Durante la noche del viernes y con exagerado apuro para cocinar el asunto en una semana, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) publicó la licitación para el arrendamiento de 18.000 Máquinas de Votación Electrónica (MV) y otros sistemas conexos.
Este concurso internacional por la vía de la excepción, publicado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP – ID N° 476307), se realiza tras la cancelación del anterior proceso de adquisición de máquinas y fuertes presiones políticas. El presupuesto para este nuevo arrendamiento se estima en US$ 30 millones.
Desde la Justicia Electoral señalan que la necesidad de recurrir a la vía de la excepción se justifica por la premura de contar con los equipos para las internas partidarias a ser concretadas el 7 de junio de 2026 y para las municipales del 4 de octubre de 2026, obligando a abreviar plazos para la provisión de aquellos elementos.
Las ofertas deben ser presentadas el próximo lunes 3 de noviembre a las 07:30 horas y los sobres serán abiertos 30 minutos después. Antes, exigen una visita técnica a los depósitos de los oferentes este viernes 24 de octubre.
Esta urgencia, además, coincide con la privilegiada posición del Consorcio Comitia-MSA, que es la única con experiencia en arrendamiento de máquinas en el país, además de contar con importantes nexos en el sector afín a Santiago Peña (ANR-HC).
Nexos con exsocios
Durante el llamado realizado meses antes para la adquisición de las máquinas, Comitia-MSA designó a Pablo Debuchy y Franco
Boccia como sus representantes, ambos vinculados al Estudio Gross Brown, cuyo socio principal es Eduardo Gross Brown Costa.
Antes, Debuchy se desempeñó como síndico titular de ueno bank y del Grupo Vázquez hasta el cambio de gobierno. Boccia, por su parte, es hijo de Franklin Boccia y preside ueno Seguros, es hijastro de la senadora Celeste Amarilla.
Gross Brown Costa es director suplente y accionista de ueno bank y de su filial en Luxemburgo. Ambos son parte del Grupo Vázquez -exsocios de Santiago Peña–. Durante el llamado anterior ueno bank incluso aprobó una línea de crédito de US$ 14.100.000 a favor de Comitia Paraguay SA.
Fuertes sospechas
El Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la licitación para el alquiler de las MV presenta varios requisitos que, por su formulación, favorecen particularmente a Comitia-MSA, pudiendo limitar la concurrencia.
El PBC demanda que el oferente o el miembro fabricante del consorcio cuente con una antigüedad legal de 10 años desde su constitución y exige experiencia probada en el continente americano, con al menos dos procesos electorales en los últimos diez años, lo que limita la participación de firmas con amplia trayectoria global fuera de la región.
En cuanto a los plazos, el proceso impone una urgencia logística que beneficia a quienes ya tienen capacidad instalada en el país.
En el PBC, el TSJE requiere que el oferente cuente con una existencia en stock de al menos el 20% de la cantidad total de MV a ser arrendadas al momento de presentar la oferta, es decir 3.600 unidades. Estas deben ser entregadas en solo 15 días corridos posteriores a la firma del contrato.
Además, el 16 de octubre, la DNCP observó el pliego, consultando por qué el PBC exige que la oferta sea exclusivamente de equipos propiedad del oferente, recordando que en un llamado anterior de arrendamiento (ID N° 406.171) eso no fue un requisito excluyente.
La DNCP pidió explicaciones sobre por qué un distribuidor o representante autorizado no podría ofrecer el servicio, atendiendo que no es un proceso de adquisición.
Un día después, el 17 de octubre, el TSJE respondió con una nota diciendo que esa cláusula busca evitar intermediarios que obstaculicen la implementación, además que las adjudicaciones pasadas fueron hechas a un oferente fabricante.
Fina exclusión
En la página 26 del PBC establecen que al momento de analizar las ofertas no será considerada la experiencia adquirida con la utilización de tecnología DRE (Direct Record Electronic), un sistema de escaneo de boletines que guarde en sus dispositivos de almacenamiento el resultado de la lectura o interpretación que efectúe de los mismos.
