El conflicto se agravó el 5 de marzo último, cuando el Tribunal de Apelación confirmó que Clyfsa debe abonar a la empresa estatal las diferencias tarifarias acumuladas desde marzo de 2017. El monto total proyectado, incluyendo capital e intereses devengados hasta la fecha, oscila entre los 153.000 millones y 160.000 millones de guaraníes.
Esta deuda se originó tras la implementación del Pliego Tarifario N° 21, que según la prestataria villarriqueña, incrementó el costo de compra de energía en un 94%, mientras que el precio final al usuario solo pudo ajustarse en un 20%, eliminando por completo su margen operativo.
Ante este escenario de asfixia financiera, la propuesta legislativa impulsada por el consultor del sector eléctrico, Ing. Guillermo López Flores, plantea declarar la caducidad definitiva de la Ley 287/55 y establecer un marco transitorio de regulación.
Clyfsa debe pagar G. 65.000 millones a la ANDE por diferencias tarifarias
El proyecto -presentado a un ministro del Poder Ejecutivo- propone otorgar a Clyfsa una concesión improrrogable por un plazo de 10 años, bajo estándares de calidad controlados y un régimen tarifario de compra que garantice un desempeño financiero sostenible para la reinversión en sus redes.
La “salida elegante” del conflicto, según esta iniciativa, es el mecanismo de compensación económica. El artículo 7º del anteproyecto establece que, como contrapartida por la extinción total de las deudas y multas reclamadas por la ANDE hasta finales de 2025, la totalidad de la infraestructura eléctrica de Clyfsa —incluyendo líneas de media y baja tensión, transformadores y estaciones— pasará a ser propiedad definitiva de la Municipalidad de Villarrica o del Estado Paraguayo (ANDE) al finalizar el periodo de diez años.
De esta manera, se busca sanear el balance de la empresa para permitir su supervivencia inmediata a cambio de la transferencia futura de sus activos al patrimonio público.
Clyfsa apela millonario fallo y lleva a la Corte Suprema disputa con la ANDE
Finalmente, el documento advierte que el caso Clyfsa funciona como un «test de estrés para el sistema eléctrico paraguayo», pues dejar caer a una concesionaria por falta de reglas claras desincentivaría la inversión privada en el sector.
El proyecto de ley contempla que, doce meses antes de que expire la concesión transitoria, el Estado deberá convocar a una Licitación Pública Internacional para adjudicar el servicio bajo condiciones de competencia, premiando la oferta que garantice la menor tarifa al usuario final con los más altos estándares técnicos.
El conflicto se agravó el 5 de marzo último, cuando el Tribunal de Apelación confirmó que Clyfsa debe abonar a la empresa estatal las diferencias tarifarias acumuladas desde marzo de 2017. El monto total proyectado, incluyendo capital e intereses devengados hasta la fecha, oscila entre los 153.000 millones y 160.000 millones de guaraníes. Esta deuda se originó tras la implementación del Pliego Tarifario N° 21, que según la prestataria villarriqueña, incrementó el costo de compra de energía en un 94%, mientras que el precio final al usuario solo pudo ajustarse en un 20%, eliminando por completo su margen operativo.Ante este escenario de asfixia financiera, la propuesta legislativa impulsada por el consultor del sector eléctrico, Ing. Guillermo López Flores, plantea declarar la caducidad definitiva de la Ley 287/55 y establecer un marco transitorio de regulación. Clyfsa debe pagar G. 65.000 millones a la ANDE por diferencias tarifariasEl proyecto -presentado a un ministro del Poder Ejecutivo- propone otorgar a Clyfsa una concesión improrrogable por un plazo de 10 años, bajo estándares de calidad controlados y un régimen tarifario de compra que garantice un desempeño financiero sostenible para la reinversión en sus redes.La “salida elegante” del conflicto, según esta iniciativa, es el mecanismo de compensación económica. El artículo 7º del anteproyecto establece que, como contrapartida por la extinción total de las deudas y multas reclamadas por la ANDE hasta finales de 2025, la totalidad de la infraestructura eléctrica de Clyfsa —incluyendo líneas de media y baja tensión, transformadores y estaciones— pasará a ser propiedad definitiva de la Municipalidad de Villarrica o del Estado Paraguayo (ANDE) al finalizar el periodo de diez años. De esta manera, se busca sanear el balance de la empresa para permitir su supervivencia inmediata a cambio de la transferencia futura de sus activos al patrimonio público.Clyfsa apela millonario fallo y lleva a la Corte Suprema disputa con la ANDEFinalmente, el documento advierte que el caso Clyfsa funciona como un «test de estrés para el sistema eléctrico paraguayo», pues dejar caer a una concesionaria por falta de reglas claras desincentivaría la inversión privada en el sector. El proyecto de ley contempla que, doce meses antes de que expire la concesión transitoria, el Estado deberá convocar a una Licitación Pública Internacional para adjudicar el servicio bajo condiciones de competencia, premiando la oferta que garantice la menor tarifa al usuario final con los más altos estándares técnicos.
