La Contraloría General de la República (CGR) realizó 29 observaciones solamente en el rubro 100, correspondiente a bonificaciones personales, durante una auditoría al Instituto de Previsión Social (IPS).
De estas observaciones, cinco son consideradas graves y podrían derivar en acciones legales, según la directora de Control Gubernamental de la CGR, Gladys Fernández.
La funcionaria de la Contraloría destacó que, a su criterio, la situación más preocupante detectada se relaciona con pagos por títulos de grado y posgrado, donde se otorgaron bonificaciones extrasalariales a profesionales que ya estaban contratados precisamente para ejercer esas funciones. Esto significa que recibieron pagos adicionales por un título que ya estaba incluido en su salario base.
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Pagaron a médicos por ser médicos
Precisó que el total desembolsado en bonificación por título ascendió a G. 3.471 millones. Puntualizó que, según la normativa vigente, el tope permitido es de G. 1.500.000, pero el IPS pagó G. 1.900.000 a cada beneficiario durante 2024.
Añadió que desde la previsional alegaron que estos pagos estaban respaldados por el contrato colectivo y normas internas, pero la Contraloría afirma que ninguna norma interna puede superar lo establecido por la ley.
Bonificaciones por responsabilidad administrativa
La auditoría también reveló que el IPS pagó G. 1.466 millones en bonificaciones a funcionarios por responsabilidad en la gestión administrativa. Sin embargo, lo irregular en este desembolso es que se otorgó -en contrapartida a la ley vigente- a funcionarios de alto rango, según explicó Fernández.
Asimismo, indicó que la ley solo autoriza este tipo de pago para personal que maneja dinero en efectivo o cheques y que no ocupa cargos de jefatura o gerencia, lo que significa que los funcionarios de alto rango no deberían haber recibido estos montos adicionales.
Otro hallazgo importante fue el pago de ayuda alimentaria. Mencionó que detectaron que en el 2024 el IPS desembolsó G. 13.890 millones a funcionarios en tres pagos consecutivos, cuando la ley establece que este beneficio debe pagarse de forma única.
Pagos prescindibles en medio de crisis
Fernández destacó que estos pagos irregulares se dan en un contexto complicado para el IPS, que enfrenta escasez de medicamentos, y, además, en medio de restricciones presupuestarias en el Estado bajo la llamada “economía de guerra” impulsada por el Gobierno.
Según indicó, estos pagos irregulares constituyen un gasto prescindible en dicho contexto.
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Rubro 100: análisis completo en curso
La directora de Control Gubernamental indicó que la auditoría sobre el rubro 100 comprende cuatro puntos clave: los pagos por alimentación, las bonificaciones por títulos académicos, las bonificaciones por responsabilidad en gestión administrativa y las bonificaciones por gestión presupuestaria.
Refirió que aún no se tiene una fecha para la conclusión de dicho análisis. Añadió que la Contraloría mantiene varias auditorías paralelas en el IPS, que incluye el examen de desembolsos en asesoría jurídica y otras áreas.
La Contraloría General de la República (CGR) realizó 29 observaciones solamente en el rubro 100, correspondiente a bonificaciones personales, durante una auditoría al Instituto de Previsión Social (IPS). De estas observaciones, cinco son consideradas graves y podrían derivar en acciones legales, según la directora de Control Gubernamental de la CGR, Gladys Fernández.La funcionaria de la Contraloría destacó que, a su criterio, la situación más preocupante detectada se relaciona con pagos por títulos de grado y posgrado, donde se otorgaron bonificaciones extrasalariales a profesionales que ya estaban contratados precisamente para ejercer esas funciones. Esto significa que recibieron pagos adicionales por un título que ya estaba incluido en su salario base.Lea más: Festín de bonificaciones: IPS priorizó salarios vip mientras el asegurado padece por la desidiaPagaron a médicos por ser médicosPrecisó que el total desembolsado en bonificación por título ascendió a G. 3.471 millones. Puntualizó que, según la normativa vigente, el tope permitido es de G. 1.500.000, pero el IPS pagó G. 1.900.000 a cada beneficiario durante 2024. Añadió que desde la previsional alegaron que estos pagos estaban respaldados por el contrato colectivo y normas internas, pero la Contraloría afirma que ninguna norma interna puede superar lo establecido por la ley.Bonificaciones por responsabilidad administrativaLa auditoría también reveló que el IPS pagó G. 1.466 millones en bonificaciones a funcionarios por responsabilidad en la gestión administrativa. Sin embargo, lo irregular en este desembolso es que se otorgó -en contrapartida a la ley vigente- a funcionarios de alto rango, según explicó Fernández.Asimismo, indicó que la ley solo autoriza este tipo de pago para personal que maneja dinero en efectivo o cheques y que no ocupa cargos de jefatura o gerencia, lo que significa que los funcionarios de alto rango no deberían haber recibido estos montos adicionales.Otro hallazgo importante fue el pago de ayuda alimentaria. Mencionó que detectaron que en el 2024 el IPS desembolsó G. 13.890 millones a funcionarios en tres pagos consecutivos, cuando la ley establece que este beneficio debe pagarse de forma única.Pagos prescindibles en medio de crisisFernández destacó que estos pagos irregulares se dan en un contexto complicado para el IPS, que enfrenta escasez de medicamentos, y, además, en medio de restricciones presupuestarias en el Estado bajo la llamada “economía de guerra” impulsada por el Gobierno. Según indicó, estos pagos irregulares constituyen un gasto prescindible en dicho contexto.Lea más: Consejeros de IPS apañan trapisondas del ente y no defienden a los aseguradosRubro 100: análisis completo en cursoLa directora de Control Gubernamental indicó que la auditoría sobre el rubro 100 comprende cuatro puntos clave: los pagos por alimentación, las bonificaciones por títulos académicos, las bonificaciones por responsabilidad en gestión administrativa y las bonificaciones por gestión presupuestaria.Refirió que aún no se tiene una fecha para la conclusión de dicho análisis. Añadió que la Contraloría mantiene varias auditorías paralelas en el IPS, que incluye el examen de desembolsos en asesoría jurídica y otras áreas.