Si bien el requisito se justifica en términos técnicos, este no existía en el llamado anterior de adquisición como motivo de exclusión de la experiencia.
Como si fuera poco la sospecha con ese punto, el TSJE sumó otra cláusula donde el oferente tuvo que haber realizado al menos 4 capacitaciones y logística referentes al uso del sistema ofertado al personal técnico “del Órgano Electoral Contratante y a quienes tuvieron a su cargo la capacitación a electores, para cargos públicos. En caso de Consorcios, al menos uno de los miembros deberá acreditar la experiencia”.
En Paraguay solo se implementaron máquinas de este tipo por parte de MSA y, por tanto, las capacitaciones se hicieron con ellos.
Evitar incendio
En el 2022 se incendió un depósito donde se encontraban MV de MSA. En el incidente fueron afectadas cerca de 8.000 máquinas arrendadas y bajo custodia del TSJE tras la explosión de una batería de litio.
El nuevo pliego introduce una modificación fundamental en la logística, exigiendo que el proveedor se haga cargo de la guarda y custodia de las baterías de las MV en sitios bajo su control en el área metropolitana de Asunción, a no más de veinte (20) kilómetros de la Sede Central del TSJE.
Durante la noche del viernes y con exagerado apuro para cocinar el asunto en una semana, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) publicó la licitación para el arrendamiento de 18.000 Máquinas de Votación Electrónica (MV) y otros sistemas conexos. Este concurso internacional por la vía de la excepción, publicado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP – ID N° 476307), se realiza tras la cancelación del anterior proceso de adquisición de máquinas y fuertes presiones políticas. El presupuesto para este nuevo arrendamiento se estima en US$ 30 millones. Desde la Justicia Electoral señalan que la necesidad de recurrir a la vía de la excepción se justifica por la premura de contar con los equipos para las internas partidarias a ser concretadas el 7 de junio de 2026 y para las municipales del 4 de octubre de 2026, obligando a abreviar plazos para la provisión de aquellos elementos. Las ofertas deben ser presentadas el próximo lunes 3 de noviembre a las 07:30 horas y los sobres serán abiertos 30 minutos después. Antes, exigen una visita técnica a los depósitos de los oferentes este viernes 24 de octubre. Esta urgencia, además, coincide con la privilegiada posición del Consorcio Comitia-MSA, que es la única con experiencia en arrendamiento de máquinas en el país, además de contar con importantes nexos en el sector afín a Santiago Peña (ANR-HC).Nexos con exsocios Durante el llamado realizado meses antes para la adquisición de las máquinas, Comitia-MSA designó a Pablo Debuchy y Franco Boccia como sus representantes, ambos vinculados al Estudio Gross Brown, cuyo socio principal es Eduardo Gross Brown Costa. Antes, Debuchy se desempeñó como síndico titular de ueno bank y del Grupo Vázquez hasta el cambio de gobierno. Boccia, por su parte, es hijo de Franklin Boccia y preside ueno Seguros, es hijastro de la senadora Celeste Amarilla. Gross Brown Costa es director suplente y accionista de ueno bank y de su filial en Luxemburgo. Ambos son parte del Grupo Vázquez -exsocios de Santiago Peña–. Durante el llamado anterior ueno bank incluso aprobó una línea de crédito de US$ 14.100.000 a favor de Comitia Paraguay SA.Fuertes sospechas El Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la licitación para el alquiler de las MV presenta varios requisitos que, por su formulación, favorecen particularmente a Comitia-MSA, pudiendo limitar la concurrencia. El PBC demanda que el oferente o el miembro fabricante del consorcio cuente con una antigüedad legal de 10 años desde su constitución y exige experiencia probada en el continente americano, con al menos dos procesos electorales en los últimos diez años, lo que limita la participación de firmas con amplia trayectoria global fuera de la región. En cuanto a los plazos, el proceso impone una urgencia logística