13 de abril de 2026 – 15:24
El persistente conflicto jurídico y financiera entre la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y la Compañía de Luz y Fuerza S.A. (Clyfsa) de Villarrica encontraría una salida institucional mediante un anteproyecto de ley de transición y modernización del servicio eléctrico. Esta propuesta surge luego de que la Justicia dictara una condena en segunda instancia que obliga a la firma privada a pagar una suma millonaria, la que, según expertos, representa una amenaza de extinción para el único modelo de gestión de energía local y privada que sobrevive en el país.
El conflicto se agravó el 5 de marzo último, cuando el Tribunal de Apelación confirmó que Clyfsa debe abonar a la empresa estatal las diferencias tarifarias acumuladas desde marzo de 2017. El monto total proyectado, incluyendo capital e intereses devengados hasta la fecha, oscila entre los 153.000 millones y 160.000 millones de guaraníes.
Esta deuda se originó tras la implementación del Pliego Tarifario N° 21, que según la prestataria villarriqueña, incrementó el costo de compra de energía en un 94%, mientras que el precio final al usuario solo pudo ajustarse en un 20%, eliminando por completo su margen operativo.
Ante este escenario de asfixia financiera, la propuesta legislativa impulsada por el consultor del sector eléctrico, Ing. Guillermo López Flores, plantea declarar la caducidad definitiva de la Ley 287/55 y establecer un marco transitorio de regulación.
Lea más: Clyfsa debe pagar G. 65.000 millones a la ANDE por diferencias tarifarias
El proyecto -presentado a un ministro del Poder Ejecutivo- propone otorgar a Clyfsa una concesión improrrogable por un plazo de 10 años, bajo estándares de calidad controlados y un régimen tarifario de compra que garantice un desempeño financiero sostenible para la reinversión en sus redes.
La “salida elegante” del conflicto, según esta iniciativa, es el mecanismo de compensación económica. El artículo 7º del anteproyecto establece que, como contrapartida por la extinción total de las deudas y multas reclamadas por la ANDE hasta finales de 2025, la totalidad de la infraestructura eléctrica de Clyfsa —incluyendo líneas de media y baja tensión, transformadores y estaciones— pasará a ser propiedad definitiva de la Municipalidad de Villarrica o del Estado Paraguayo (ANDE) al finalizar el periodo de diez años.
De esta manera, se busca sanear el balance de la empresa para permitir su supervivencia inmediata a cambio de la transferencia futura de sus activos al patrimonio público.
Lea más: Clyfsa apela millonario fallo y lleva a la Corte Suprema disputa con la ANDE
Finalmente, el documento advierte que el caso Clyfsa funciona como un «test de estrés para el sistema eléctrico paraguayo», pues dejar caer a una concesionaria por falta de reglas claras desincentivaría la inversión privada en el sector.
El proyecto de ley contempla que, doce meses antes de que expire la concesión transitoria, el Estado deberá convocar a una Licitación Pública Internacional para adjudicar el servicio bajo condiciones de competencia, premiando la oferta que garantice la menor tarifa al usuario final con los más altos estándares técnicos.
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