19 de marzo de 2026 – 09:34
La Contraloría detectó pagos irregulares de bonificaciones en el IPS, que incluyen montos que superan los límites legales y por conceptos ya incluidos en el salario de los funcionarios. Señalaron que algunas observaciones podrían constituir hechos punibles y que se analiza la posibilidad de presentar denuncias penales.
La Contraloría General de la República (CGR) realizó 29 observaciones solamente en el rubro 100, correspondiente a bonificaciones personales, durante una auditoría al Instituto de Previsión Social (IPS).
De estas observaciones, cinco son consideradas graves y podrían derivar en acciones legales, según la directora de Control Gubernamental de la CGR, Gladys Fernández.
La funcionaria de la Contraloría destacó que, a su criterio, la situación más preocupante detectada se relaciona con pagos por títulos de grado y posgrado, donde se otorgaron bonificaciones extrasalariales a profesionales que ya estaban contratados precisamente para ejercer esas funciones. Esto significa que recibieron pagos adicionales por un título que ya estaba incluido en su salario base.
Lea más: Festín de bonificaciones: IPS priorizó salarios vip mientras el asegurado padece por la desidia
Pagaron a médicos por ser médicos
Precisó que el total desembolsado en bonificación por título ascendió a G. 3.471 millones. Puntualizó que, según la normativa vigente, el tope permitido es de G. 1.500.000, pero el IPS pagó G. 1.900.000 a cada beneficiario durante 2024.
Añadió que desde la previsional alegaron que estos pagos estaban respaldados por el contrato colectivo y normas internas, pero la Contraloría afirma que ninguna norma interna puede superar lo establecido por la ley.
Bonificaciones por responsabilidad administrativa
La auditoría también reveló que el IPS pagó G. 1.466 millones en bonificaciones a funcionarios por responsabilidad en la gestión administrativa. Sin embargo, lo irregular en este desembolso es que se otorgó -en contrapartida a la ley vigente- a funcionarios de alto rango, según explicó Fernández.
Asimismo, indicó que la ley solo autoriza este tipo de pago para personal que maneja dinero en efectivo o cheques y que no ocupa cargos de jefatura o gerencia, lo que significa que los funcionarios de alto rango no deberían haber recibido estos montos adicionales.
Otro hallazgo importante fue el pago de ayuda alimentaria. Mencionó que detectaron que en el 2024 el IPS desembolsó G. 13.890 millones a funcionarios en tres pagos consecutivos, cuando la ley establece que este beneficio debe pagarse de forma única.
Pagos prescindibles en medio de crisis
Fernández destacó que estos pagos irregulares se dan en un contexto complicado para el IPS, que enfrenta escasez de medicamentos, y, además, en medio de restricciones presupuestarias en el Estado bajo la llamada “economía de guerra” impulsada por el Gobierno.
Según indicó, estos pagos irregulares constituyen un gasto prescindible en dicho contexto.
Lea más: Consejeros de IPS apañan trapisondas del ente y no defienden a los asegurados
Rubro 100: análisis completo en curso
La directora de Control Gubernamental indicó que la auditoría sobre el rubro 100 comprende cuatro puntos clave: los pagos por alimentación, las bonificaciones por títulos académicos, las bonificaciones por responsabilidad en gestión administrativa y las bonificaciones por gestión presupuestaria.
Refirió que aún no se tiene una fecha para la conclusión de dicho análisis. Añadió que la Contraloría mantiene varias auditorías paralelas en el IPS, que incluye el examen de desembolsos en asesoría jurídica y otras áreas.
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