que beneficia a quienes ya tienen capacidad instalada en el país. En el PBC, el TSJE requiere que el oferente cuente con una existencia en stock de al menos el 20% de la cantidad total de MV a ser arrendadas al momento de presentar la oferta, es decir 3.600 unidades. Estas deben ser entregadas en solo 15 días corridos posteriores a la firma del contrato. Además, el 16 de octubre, la DNCP observó el pliego, consultando por qué el PBC exige que la oferta sea exclusivamente de equipos propiedad del oferente, recordando que en un llamado anterior de arrendamiento (ID N° 406.171) eso no fue un requisito excluyente. La DNCP pidió explicaciones sobre por qué un distribuidor o representante autorizado no podría ofrecer el servicio, atendiendo que no es un proceso de adquisición. Un día después, el 17 de octubre, el TSJE respondió con una nota diciendo que esa cláusula busca evitar intermediarios que obstaculicen la implementación, además que las adjudicaciones pasadas fueron hechas a un oferente fabricante. Fina exclusión En la página 26 del PBC establecen que al momento de analizar las ofertas no será considerada la experiencia adquirida con la utilización de tecnología DRE (Direct Record Electronic), un sistema de escaneo de boletines que guarde en sus dispositivos de almacenamiento el resultado de la lectura o interpretación que efectúe de los mismos. Si bien el requisito se justifica en términos técnicos, este no existía en el llamado anterior de adquisición como motivo de exclusión de la experiencia. Como si fuera poco la sospecha con ese punto, el TSJE sumó otra cláusula donde el oferente tuvo que haber realizado al menos 4 capacitaciones y logística referentes al uso del sistema ofertado al personal técnico “del Órgano Electoral Contratante y a quienes tuvieron a su cargo la capacitación a electores, para cargos públicos. En caso de Consorcios, al menos uno de los miembros deberá acreditar la experiencia”. En Paraguay solo se implementaron máquinas de este tipo por parte de MSA y, por tanto, las capacitaciones se hicieron con ellos. Evitar incendio En el 2022 se incendió un depósito donde se encontraban MV de MSA. En el incidente fueron afectadas cerca de 8.000 máquinas arrendadas y bajo custodia del TSJE tras la explosión de una batería de litio. El nuevo pliego introduce una modificación fundamental en la logística, exigiendo que el proveedor se haga cargo de la guarda y custodia de las baterías de las MV en sitios bajo su control en el área metropolitana de Asunción, a no más de veinte (20) kilómetros de la Sede Central del TSJE.
Durante la noche del viernes y con exagerado apuro para cocinar el asunto en una semana, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) publicó la licitación para el arrendamiento de 18.000 Máquinas de Votación Electrónica (MV) y otros sistemas conexos.
Este concurso internacional por la vía de la excepción, publicado por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP – ID N° 476307), se realiza tras la cancelación del anterior proceso de adquisición de máquinas y fuertes presiones políticas. El presupuesto para este nuevo arrendamiento se estima en US$ 30 millones.
Desde la Justicia Electoral señalan que la necesidad de recurrir a la vía de la excepción se justifica por la premura de contar con los equipos para las internas partidarias a ser concretadas el 7 de junio de 2026 y para las municipales del 4 de octubre de 2026, obligando a abreviar plazos para la provisión de aquellos elementos.
Las ofertas deben ser presentadas el próximo lunes 3 de noviembre a las 07:30 horas y los sobres serán abiertos 30 minutos después. Antes, exigen una visita técnica a los depósitos de los oferentes este viernes 24 de octubre.
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Esta urgencia, además, coincide con la privilegiada posición del Consorcio Comitia-MSA, que es la única con experiencia en arrendamiento de máquinas en el país, además de contar con importantes nexos en el sector afín a Santiago Peña (ANR-HC).
