito judicial para eliminar registros de deudas inexistentes o ya pagadas. Juristas del Senado señalan que no hay sustento legal para esta exigencia. Los legisladores evalúan si deben legislar el caso o no.
La comisión “Anti Mafia de Pagarés”, presidida por el senador Rafael Filizzola (PDP) se reunió hoy con representantes de Equifax y otras firmas del rubro.
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Técnicos de la comisión expusieron que exigir a las víctimas el “Finiquito” judicial para eliminar registros de deudas inexistentes o ya pagadas, es una trampa. Recalcaron que no existe sustento legal para esta exigencia y que dentro de la “mafia de los pagarés” abundan los casos en que no se localizan o no existen miles de pagarés.
Advirtieron además que existen empresas dedicadas a la extorsión vía buró de crédito y las personas terminan pagando por deudas inexistentes con la promesa de ser excluidas como morosas o de “conseguir el finiquito”.
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Interrogados al respecto, los enviados de Equifax señalaron que los buró de crédito tienen como sustento legal la ley N° 6534 de protección de datos crediticios, artículo N°19 inciso 6 b. Agregaron que los buró no se hacen responsables de la información que suben las entidades crediticias.
Valoran el trabajo, pero falta
Al término de la reunión, Filizzola valoró el trabajo que realizan los buró de crédito y su apertura a solucionar reclamos ciudadanos “desde hace décadas”.
Sin embargo dijo que ahora, demandas que nunca se registraron, que no tuvieron entrada o no prosperaron se presentan ante estas empresas y las víctimas quedan como morosas.
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“Hace que uno ingrese a una suerte de lista negra, deja de ser sujeto de crédito y muchas personas pueden caer en manos de usureros y situaciones por el estilo, lo cual genera un perjuicio muy importante”, señaló.
Agregó que también hay una falencia del Poder Judicial y de sus sistemas estadísticos, y también de personas que usan a estas empresas para extorsionar o para chantajear.
“Estamos evaluando es si hay que legislar o si no hay que legislar más”, señaló.
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