Nexos con exsocios
Durante el llamado realizado meses antes para la adquisición de las máquinas, Comitia-MSA designó a Pablo Debuchy y Franco
Boccia como sus representantes, ambos vinculados al Estudio Gross Brown, cuyo socio principal es Eduardo Gross Brown Costa.
Antes, Debuchy se desempeñó como síndico titular de ueno bank y del Grupo Vázquez hasta el cambio de gobierno. Boccia, por su parte, es hijo de Franklin Boccia y preside ueno Seguros, es hijastro de la senadora Celeste Amarilla.
Gross Brown Costa es director suplente y accionista de ueno bank y de su filial en Luxemburgo. Ambos son parte del Grupo Vázquez -exsocios de Santiago Peña–. Durante el llamado anterior ueno bank incluso aprobó una línea de crédito de US$ 14.100.000 a favor de Comitia Paraguay SA.
Fuertes sospechas
El Pliego de Bases y Condiciones (PBC) de la licitación para el alquiler de las MV presenta varios requisitos que, por su formulación, favorecen particularmente a Comitia-MSA, pudiendo limitar la concurrencia.
El PBC demanda que el oferente o el miembro fabricante del consorcio cuente con una antigüedad legal de 10 años desde su constitución y exige experiencia probada en el continente americano, con al menos dos procesos electorales en los últimos diez años, lo que limita la participación de firmas con amplia trayectoria global fuera de la región.
En cuanto a los plazos, el proceso impone una urgencia logística que beneficia a quienes ya tienen capacidad instalada en el país.
En el PBC, el TSJE requiere que el oferente cuente con una existencia en stock de al menos el 20% de la cantidad total de MV a ser arrendadas al momento de presentar la oferta, es decir 3.600 unidades. Estas deben ser entregadas en solo 15 días corridos posteriores a la firma del contrato.
Además, el 16 de octubre, la DNCP observó el pliego, consultando por qué el PBC exige que la oferta sea exclusivamente de equipos propiedad del oferente, recordando que en un llamado anterior de arrendamiento (ID N° 406.171) eso no fue un requisito excluyente.
La DNCP pidió explicaciones sobre por qué un distribuidor o representante autorizado no podría ofrecer el servicio, atendiendo que no es un proceso de adquisición.
Un día después, el 17 de octubre, el TSJE respondió con una nota diciendo que esa cláusula busca evitar intermediarios que obstaculicen la implementación, además que las adjudicaciones pasadas fueron hechas a un oferente fabricante.
Fina exclusión
En la página 26 del PBC establecen que al momento de analizar las ofertas no será considerada la experiencia adquirida con la utilización de tecnología DRE (Direct Record Electronic), un sistema de escaneo de boletines que guarde en sus dispositivos de almacenamiento el resultado de la lectura o interpretación que efectúe de los mismos.
Si bien el requisito se justifica en términos técnicos, este no existía en el llamado anterior de adquisición como motivo de exclusión de la experiencia.
Como si fuera poco la sospecha con ese punto, el TSJE sumó otra cláusula donde el oferente tuvo que haber realizado al menos 4 capacitaciones y logística referentes al uso del sistema ofertado al personal técnico “del Órgano Electoral Contratante y a quienes tuvieron a su cargo la capacitación a electores, para cargos públicos. En caso de Consorcios, al menos uno de los miembros deberá acreditar la experiencia”.
En Paraguay solo se implementaron máquinas de este tipo por parte de MSA y, por tanto, las capacitaciones se hicieron con ellos.
Evitar incendio
En el 2022 se incendió un depósito donde se encontraban MV de MSA. En el incidente fueron afectadas cerca de 8.000 máquinas arrendadas y bajo custodia del TSJE tras la explosión de una batería de litio.
El nuevo pliego introduce una modificación fundamental en la logística, exigiendo que el proveedor se haga cargo de la guarda y custodia de las baterías de las MV en sitios bajo su control en el área metropolitana de Asunción, a no más de veinte (20) kilómetros de la Sede Central del TSJE.
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